El Grupo Focal Empresas y Derechos Humanos hizo un llamado urgente a las candidaturas presidenciales para que adopten medidas concretas que salvaguarden los derechos humanos ante las prácticas abusivas de las empresas, en un contexto marcado por la inseguridad y violaciones sistemáticas.
Por Verónica Rojo/ @veca_rojo
Ciudad de México, 13 de mayo del 2024.- El día de hoy el Grupo Focal, Empresas y Derechos Humanos, una concentración de organizaciones de sociedad civil, que buscan garantizar el respeto, promoción y protección de derechos humanos, emitió un comunicado, en donde pidió a los candidatos a la presidencia de México, se comprometan a apoyar la agenda en materia de Empresas y Derechos Humanos, debido a las múltiples violaciones a derechos humanos, que viven los grupos defensores y las minorías del país.
“La importancia de que las empresas respeten, promuevan los derechos humanos y reparen los daños cuando los causan, es más relevante que nunca. Como en ninguna otra época de la historia, hoy las empresas concentran gran poder económico y político, establecen operaciones transnacionales y poseen activos que, incluso, superan el tamaño de las economías de muchos países.”
En el documento, las organizaciones detallaron que México es uno de los países más inseguros para las personas que defienden el territorio y los derechos humanos, por lo que se busca que el Estado cumpla su obligación de proteger y respetar a las personas y comunidades que son afectadas por el sector empresarial, que a su vez las mismas empresas son influenciadas por el crimen organizado directa o indirectamente.
Así mismo, en el comunicado son señalados los casos en que se han visto involucradas las empresas en distintos sectores a la violación de derechos humanos, como lo es: la agroindustria en donde las malas prácticas lleva a tener una condición de vida precaria, así como en el sector de la minería en donde se producen incumplimientos en cuanto la legislación laboral.
Por otra parte, se mencionan las grandes jornadas laborales, desalojo de territorio a raíz de la construcción de megaproyectos, así como la interferencia de software para espiar e investigar de manera injusta a las personas involucradas en defensa a derechos humanos.
Por lo tanto, exigieron un compromiso para implementar estrategias de protección, reparación y prevención de daños. “Esto es especialmente importante dado que el país cuenta con tratados de libre comercio y debería incorporar estas medidas para abordar las graves violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente y al clima causadas por ciertas empresas que han acumulado poder económico y político sin asumir responsabilidad por los perjuicios causados, los cuales afectan especialmente a las minorías del país, como mujeres, comunidades indígenas y trabajadores migrantes, entre otros.”
En el comunicado se plasman las 10 peticiones de la sociedad civil para las personas candidatas a la presidencia de la República en la que se pide se comprometan, ya que se ha intentado desarrollar y aplicar políticas las cuales no han tenido el apoyo por las personas titulares de derechos.
Algunas de las peticiones son:
- Promover una agenda integral en materia de empresas y derechos humanos con la participación efectiva de las personas titulares de derechos, incluyendo a aquellas trabajadoras, comunidades afectadas y pueblos campesinos, rurales, indígenas, afromexicanos y otros grupos históricamente vulnerados y/o marginalizados;
- Promover un marco regulatorio robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos para mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión;
- Impulsar una ley de responsabilidad jurídica corporativa que incluya, entre otros aspectos, la obligación de realizar procesos de debida diligencia ambiental y en derechos humanos, con la participación de las personas y comunidades afectadas y la sociedad civil.
- Fortalecer los mecanismos y políticas de protección existentes para salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, así como de aquellas afectadas por las actividades empresariales, incluyendo megaproyectos, con la finalidad de eliminar los obstáculos jurídicos para acceder a la justicia, así como proporcionar mecanismos accesibles y efectivos a través de los cuales las víctimas puedan presentar denuncias sobre los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas y, sobre todo, para obtener reparación integral.
- Adoptar y alinear las políticas actuales en materia de medio ambiente y atención a la crisis climática conforme a las estándares internacionales en la materia;
- Integrar los principios de transición energética justa que tomen en cuenta las voces de las personas afectadas;
- Salvaguardar los derechos laborales dentro de las operaciones y las diversas cadenas de suministro, en particular en los sectores de la minería, agroindustria, indumentaria, automotriz, infraestructura, transporte, salud y otras relevantes.
- Asegurarse de que se integre un deber reforzado de protección de los derechos humanos en las Empresas Productivas del Estado y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria;
- Desarrollar mecanismos de sanción significativa a las empresas y actores del sector financiero que incurran en abusos y violaciones a derechos humanos o contribuyan a causarlos.
- Generar una Política de Estado en materia de empresas y derechos humanos que ponga en el centro a las personas afectadas y al medio ambiente.
