Para los pueblos de la Montaña, las sabias y los sabios son los especialistas que saben leer las señales en el cielo. En la noche del 31 de diciembre los principales y mayordomos suben al cerro más alto de la comunidad para esperar el año nuevo. Presentan la ofrenda, queman velas y elevan sus rezos con el incienso para pedir a sus deidades que el nuevo año llegue con nuevos augurios, sobre todo que en el pueblo no haya hambre ni problemas, que haya salud, maíz y paz. Observan en el firmamento las señales que pueden ser buenas o malas. Si en el cielo el relámpago aparece en el oriente es que habrá buen temporal. Si las nubes y el viento son suaves es posible que en la comunidad reine la paz y la tranquilidad.
Las sabias y los sabios comprenden que en el cielo se pinta lo que nos depara el futuro, por eso reciben el año en lo alto de la Montaña, donde se encuentran las fuerzas sagradas del universo. Contrario a la algarabía que se disfruta en las grandes ciudades con los fuegos artificiales que iluminan el cielo para anunciar la llegada del nuevo año, en las comunidades indígenas contemplan el universo para descubrir sus encantos e interpretar sus señales. Para la mayoría de la población son momentos lúdicos, de gritos, campanadas y brindis; para las sabias y los sabios de la Montaña es el tiempo de gran densidad simbólica, donde se ven en el firmamento los acontecimientos más relevantes que sucederán en el año.
En este lugar sagrado tienen que estar las nuevas autoridades con sus bastones de mando para ser presentadas ante sus deidades. Son ungidas y purificadas. Rezan por ellas para que tengan la sabiduría necesaria que les ayude a gobernar de acuerdo con las normas comunitarias. También piden para que tengan fuerza y valor, y para que su palabra se escuche ante el pueblo y las mismas autoridades del estado. Tienen que ser respetuosas de los derechos de la gente, serviciales y honestas. Su obligación es vigilar y proteger a la comunidad, ir siempre al frente ante cualquier peligro o problema. Nunca deben de defraudar a la asamblea que lo eligió y más bien tienen que honrar el nombre de la comunidad. El bastón de mando que reciben es el símbolo del poder del pueblo, que debe estar siempre presente en la comisaría para impartir justicia y regir los destinos de la comunidad.
Este fue el sentido que los sacerdotes indígenas le imprimieron a la ceremonia de entrega del bastón de mando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ungirlo y purificarlo como una autoridad que debe servir al pueblo con rectitud y sencillez. Por primera vez se reconoce a las autoridades indígenas como actores importantes dentro de un país pluricultural, que forman parte de esta lucha por la democracia y de este movimiento social que impulsa un cambio en favor de las mayorías. El zócalo de la ciudad de México se transformó en el centro ceremonial que vino a reivindicar los derechos y la cultura de los pueblos que le han dado identidad y fama internacional a nuestro país.
Para amplios sectores de la sociedad el año que termina nos dejó al borde del abismo, por la grave crisis de derechos humanos y el alto número de personas desaparecidas y desplazadas. La población quedó desquiciada ante la actitud soberbia e insolente de Enrique Peña Nieto, quien prefirió proteger los intereses macrodelincuenciales de la clase política a costa del sufrimiento de las miles de víctimas que dejó su sexenio.
De acuerdo con reportes hemerográficos las cifras que van desde el 2012 hasta el mes de octubre de 2018 son de 121 mil 940 carpetas abiertas por asesinato intencional. Por otra parte, la cifra de 26 mil 376 homicidios dolosos del presente año, superó la que se observó en el 2017. Este río de sangre se desbordó ante la inacción de las autoridades federales y estatales que dejaron crecer al crimen organizado y que en varias regiones del país establecieron alianzas con la delincuencia, como una forma burda de mantener el poder, causando terror. Es muy grave el balance que se tiene en cuanto a las agresiones a periodistas cuya cifra fue de 4 desaparecidos, 41 asesinatos, sumando un total de mil 986 agresiones. En cuanto a personas defensoras se tiene el conteo de 159 asesinadas y 3 mil 380 agresiones durante los primeros cuatro años del sexenio que fenece.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Guerrero se ubica dentro de las tres primeras entidades del país con mayor violencia, después de Colima y Baja California. En 82 municipios del país de más de 20 mil habitantes la tasa de homicidio doloso fue de 50 por cada 100 mil habitantes en este 2018. Quince de los municipios más violentos pertenecen al estado de Guerrero, ubicándose Acapulco como el segundo más violento de la república mexicana.
Algo que sobresale en nuestra entidad es la pugna territorial que ha escalado gravemente por los grupos de la delincuencia organizada que han ido conformando células de autodefensa generando terror al interior de las comunidades. Según información de la secretaria de la Seguridad Pública del Estado (SSPG) existen 23 grupos que se han autodenominado como Policías Comunitarias, y que tienen bajo su control el 64% del territorio guerrerense.
La respuesta que ha dado el nuevo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de crear la Guardia Nacional ante esta avalancha delincuencial, ha generado reacciones contrarias, porque en el fondo se sigue reivindicando el paradigma militar de la seguridad y dejando en segundo término un modelo de seguridad ciudadana centrado en el respeto a los derechos humanos. El debate ha sido muy intenso al grado que obligó a los legisladores a postergar la discusión de esta iniciativa de ley, para el próximo periodo de sesiones.
Para los pueblos indígenas la decisión presidencial de construir el Tren Maya y el corredor transístmico de Tehuantepec, es poner en entredicho los derechos que tienen los pueblos a ser consultados y respetar su libre determinación. Estos megaproyectos que buscan detonar el desarrollo en regiones indígenas han generado desconcierto y malestar entre la población directamente afectada. El gran dilema es cómo promover el desarrollo sin violentar los derechos colectivos y cómo construir grandes obras sin causar mayores daños a los ecosistemas que se encuentran severamente afectados.
El nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación que fue aprobado el pasado viernes 28, tiene una clara intención de ejercer un gasto racional de los recursos públicos y reducir el gasto corriente para invertirlo en infraestructura y capital humano. Lo más novedoso es implementar un mecanismo efectivo para que la entrega de los recursos de programas sociales sea de manera directa a los beneficiarios. Este nuevo modelo busca acabar con el intermediarismo, el clientelaje político y la corrupción. Hay un signo claro de austeridad y un intento por distribuir mejor los recursos transparentando su destino para evitar el agandalle y los moches a lo que están acostumbrados los políticos de mala cepa.
En Guerrero el nuevo año pinta mal por la violencia que se sigue expandiendo en toda la entidad y por la proliferación de grupos de la delincuencia que se han enseñoreado en varias regiones para imponer su ley con las balas. El número de familias desplazadas continúa creciendo ante la disputa por el control territorial. Las nuevas autoridades municipales aún no ejercen el poder a plenitud, no se han podido sentar bien en la silla y parecen estar condicionados por los jefes de la delincuencia, quienes están acostumbrados a compartir el poder o a tener su propia cuota para garantizar una relativa gobernabilidad. La debilidad institucional es lo que sigue caracterizando a esta administración, que continúa esperando que el gobierno federal inyecte recursos y asigne más efectivos militares, para apaciguar por la fuerza a una entidad que enfrenta problemas añejos a causa de la corrupción enraizada en el aparato gubernamental.
Los pueblos indígenas y vastos sectores de la población han luchado para que el nuevo gobierno atienda sus históricas demandas de reducir la brecha de la desigualdad, de abatir el rezago social, de invertir en el campo y reactivar la vida comunitaria, recuperando el patrimonio intangible de los pueblos, materializado en sus prácticas agrícolas y su riqueza cultural. Su bandera está fincada en el respeto a sus derechos territoriales y en el ejercicio de su libre determinación. La apuesta por el cambio no es para poner en bandeja de plata al nuevo gobierno sus bienes naturales que han sabido preservar a lo largo de los siglos, sino para lograr transformar desde abajo las relaciones desiguales y clientelares que han impuesto los partidos políticos para someter a los pueblos como súbditos del poder mestizo.
En la Montaña las sabias y los sabios contemplarán el firmamento para ver cómo pinta este 2019. Quemarán velas por sus nuevas autoridades, presentarán la ofrenda para ahuyentar a los personajes siniestros y voraces que sólo buscan lucrar con el poder. Esperan que el nuevo presidente de la república cumpla con su palabra de atender primero a los pobres y de respetar la decisión de los pueblos. Han sembrado en el tlacolol durante siglos y no han podido cubrir satisfactoriamente sus necesidades básicas, por eso cada año siguen abriendo los surcos para que florezca el maíz y la justicia.
