La Comunidad Indígena de Santa María Tacuro, en Chilchota, Michoacán, denunció actos violentos durante una asamblea para administrar recursos federales del FAISPIAM. Acusan al Ayuntamiento de orquestar un grupo de choque que agredió a funcionarios y comuneros, exigiendo la intervención de los gobiernos estatal y federal.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 24 de abril 2025.- Con “profunda indignación”, la Comunidad Indígena de Santa María Tacuro denunció los hechos violentos ocurridos el 22 de abril de 2025, durante una asamblea general convocada para designar los comités que administrarían el Fondo FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Componente Indígena).
Según el comunicado, emitido por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), un “grupo de choque”, supuestamente organizado por el Ayuntamiento de Chilchota, irrumpió en el auditorio comunal, agrediendo física y verbalmente a servidores públicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a comuneros presentes.
La comunidad responsabiliza directamente a la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, y al secretario del Ayuntamiento, Óscar Pake Gómez, de intentar “dividir a la comunidad” y desviar los recursos federales destinados a obras sociales. Además, señalan que el gobierno local ha ignorado una sentencia judicial (TEEM-JDC-024/2025) que ordena el cambio del jefe de tenencia en la localidad.
Entre los acusados como operadores del conflicto figuran Juan Valentín Elias Calderón, Norberto Calderón Molina y José Refugio Mateo Bautista, entre otros. La comunidad exige seguridad, intervención gubernamental y el cese de la injerencia del Ayuntamiento en sus decisiones colectivas.
Desde Tacuro, se hizo un llamado a otras comunidades, organizaciones, pueblos originarios y a la sociedad en general a no permanecer en silencio ante lo que consideran atropellos motivados por intereses personales que atentan contra la comunalidad.
Finalmente, la comunidad indígena de Santa María Tacuro advirtió que se reserva el derecho de emprender todas las acciones legales y de movilización social necesarias para hacer valer su autonomía, reafirmando que su asamblea general es la máxima autoridad y sus decisiones son inapelables.
