Habitantes de los pueblos originarios de Xochimilco, Azcapotzalco y Milpa Alta, junto con defensores de derechos humanos, se reunieron el miércoles 9 de agosto para discutir la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en las calles de la Ciudad de México.
Por Miranda Chavarria /@mirandachavarria
Este miércoles tuvo lugar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) un foro titulado “Derechos Humanos y Militarización: ¿Son necesarios la Guardia Nacional y el Ejército en la Ciudad de México?” en el cual participó Ernesto López Portillo, miembro del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Durante el evento, López Portillo explicó que en las comunidades indígenas se les concede el derecho de llevar a cabo la evaluación de los mecanismos comunitarios, mientras que a las instituciones les incumbe la responsabilidad de generar dicha evaluación.
López Portillo también destacó la importancia de encontrar un equilibrio en la forma en que la policía ejerce su poder, ya que, si no se controla, puede causar daño, pero con un control adecuado, puede ser una fuerza policial democrática.
Por su parte, Daliri Oropeza, periodista de Pie de Página, compartió su experiencia al cubrir eventos a las afueras de la Ciudad de México. Expresó su preocupación por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional y mencionó haber sido testigo de incidentes donde miembros de la guardia golpearon a civiles. Subrayó que los periodistas independientes a menudo se enteran de noticias en última instancia y enfatizó el papel crucial de los medios en visibilizar problemas que pueden pasar desapercibidos en medios más populares.
Ricardo Retana, residente de Milpa Alta, relató su experiencia al observar camionetas de la Guardia Nacional y el Ejército cerca de una guardería. Explicó que se opusieron a la instalación de un cuartel cerca de un jardín de niños y mencionó que las protestas a menudo enfrentan intimidación por parte del ejército, encontrando protección en los medios independientes.
Laura Montes, habitante de pueblos originarios de Xochimilco, expresó su descontento con la falta de respeto a los derechos constitucionales y señaló que la policía suele amenazar en lugar de ayudar. Destacó que solo cuando se respeten los derechos de los ciudadanos, la Guardia Nacional podrá garantizar la seguridad. También reconoció la existencia de agentes de policía honestos, pero señaló problemas de corrupción y falta de interés en las comunidades indígenas.
Durante su participación, Mariana Cruz, habitante de pueblos originarios de Xochimilco, compartió que ha experimentado amenazas y hostigamiento por parte de militares. Cuestionó la creencia en que la militarización asegura la seguridad, dado que continúan las desapariciones y feminicidios, especialmente entre mujeres jóvenes. Mencionó la pérdida de humedales y recursos acuáticos en su comunidad.
Javier Ortiz, residente de la Unidad Habitacional El Rosario en Azcapotzalco, habló sobre la ubicación de un cuartel de la Guardia Nacional en su vecindario. Cuestionó la justificación de su instalación y señaló que antes de su construcción, la zona era utilizada para actividades comunitarias. Resaltó que el cuartel ahora afecta la movilidad de los estudiantes y hizo un llamado a las autoridades a reconsiderar su estrategia de implementación de la Guardia Nacional.
Neftalí Pérez, defensor del Centro PRODH, resaltó el apoyo brindado a las víctimas y su participación en el cuestionamiento de la construcción de cuarteles. Mencionó la falta de transparencia por parte del gobierno en relación a estas instalaciones y expresó la importancia de la asesoría jurídica proporcionada.
