Consecuencias de una sociedad precarizada. Los casos de la UNAM y la UAM

Por Aline Magaña Zepeda y Mayra I. Terrones Medina

Precarización Laboral

La precarización laboral no es sólo resultado del modo de producción capitalista que se ha exacerbado -desde luego- con el neoliberalismo, sino que es un mandato explícito de este último y a su vez una palanca de acumulación de capital.

Eufemísticamente la precarización laboral es llamada “flexibilidad laboral” y está claramente establecida en todas las reformas laborales incluidas en los llamados “ajustes estructurales” iniciados en la década de 1980, recetados para todo el mundo, pero con especial énfasis en los países de capitalismo dependiente, llamados también eufemísticamente, en desarrollo, en vías de desarrollo o menor desarrollo relativo.

Algo que es importante entender es que la precariedad laboral no se limita al trabajo simple o considerado descalificado, tampoco es exclusivo de las prácticas abusivas de las empresas privadas (toleradas e incluso aceptadas por las leyes), o de la contratación por outsourcing, etc. Está presente también en el trabajo complejo (o considerado calificado) y dentro del sector público e instituciones autónomas. Así, los docentes de los diferentes niveles educativos -tanto en los centros privados como en los públicos- hemos sufrido una creciente precarización de nuestras condiciones laborales, que nos pega a todos (o a la mayoría) pero de manera diferenciada.

Si la precariedad laboral es tan extendida que afecta incluso las actividades profesionales, tiene necesariamente un impacto directo en la sociedad y en ese sentido está vinculada con la precariedad social. Esto es visible no sólo en el deterioro en la reproducción de las condiciones materiales de vida, sino también en el  creciente deterioro de la salud (tanto física como emocional); en la disminución de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y por lo tanto en la formación del conocimiento; y en el impacto que los académicos pueden tener en la esfera social, que se ha visto reducido casi a cero.

Condiciones laborales UNAM -UAM

Las condiciones laborales en las universidades se han ido precarizando desde hace cuatro décadas. No sólo en lo que respecta en la disminución del poder adquisitivo de los salarios, sino en muchos otros aspectos. Y aunque no en todas las instituciones de educación superior pase exactamente lo mismo, el denominador común es efectivamente un deterioro de las condiciones laborales en general.

La precarización laboral tiene sus particularidades, sin embargo, nos centraremos en explicar las dos experiencias que más conocemos: la de Universidad Nacional Autónoma de México y la de la Universidad Autónoma Metropolitana, intentando señalar que los agravios son diferenciados de manera tal que responden a dos grandes objetivos de la transformación en la Educación Superior:

1. Consolidar universidades que respondan sólo a la lógica mercantil del sistema capitalista en su etapa global.
2. Modificar los modelos educativos y, por lo tanto, el planteamiento de enseñanza -aprendizaje de los mismos.

Creemos firmemente que precarizar el trabajo en las universidades públicas tienen un impacto concreto en la sociedades en su conjunto y no sólo en las y los miembros de la comunidad universitaria y sus egresados.

Universidad Nacional Autónoma de México

En todas las universidades hay desigualdad entre los y las integrantes de las plantas docentes, y en caso de la UNAM -la universidad más grande de nuestro país-  ésta es mayúscula, pues las diferencias salariales entre profesores de hora clase y profesores de carrera son gigantescas. Así, unos pocos tienen un ingreso remunerativo y pago justo por hora clase y los más -profesores de asignatura y ayudantes- ganan casi nada  por el mismo tiempo frente a grupo (90-100 pesos la hora). Esto hace no sólo que sea totalmente inaceptable e injusto, sino que el pago no alcance incluso para la subsistencia. Y aunque la mayoría de los profesores de asignatura tienen uno o más trabajos además de sus clases en la UNAM, estamos ante lo que se denomina super explotación de la fuerza trabajo, que se traduce en que los docentes sólo puedan reproducir sus condiciones materiales de existencia de manera atrofiada, ya sea porque no cubren la totalidad de sus necesidades básicas o porque tienen que trabajar en dos o más lugares, sobrepasando las horas laborales recomendadas, ocupando tiempo y dinero en transportarse y con una gran inestabilidad en cuanto a derechos laborales.

En esta situación se encuentran entre 70 y 75 por ciento de la planta, es decir, la mayoría de los profesores y por tanto quienes sostenemos una de las labores sustantivas de la universidad (la docencia) no tenemos un “trabajo decente”, y aquí no estamos haciendo un calificativo moral, sino que estamos utilizando un concepto introducido en 1999 por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, los y las docentes de asignatura y ayudantes realizamos nuestra actividad en condiciones totalmente inaceptables, nuestro trabajo cumple de sobra y con mucha soltura con los requisitos para ser calificado como “trabajo indecente”: no hay estabilidad en el empleo, no tenemos un salario remunerativo, estamos en condiciones de vulnerabilidad y la propia inestabilidad hace que nuestro acceso a prestaciones y beneficios sociales esté reducido.

Por su parte, los profesores e investigadores de tiempo completo, también han visto cómo su labor se precariza a través de la sobre explotación de sus funciones laborales y cómo se deteriora el poder adquisitivo de sus salarios. A esta parte de la planta docente, que es la que tiene mayor estabilidad y mejores condiciones, se le han ido exigiendo cosas para mantener medianamente sus ingresos reales que lejos de contribuir con el propio desarrollo de la planta, la universidad, los y las estudiantes o la sociedad, sólo precariza el trabajo, se traduce en simulaciones académicas, desgasta y atrapa a la universidad en una lógica productivista. Esto es, a partir de la década de 1980, con la creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios bases, se decidió entrar en un sistema meritocrático en donde se hacen puntos para obtener compensaciones monetarias y en donde entrar al Sistema Nacional de Investigadores es parte de esta dinámica para poder incrementar el ingreso. Estas compensaciones no son derechos, son privilegios que se obtienen bajo la lógica de la productividad, como si de una empresa privada se tratase. Así, se renunció a la lucha por un derecho (que es un salario remunerativo) por la obtención de un “privilegio” que en cualquier momento puede ser retirado, que no forma parte de la cotización y que no adquieren quienes vienen atrás.

El otro gran problema está en cómo medir y calificar esta producción. Y ahí es donde muchos y muchas profesores tienen que escoger entre trabajar a un ritmo que incluya casi las 24 horas del día o entrar a una especie de simulación académica en donde se reciclan investigaciones; se hacen publicaciones en donde se incluyen nombres de personas que no participaron, con el acuerdo de que sea recíproco y así aparecer en publicaciones en donde no se participó; se busca conseguir los puntos y esto se convierte en prioridad, sin importar que se descuiden las actividades más importantes, entre ellas, dos de las sustantivas:  la propia docencia y la divulgación.

Estas condiciones repercuten directamente en la formación de profesionistas, en la calidad de la educación, pero también en lo que toda la planta puede regresarle a la sociedad. Es decir, si tenemos a una parte de los profesores con salarios de hambre y, por lo tanto, buscando completar sus ingresos de muchas formas, y la otra parte de los profesores, centrados en hacer puntos para obtener estímulos y becas (dentro y fuera de la universidad) que compensen lo que ha perdido el salario base, el resultado inevitable es el deterioro de la cantidad y calidad en la actividad docente. Esto es, la cantidad de tiempo que se puede dedicar por hora frente a grupo es muy poca, por un lado, ya sea porque se tienen muchos grupos o porque se tiene que atender otros trabajos y, por el otro, porque las actividades que otorgan puntos y por lo tanto se convierten en ingresos adicionales están por fuera de la docencia. Así que en todos los casos la actividad docente se ve afectada y con esto su calidad disminuye.

Además, la vinculación y lo que la universidad le devuelve a la sociedad que la sostiene, es cada vez menor y, en términos generales, es muy poco. Esto es, las investigaciones y estudios no se traducen en mejoras a la sociedad en general o a comunidades en particular, mucho menos la agenda tiene relación directa con las necesidades que la misma sociedad está percibiendo y/o planteando; etc.  Y al mismo tiempo, tenemos a nuestra universidad -como a muchas otras públicas- haciendo investigaciones para empresas y despachos privados, o a investigadores realizando estudios y consultorías, utilizando las instalaciones, los recursos y el nombre de la universidad sin devolverle nada a ésta, porque en nuestra institución no hay lo que se denomina overhead institucional o si lo hay es discrecional y casi insignificante.

En el caso de la UNAM, hay dos cosas que quedan claro; las condiciones laborales se han ido deteriorando en todos los casos, aunque de manera diferenciada, y eso tiene impacto en los y las profesoras, en los y las estudiantes, y en que la universidad impacte cada vez menos en la sociedad a la que se debe.

Universidad Autónoma Metropolitana

En el caso de la UAM, como ya habíamos mencionado, el contexto es distinto, sin embargo, la administración de la universidad ha encontrado otras vías para precarizar la labor docente.

Como otras instituciones, la UAM se enfrentó al escenario ya expuesto desde la década de los ochentas, la inserción del sistema meritocrático fue una discusión que versó también sobre los ingresos de los académicos y el deterioro que existía,  tras un proceso legal que llevó a cabo el sindicato de la universidad, a final quedaron  divididos sus derechos laborales en dos: mediante el Colegio Académico se establece  la regulación del ingreso, la promoción y permanencia, y a través del Contrato Colectivo de Trabajo: las condiciones laborales.

La primera diferencia entre la UNAM y la UAM es la figura académica que existe en el modelo educativo, ya que en esta institución la contratación es como profesor -investigador un modelo que en la década de los setentas pretendía sostener a los académicos en el área de la investigación y así poder tener una labor docente más cercana a la realidad social.

En el caso de la UAM la mayoría de los profesores son definitivos (3,036 en 2019), los profesores temporales (que sería un símil de la figura de profesor de asignatura en la UNAM) llegan a representar del 17% al 20% (590, en 2019 y más de 700 contrataciones en 2020) de la plantilla docente, sin embargo, cubren hasta el 30% de la docencia en licenciaturas.

Esto implica que la docencia en nivel licenciatura recaiga de manera sustancial en las contrataciones temporales. Estos docentes se contratan de mantera temporal a través de un concurso público, curricular, el contrato puede ser hasta tres trimestres lectivos dependiendo de la causal de contratación (existen 11 causales).

Actualmente las contrataciones están restringidas a medios tiempos por un acuerdo unilateral que el Rector en funciones impuso (11/2018). Esto implica menos ingresos para los profesores temporales porque limita el tiempo de contratación de tiempo completo, a medios tiempos.

Invariablemente los temporales tienen una carga docente que sobre pasa el tiempo de dedicación, es decir, la carga de docencia es más intensa para los profesores temporales (1.75 veces más) dejando de lado la investigación y la difusión de la cultura, dos de las tres labores sustantivas de la universidad. Para que un profesor temporal obtenga el ingreso anterior al acuerdo mencionado, necesita cubrir dos medios tiempos, lo que implica atender de 4 a 5 grupos, por ende, su trabajo docente sobre pasa la categoría y el tiempo de dedicación para el que fue contratado y todas las demás funciones que realiza entran en el espacio de la sobre explotación laboral a la que se someten por dos razones, para poder cumplir con todas las funciones que tiene la figura de contratación y para poder contender en los concursos subsecuentes que exigen el perfil de investigador y docente.

Los profesores temporales contratados por tiempo parcial  por las funciones que tiene en el contrato colectivo de trabajo, debería cubrir  hasta 15 horas de trabajo docente a la semana, ya que estaban pensadas para clínicas, sin embargo estas contrataciones se han utilizado en otros departamentos y áreas de la universidad, sometiendo a los docentes a dar  entre 12 y 15 horas de clase frente a grupo, a la semana, dejando de lado la preparación de la clase y las asesorías que también tienen que realizar.

Otra forma de precarizas las condiciones laborales es a través del no pago de las prestaciones devengadas por esta figura de contratación, condicionando al trabajador docente a percibirlas siempre y cuando solicite por escrito, las mismas y el finiquito, si es que ya no tiene continuidad en el contrato y deben de concursar de nuevo. El procedimiento de Recursos implica que se pierde la antigüedad, después de 5 años de haber participado en las labores sustantivas de la universidad, por lo que lo profesores temporales optan por no solicitar las prestaciones devengadas y no se sabe que se hace con ese presupuesto ya asignado en la universidad.

Los trimestres lectivos de la UAM constan de 11 semanas regulares, más las semanas de recuperación (lo que se conoce como extraordinarios), en un análisis que hicimos sobre las contrataciones curriculares en 2020, encontramos que el 97% de las convocatorias solicitan que el candidato tenga estudios de posgrado.

El 99.8 de las convocatorias temporales terminan antes de los exámenes de recuperación, esto implica que los alumnos no son evaluados en exámenes de recuperación por los profesores temporales que impartieron el curso o, en todo caso, los profesores temporales suelen aplicar exámenes de recuperación sin estar contratados y por consiguiente, no les es remunerado este trabajo académico.

En 2020, el 37.61% de las profesoras y profesores fueron contratados por lo menos una semana después de haber iniciado el trimestre y 95 docentes fueron contratados hasta la 5ta. semana después de haber iniciado el trimestre, esto equivale a más de 200 grupos (en toda la UAM) sin atender durante un tercio del trimestre. Las implicaciones para los estudiantes son variadas ya que su trimestre se reduce a 6 semanas regulares.

En suma, los profesores temporales padecen de incertidumbre laboral y vulnerabilidad por la extensión de contratos, dejándolo a la discrecionalidad de la jefatura de departamento y las directrices de la Rectoría General, en muchas ocasiones sin tomar en cuenta la necesidad académica de la extensión del contrato hasta por dos trimestres más. Nos queda claro que está afectación en las condiciones laborales de los profesores temporales impacta a los alumnos de la UAM se ven afectados en su proceso de enseñanza -aprendizaje y los profesores temporales lo hemos expresado en varios espacios a la administración, sigue sin atenderse las condiciones laborales de esta figura de contratación.

También, durante este período de pandemia se insertó el trabajo no regulado con la figura que denominaron “monitor”, misma que se contrapone a la figura de ayudantes de investigación. El monitor recibe una “beca”, lo cual implica que no tenga derechos labores sobre sus funciones.

En el caso de los profesores definitivos se les asigna una serie de estímulos y compensaciones, así como becas que complementan su ingreso, lo que hace que se sobre exijan para poder tener un ingreso más alto y que su vida laboral se extienda por las prestaciones que pierden al jubilarse, además de que hemos evidenciado una clara afectación a su salud en términos generales la sobre carga de trabajo que  llevan a cabo va dando cuenta de la necesidad de contrataciones definitivas que puedan cubrir las tres funciones sustantivas de la universidad, sin generar condiciones de trabajo inhumanas para quienes tienen un contrato con más seguridad laboral.  Los académicos definitivos, además, son los que han asumido el diseño, implementación y desarrollo de los posgrados en la UAM. Como en otras instituciones, hoy día hay más programas de posgrado (108) que de licenciatura (80) atendidos por el mismo número de profesores, lo que implica una carga de trabajo exhaustiva.

Los profesores definitivos que están contratados por medios tiempo, parcial, así como los técnicos académicos no tienen acceso a otros ingresos como la figura de tiempo completo. Aproximadamente  un 40  % de los profesores definitivos son de Tiempo Completo y dentro de ese porcentaje solo unos cuantos se benefician con todas las compensaciones y becas que estimulan su labor académica, generando una suerte de castas entre los mismos académicos y diferenciados, en muchas ocasiones, solo por el tipo de contratación,  la categoría y los cargos burocráticos que han ostentado, no por los grados académicos, la aportación en las labores sustantivas, la docencia o  las publicaciones que puedan producir.

También se ha dejado de contratar de forma definitiva, la figura de profesor asistente, a la que tenían acceso los ayudantes de investigación, licenciatura y posgrado de forma preferencial (en los concursos) como parte de un mecanismo para continuar la renovación de la carrera académica en la UAM. Este derecho prácticamente ha desaparecido.

 Sobre las jubilaciones

Como ya habíamos mencionado, las becas y estímulos como modelo meritocrático, implica que los docentes-investigadores se sobre exijan en sus funciones para poder percibir más allá del salario base que, en los dos últimos años, no ha tenido aumento para los profesores de Tiempo Completo. Percibir un ingreso extra al salario implica que sigan en activo aun habiendo cumplido los requisitos para su jubilación.  El Acuerdo 14/2018, se puso en vigor por el Rector General prometiendo un bono vitalicio a 150 profesores, hace unos días y solo habiendo jubilado con este acuerdo a 50 profesores, se canceló el acuerdo de forma discrecional y unilateralmente, sin una explicación clara de la cancelación del mismo.

Tenemos claro que no existe un plan eficiente de renovación de la carrera académica, lo cual ha impactado la forma de jubilación de los profesores que desean retirarse de la universidad.

También la jubilación tasada en UMAS genera mucha incertidumbre y la administración, so pretexto de la pandemia, no ha logrado explicitar las condiciones de jubilación de los docentes.

Establecer condiciones legales para una jubilación   que puedan  reconocer el trabajo que han aportado durante mas de tres décadas los académicos de la UAM es fundamental , del mismo modo se tendrían que reconocer los años de trabajo y formación que los profesores temporales han aportando en las labores sustantivas de la universidad, estos dos aspectos son el pilar de una renovación académica con condiciones dignas y de respeto al reconocimiento de la labor académica que tanto unos como otros profesores han aportado.

Cosas similares ocurren en las distintas instituciones de educación superior. Sin embargo, como ya dijimos, el común denominador es la creciente precarización. Y esto incluye a las instituciones públicas y privadas.

Consecuencias sociales de la precarización laboral

Así, la precarización laboral docente, incide directamente tanto en el deterioro de la reproducción material de vida de las y los docentes, como en el deterioro de la calidad de la educación. Los académicos que aportan en las universidades públicas deberían de tener condiciones dignas y de seguridad laboral que les permita tener una mayor incidencia en los procesos de enseñanza -aprendizaje, así como en las aportaciones reales que se pueden generar.

Estos dos tipos de precarización;  una a través del trabajo y su sobre explotación, aunque se tenga más certidumbres en cuanto a la contratación y  otra con condiciones de vulnerabilidad que se materializan  a través del salario y sus tipos de contratación, dan cuenta  la creciente desvinculación de las instituciones de educación superior con el conjunto de la sociedad y sobre todo se van reflejando en la atrofia que presentan las actividades sustantivas de las universidades al no estar  dirigidas ni a quienes son su razón de ser, los estudiantes, ni a quién las financian y se deben, la sociedad en su conjunto, es decir, el pueblo de México.

La precarización laboral en los centros donde se forma a los profesionistas de este país, tiene un impacto no sólo en la calidad de la educación, sino también en la pérdida de valor de la fuerza de trabajo calificada, es decir, en la desvalorización de la fuerza de trabajo de todos los profesionistas, y se abandona todo lo que puede traducirse en un beneficio social o en la posibilidad de transformar la sociedad.

La normalización, o en todo caso, la naturalización de las condiciones laborales que la gran mayoría de los mexicanos padecemos, establece de forma sustancial la calidad de vida que toda la sociedad en su conjunto percibe como un estándar de bienestar.

En muchas ocasiones nuestras aspiraciones llegan a querer “lograr tener un contrato formal”, aunque en este trabajo, también existan condiciones de sobre explotación y de exigencias que no cuestionan de forma crítica las consecuencias de la flexibilización laboral.  Creemos que estas líneas, más allá de caracterizar de forma definitiva las consecuencias de la precarización en la sociedad mexicana, pone en la mesa algunos cuestionamientos para poder abrir el debate sobre un punto de partida distinto, que nos lleve a aspirar a transformación de fondo en las condiciones de vida que mantienen los docentes en general y que, a nuestro parecer, podrían impactar las condiciones de vida digna a la que debería aspirar la sociedad mexicana en su conjunto.