Ante la falta de una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, 84 Contralorías Autónomas del Agua de 28 estados se unieron para formar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, con el objetivo de enfrentar la crisis hídrica y las violaciones a los derechos humanos colectivos en México.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
San Luis Potosí, 12 de octubre de 2024.- En la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se constituyó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con la participación de 84 contralorías autónomas del agua provenientes de 28 estados y la Ciudad de México.
Esta nueva institución tiene como objetivo primordial hacer frente a la grave crisis hídrica que afecta al país, las violaciones a los derechos humanos colectivos relacionados con el agua, y la ausencia de una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable a este recurso vital.
La creación de esta contraloría surgió tras el incumplimiento del Congreso de la Unión, que ha fallado en cuatro legislaturas consecutivas en emitir una ley que regule adecuadamente el derecho humano al agua, establecido en el Artículo 4º Constitucional. Los promotores de la iniciativa destacaron la necesidad urgente de una legislación que promueva la seguridad hídrica y fomente la participación ciudadana en la gestión del agua.
Durante el evento, las contralorías señalaron que la falta de una Ley General de Aguas ha profundizado los problemas asociados al sobreconcesionamiento y la explotación excesiva de acuíferos y ríos. Esto ha derivado en el agotamiento de manantiales, pozos y otros recursos hídricos, afectando tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos. Según la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, la gestión deficiente ha exacerbado la vulnerabilidad de las poblaciones ante los efectos del cambio climático, lo que ha resultado en una violación sistemática de los derechos colectivos al agua.
La nueva Contraloría se comprometió a trabajar en beneficio de las comunidades afectadas, promoviendo el diálogo y la colaboración con otros procesos organizativos. Asimismo, se plantearon estrategias para detener las dinámicas de despojo y sobreconcesión que están secando los recursos naturales.
Uno de los compromisos centrales de la Contraloría Nacional es impulsar la creación de un Acuerdo Nacional para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, con el fin de corregir los problemas generados por el actual sistema de concesiones.
Entre las propuestas destacadas se incluyen:
- Limitar las concesiones para usos no esenciales, estableciendo vigencias mínimas para proyectos potencialmente dañinos y máximas para los relacionados con el derecho humano al agua.
- Reconocer los derechos hídricos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en consonancia con las reformas al Artículo 2º Constitucional.
- Proteger los sistemas comunitarios que actualmente gestionan el agua en contextos de discriminación y hostilidad por parte de los gobiernos locales.
Con estas iniciativas, se buscará garantizar un uso más eficiente y equitativo del agua en todo el país, además de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Otro eje fundamental de la Contraloría es el compromiso con el saneamiento y la restauración de importantes cuencas hídricas en México, como los ríos Lerma-Santiago, Tula-Salado y Atoyac, gravemente afectados por la contaminación industrial y la falta de regulación ambiental.
En este contexto, la Contraloría ofreció su apoyo al Ejecutivo Federal, presentando análisis científicos en colaboración con los Pronaces del Conahcyt sobre las sustancias tóxicas presentes en estas aguas. También se propusieron acciones como la eliminación de contaminantes en su origen, la reorganización de las cadenas de suministro para evitar prácticas productivas contaminantes, y la promoción de una agricultura libre de tóxicos.
Además, la Contraloría se comprometió a trabajar y proponer iniciativas que ayuden a mejorar la eficiencia en el uso del agua en los Distritos de Riego y combatir la corrupción en la administración del agua.
La Contraloría Nacional también denunció la alta vulnerabilidad de regiones como la Península de Yucatán, donde la sobreextracción de acuíferos está generando intrusión salina, poniendo en riesgo los suministros de agua dulce. Destacó, además, la necesidad de mejorar la gestión del agua en áreas urbanas, señalando que, según datos del INEGI, más del 50% del agua extraída para uso público urbano se pierde por fugas.
Durante el evento, se informó que estados como San Luis Potosí y Jalisco ya están organizándose para crear sus contralorías estatales y sumarse a la Nacional. Asimismo, se mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está informada sobre la constitución de la Contraloría Nacional y de las contralorías estatales, por lo que los participantes “confían en que a partir de esta constitución, la presidenta conocerá mejor el movimiento”.
“La lucha continúa. Es una estructuración que viene desde abajo hacia arriba, se teje desde los territorios, desde los pueblos”, expresaron.
La Contraloría también manifestó su postura sobre la propuesta de relocalización de empresas (nearshoring) planteada por la presidenta, señalando.
“Si se pretende atraer más empresas extranjeras al país, es fundamental reformar el marco jurídico e institucional vigente. La llegada de estas empresas es inminente, pero si no contamos con una legislación adecuada sobre el agua que limite el acaparamiento y la contaminación, seguiremos enfrentando graves problemas ambientales. Regiones enteras ya sufren por la contaminación de cuerpos de agua, y los seres vivos, incluidos los humanos, están muriendo de enfermedades como el cáncer y la insuficiencia renal. No podemos emocionarnos con el nearshoring hasta que no haya una política estricta de regulación para las empresas”.