La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su preocupación por las violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información a raíz de las medidas establecidas por los Estados de la región en el marco de la respuesta a la pandemia.
La CIDH y la Relatoría Especial instaron a los Estados a garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, y hacen un energético llamado a garantizar el rol trascendental que cumple la prensa en contextos de pandemia, de acuerdo con la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos emitida por la Comisión Interamericana.
“La CIDH y su Relatoría Especial han identificado restricciones en el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas sobre la pandemia; también algunos Estados han recurrido a figuras del derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información calificadas como falsas o incitaciones al pánico respecto a la salud pública. Por otra parte, con el legítimo interés de detener la dispersión de la pandemia, en algunos Estados se ha recurrido a medidas de ciberpatrullaje digital, lo que podría afectar las libertades fundamentales”, describieron.
De acuerdo con la información recibida por el organismo, al comienzo de la pandemia varios Estados, tales como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y México, habrían suspendido o extendido los plazos de tramitación de procedimientos administrativos de forma general y/o vinculados con solicitudes de información pública. En el caso de Nicaragua la situación reportada sobre la provisión de información relacionada con la pandemia reviste la mayor gravedad, debido a la falta de información clara y desagregada sobre las personas sometidas a test, las personas infectadas y las que han visto agravado su estado de salud. La CIDH saludó que en varios Estados los órganos de control interno han revertido algunas de las medidas iniciales más restrictivas sobre el acceso a la información.
Por otra parte, en varios países se reportaron dificultades en el acceso de periodistas a conferencias de prensa oficiales y en la posibilidad de que éstos realicen preguntas de forma presencial o virtual, sin que se establezca de forma clara el criterio para la selección de los medios que pueden realizarlas. Esto podría socavar el rol de la prensa y el derecho a la información de las personas sobre la pandemia, así como la rendición de cuentas del gobierno, consideró el organismo.
“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Al respecto, la Resolución de la CIDH sobre Pandemia y Derechos Humanos resaltó la importancia del acceso a la información en el contexto actual por causa del Covid-19 y el rol crucial que cumplen los periodistas en el marco de la emergencia de salud pública, al informar sobre puntos críticos y monitorear las acciones del gobierno. Los Estados tienen la obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y proporcionales para proteger la salud. Incluso las preguntas formuladas en espacios virtuales deben ser respondidas por las autoridades con debida diligencia, debido a que la prensa es el principal canal para allegar cuestionamientos o interrogantes a las autoridades ante la situación de emergencia y aislamiento de la población”, abundó.
La CIDH y su Relatoría Especial recordaron de forma especial que, con base en la obligación de transparencia activa, los Estados deben proporcionar proactivamente información veraz y fidedigna sobre todos los aspectos de interés público relacionados con la pandemia, en formatos abiertos y de manera accesible a todos.
Por otro lado, la CIDH y su Relatoría Especial observaron con extrema preocupación la utilización del derecho penal contra periodistas o personas que publican información relacionada con la pandemia. Al respecto, en su declaración conjunta sobre Covid-19, los relatores para libertad de expresión indicaron que los Estados no deberían establecer tipos penales para sancionar la difusión de desinformación o de noticias falsas dado que la introducción de tipos penales podría retrotraer a la región a una lógica de criminalizar expresiones sobre funcionarios o asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información.
Por último, la CIDH y la Relatoría Especial advirtieron sobre el uso de figuras penales vagas y ambiguas que no cumplen con los requisitos exigidos por el derecho internacional para criminalizar el trabajo periodístico, la defensa de los derechos humanos y las expresiones de crítica a través de redes sociales. Informaron que en varios países se han llevado a cabo campañas de estigmatización en contra de periodistas.
“En el marco de la pandemia, la CIDH y la Relatoría Especial recuerdan a los Estados que toda suspensión, restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 debe cumplir con el principio de legalidad, ser necesaria en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcional para atender la finalidad legítima de proteger la salud pública”, finalizaron.
