CDMX, 2 de junio 2018.- El miércoles de esta semana compartieron su testimonio en la Universidad Iberoamericana algunas mujeres migrantes que fueron puestas en reclusión de manera injusta por autoridades mexicanas.
El evento se inscribe en un trabajo más amplio de varios años. En diciembre de 2013, en el marco de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que cada año ingresa a territorio mexicano, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami) tuvo conocimiento de la situación de un grupo de mujeres migrantes recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil no. 4, en Tapachula, Chiapas, acusadas de trata de personas y otros delitos afines. En septiembre de 2014, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Prami elaboró el informe “Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México. Así, a principios de 2016 se acordó presentar al grupo de mujeres en cuestión la propuesta de realizar un informe que sirviera de plataforma para la denuncia e incidencia (Informe del Prami 2017).
Algunos datos de referencia que están en el informe apuntan que en 2015, cuando comenzó la documentación para su elaboración, había un total de 96 mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social no. 4 Femenil (cerss) de Tapachula; de ellas 23 estaban acusadas del delito de trata de personas, 24% de la población total. De ese porcentaje, 70% de las mujeres inculpadas por el delito de trata venían de Centroamérica: 50% hondureñas, 17% salvadoreñas y 5% guatemaltecas.
La primera en compartir su testimonio fue Guadalupe Pérez Rodríguez de nacionalidad guatemalteca y perteneciente al grupo indígena Mam. Ella tenía más de 20 años viviendo en Motozintla Chiapas, y el 22 de enero de 2014, elementos de la Policía Estatal Preventiva ingresaron al bar donde trabajaba y preguntaron por la persona encargada y, como no se encontraba, pidieron a Guadalupe que los acompañara; también se llevaron a una de sus hijas, la amiga de su hija y algunas clientas, solamente a las mujeres, a ningún hombre de los que estaban en el bar. A Guadalupe –apunta el informe– no le dijeron el motivo de su detención y mucho menos le presentaron una orden de aprehensión; ella no sabía que estaba siendo detenida y acudió con los policías pensando que lo único que querían era entrevistarla. “Le presentaron documentos para que los firmara, pero no se enteró de su contenido porque no sabía leer ni escribir, únicamente imprimió su huella digital pues los agentes del Ministerio Público le ordenaron hacerlo. En su acusación, el Ministerio Público afirmó que la detención de Guadalupe fue en flagrancia por la comisión del delito de trata de personas (en su modalidad de explotación sexual), así como corrupción de menores. Al no hablar bien el idioma español, e incluso tener una cultura distinta, no terminaba de entender la razón por la que estaba ahí”.
Santa Rosales fue la otra mujer que compartió su testimonio. Originaria de Honduras, hace más de 10 años salió de su país dejando a dos hijas y un bebé al cuidado de su madre. Intentó trasladarse a EU pero fue deportada en dos ocasiones. Permaneció en México, obtuvo un empleo, mejoraron sus ingresos, con lo que pudo traer a su hija menor desde Honduras.
La madrugada del 19 de junio de 2013, cuando un grupo de hombres encapuchados de la Policía Estatal Fronteriza irrumpió en el hogar de Santa sin identificarse y sin una orden de cateo, se la llevaron detenida con la justificación de que la llevarían a rendir una declaración y después la regresarían a su casa. […] Fue detenida a golpes junto a su pareja, su hermano y su prima. Al llegar a la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, Santa fue presionada para acusar a otras personas de que vendía droga, y también la interrogaron para que dijera cuántas mujeres trabajaban en su negocio. Al ver que ni ella ni su pareja ni su familia respondían lo que querían, le entregaron hojas en blanco y obligaron a firmarlas. Todos se oponían a hacerlo y fue cuando comenzaron a torturarla: le sacaron el aire y le echaron agua carbonatada con chile en la cara. Santa firmó sólo una hoja y después le quemaron las manos con cigarros. La historia de Santa es muy dura ya que perdió a los dos padres estando encerrada, y su hija menor a la que trajo de Honduras, fue objeto de abuso sexual también durante su encierro.
La otra mujer que platicó su historia es Rosario Noriega Soto, originaria de Chiapas. En la mesa se mencionó que aunque Rosario no era centroamericana, la detuvieron igual porque “checaba en el perfil” de personas que había que detener para presentar culpables, lo que habla del racismo que mueve a las autoridades en aquella zona. El informe apunta que a Rosario la detuvieron en octubre del 2013 junto a su esposo, se los llevaron mediante engaños a los dos a la Estación Migratoria Siglo XXI, ahí le hicieron preguntas sobre cuántos años tenía, de qué vivía. Ella preguntó para qué querían esa información y le dijeron que se había ganado un “auto”; hacían bromas, le iban a dar “un auto de formal prisión”. La obligaron a firmar un documento tapándole con una mano el texto. De acuerdo con el informe, los oficiales le decían que tenía que firmar y aceptar haber cometido un delito, argumentando que esto era una “tarea de procedimiento”. Le dijeron que pensara en sus hijos, y le aseguraron que la firma de ese documento representaba la posibilidad de volverlos a ver o no. La sentencia que se le impuso fue de veinte años de prisión.
Rosario como las otras mujeres lograron su libertad a través de la Mesa de Reconciliación, una figura orientada al apoyo de presos políticos. En el Informe Criminalización de Mujeres Migrantes (que puede descargarse en el link: http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2017/12/MujeresMigrantes_nov17-1.pdf) se detalla el “afrontamiento” que cada una de las mujeres realizó para poder resistir y exigir su liberación.
Después de los testimonios, se mencionó que hay un patrón de causas estructurales que existen en la región y que tienen que ver con lo que está sucediendo. En primer lugar, que la política migratoria actual entiende a ésta como un problema de seguridad nacional y, a los migrantes, como a personas ilegales que pueden ser separadas de sus derechos. En la Frontera Sur se implementó un programa contra la trata de personas, pero por lo que se ha visto con las detenciones arbitrarias es que, ni se atiende correctamente el problema de trata, y sí hay una criminalización de mujeres migrantes.
