En recientes fechas la noticia de que la ciudad de Monterrey, la segunda más grande del país, enfrenta la escasez extrema de agua ha resonado en todo México por sus implicaciones y la nota ha cundido hasta los titulares internacionales.
Por Juan Yves Palomar / @juanyvespalomar
El portal de la BBC, el periódico Washington Post, la radiodifusora Deutsche Welle y diario El País han reportado como debido a una pésima gestión pública de los recursos uno de los centros económicos más importantes del país se ha quedado sin agua que proveer por varias semanas para sus más de 5 millones de habitantes.
Teniendo en cuenta el panorama cuesta arriba, es necesario recordar que el acceso al agua potable y saneamiento es uno de los derechos humanos fundamentales establecidos a nivel constitucional a partir de la reforma de 2011, con la cual, se modificó el artículo 4 para seguir la directriz de la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC), la cual señala en su parte introductoria, que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud humana. Es por ello que la grave crisis que enfrenta esta ciudad es algo que debe de poner en alerta al resto del país.
¿Cómo llegó Monterrey a este escenario? La respuesta principal simple y llanamente es la irresponsabilidad de diferentes gobiernos estatales y federales en la administración de la política de gestión del agua en Nuevo León. Samuel García le intenta echar la culpa a la sequía, al aumento de la población y a la incompetencia de gobiernos pasados, – como ya lo hizo en 2021 Enrique Alfaro- pero la verdad es que su actual gobierno ya tenía desde hace mucho tiempo información de que fuertes sequías podían y pueden seguir presentándose en esta región; ni que decir de los datos prospectivos de crecimiento poblacional, así como de los volúmenes comprometidos para diferentes periodos. De esta manera quien iba a poner “nuevo” a Nuevo León, se está encargando más bien de dejarlo más desértico, seco y deshidratado.
¿Será coincidencia que en Jalisco y Nuevo León estados gobernados por movimiento ciudadano se haya tenido que racionalizar y cortar el suministro de agua? ¿Es una casualidad que las industrias en estas dos entidades federativas tanto refresqueras, de la construcción, tequileras o cementeras sigan teniendo toda el agua necesaria para seguir normalmente con su producción masiva, pese a los cortes de agua para uso habitacional? ¿Por qué los legisladores del movimiento ciudadano no han hecho nada para modificar el esquema de concesiones que prevalece en el país? ¿Por qué Morena ocupando Palacio Nacional y teniendo el control legislativo no ha tomado la iniciativa para revisar la política en materia de agua a nivel de toda la federación?
En Jalisco es bien conocido que industriales del acero, dueños y ex dueños de tequileras y varias constructoras de desarrollo inmobiliarios como fraccionamientos, centros comerciales, torres y zonas residenciales exclusivas, son los principales financiadores de las campañas del hoy gobernador Enrique Alfaro y del alcalde de Guadalajara Pablo Lemus. Muy parecido es el círculo de empresarios que han impulsado las campañas de Samuel García, primero al senado y después a la gubernatura. ¿Y qué necesidad en común tienen todas estas empresas para generar sus ventas y dividendos? Así es, grandes volúmenes de agua.
Para agregar datos que detallan el contexto de este escenario, en Jalisco existen 59 acuíferos de los cuales se puede extraer agua para distintos fines. En su conjunto, estos acuíferos tienen una capacidad de regeneración anual estimada en 2,352’600,000 m3/2, sin embargo, en Jalisco hay 2,601’996,305 m3 de agua subterránea concesionada, por lo que se tiene un déficit aproximado de 249’396,305 m3 anuales; el 86.3% del agua es extraída por concesionarios privados y el 13.7% por públicos, según datos de la propia CONAGUA retomados por el IIEG.
¿Qué quiere decir lo anterior? En pocas palabras, en Jalisco tenemos menos agua de la que necesitamos para las actividades autorizadas por el gobierno y son las mismas autoridades quienes comprometen anualmente volúmenes superiores a los que la naturaleza puede recargar en los acuíferos durante el mismo periodo de tiempo. Este patrón de comportamiento es claramente insustentable e insostenible. Representa una cadena de decisiones que beneficia solamente a unos cuantos afectando la calidad de vida de millones de personas.
Esta situación o un escenario incluso mucho más adverso es muy posible que esté sucediendo también en el caso de la ciudad de Monterrey sin embargo la información disponible al respecto es limitada, ya que solo se ha informado del número de concesiones para extracción de agua, nombre de los concesionarios, volumen permitido pero omitiendo dar a conocer la capacidad de metros cúbicos del acuífero Área Metropolitana de Monterrey, como lo refiere esta nota del pasado 11 de julio.
Por su parte, greenpeace apunta que “actualmente en Nuevo León operan industrias en cuyas operaciones extraen más de 10 millones de metros cúbicos de agua, como es el caso de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ahora filial de la holandesa Heineken con 6,980,000 metros cúbicos, concesiones para la elaboración de productos de Coca-Cola con 2,080,111 metros cúbicos y Topo Chico con 1,210,000 metros cúbicos. El consumo de la industria refresquera podría satisfacer las necesidades de abastecimiento de aproximadamente 1 millón y medio de personas, es decir, la quinta parte de la población de Nuevo León, por lo que en un panorama de incertidumbre de disponibilidad de agua ante el cambio climático, el esquema de concesiones de aguas nacionales debería ser replanteado”.
Es importante hacer notar que para el debate sobre la gestión integral del agua la participación de la sociedad es fundamental y, a la par la apertura de la prensa (TV, radio, periódicos y plataformas digitales) para los diferentes puntos de vista se vuelve clave, ya que como se ha demostrado a través de los años, cuando solo el interés de un grupo de particulares se toma en cuenta para quienes publican las noticias, hacen las leyes y toman las decisiones, entonces la mayoría de la población (desde los obreros hasta los periodistas, pasando por estudiantes, mamás solteras, empresarios o líderes sociales), comienza a ver como sus derechos se convierten en letra muerta. Involucrarse para luchar contra la crisis climática no es solo una decisión personal que tiene una gran dimensión política, es hacerte cargo de tu calidad de vida e incluso de tu seguridad y la de tus seres queridos en los años por venir.
Porque no es normal que en un mismo año durante el estiaje millones de personas se queden sin agua, y unos cuantos meses después durante el temporal de lluvia miles de personas vivan con miedo y en riesgo por inundaciones. Es hora de romper con la corrupción, los privilegios y una larga cadena de malas decisiones en la materia. Para lograr esto una de los esfuerzos que existe desde hace años es una propuesta ciudadana a nivel federal cristalizada en la Iniciativa de Agua para Todos. En ella se contemplan mecanismos para corregir abusos y malos aprovechamientos de las concesiones así como todo un andamiaje legal para proteger el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, así como el derecho a un medio ambiente sano.
Es momento de que tanto en Nuevo León como en Jalisco se retome la iniciativa de Agua para Todos, para que apliquen sus directrices en la legislación estatal y municipal. Ojalá vengan años de intenso debate, en donde podamos construir una masa crítica con la fuerza necesaria para impulsar los cambios urgentes que la realidad nos demanda, de lo contrario, lo que sucede en Monterrey, Guadalajara lo volverá a sufrir, y en otras ciudades de México se repetirá con cada vez mayor frecuencia.
