Ciudad de México, 18 de diciembre de 2020. Ignorando las obligaciones internacionales de México en derechos humanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó las solicitudes de consulta pública del proyecto “Rehabilitación y estabilización de la zona de playa frente al desarrollo turístico Costa Palmas”, ubicado en La Ribera, Municipio de Los Cabos, aproximadamente 20 kilómetros al norte del Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La solicitud de consulta pública fue presentada el pasado 14 de septiembre por habitantes de la comunidad, ante la preocupación de posibles afectaciones ambientales que esta obra podría causar a la región.
“Obstaculizar la participación y negar la apertura de consulta pública, se contrapone a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual establece el derecho de participación en proyectos, actividades y otras autorizaciones ambientales”, señaló Andrea Cerami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
“Es preocupante la tendencia mostrada por la Semarnat durante los últimos años al cerrar los espacios para la participación de la comunidad local en los procesos de evaluación de proyectos turísticos que pretenden instalarse en la región de Cabo del Este, donde se sitúa Cabo Pulmo, uno de los ecosistemas de mayor riqueza ambiental en el Golfo de California y por el que hemos trabajado para su protección”, advirtió Judith Castro, presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario de Cabo Pulmo.
Las y los defensores recordaron que la consulta pública en materia ambiental es un derecho de cualquier persona y un espacio valioso para fomentar el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones que afectan a la comunidad; señalaron que el artículo 7 del Acuerdo de Escazú establece que el Estado mexicano debe asegurar y garantizar los mecanismos para la participación del público en las decisiones ambientales, además de que la negativa de la Semarnat reduce la posibilidad de contar con todos los elementos necesarios para evaluar adecuadamente los proyectos.
El proyecto “Costa Palmas”, antes Cabo Riviera, se sometió a evaluación ante la Semarnat, de forma fragmentada desde su inicio en 2007, por lo que la autoridad no contempló los impactos ambientales de manera conjunta al emitir la autorización al proyecto. Estos impactos no considerados obligaron a los promoventes a solicitar autorización en 2018 para modificar el cauce de los arroyos Santiago y Los Pocitos, sobre el cual fue construido el proyecto, y ahora pretende realizar obras para recuperar la playa erosionada frente al complejo turístico, situación ocasionada por las propias instalaciones.
“Hacemos un llamado a la Semarnat para que deje de autorizar proyectos sin considerar sus impactos ambientales de manera acumulada, vulnerando el derecho constitucional de las comunidades a un medio ambiente sano. Exigimos que facilite el acceso a la información y a la participación pública a los habitantes de Cabo del Este, que cumpla con lo señalado en la legislación nacional y las obligaciones adquiridas al ratificar el Acuerdo de Escazú”, llamaron las y los ambientalistas.
