20 instituciones relacionadas con este caso respondieron que los documentos ya no existen
Por Elizabeth Rivera Avelar / @ElyRiveraAvelar
La memoria y los archivos de las explosiones del 22 de abril de 1992 están desapareciendo, de forma volátil, como se esfumó también la justicia y una verdad satisfactoria para los ciudadanos en torno a esta tragedia.
La mayoría de los archivos legales, administrativos, médicos, técnicos e históricos, en torno a este caso, no fueron resguardados de forma adecuada y diversas instituciones reportan que “no existen”.
En una investigación efectuada por mecanismos de transparencia, se requirió información pública del caso a 23 dependencias e instituciones municipales, estatales y federales, que estuvieron involucradas de alguna manera con este tema, 20 sujetos obligados respondieron que la información es inexistente. Ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se presentaron 33 solicitudes, ya que en algunos casos se requirió más de una información a un mismo destinatario.
Las dependencias que deberían resguardar documentos sobre este caso, como es el Gobierno del Estado de Jalisco -que también atendió el asunto- respondió a la solicitud “como negativa por inexistencia”.
“Los desaparecieron (los archivos), pues era muy conveniente para ellos que no quedara evidencia de lo que pasó”, es la conclusión de la presidenta de la asociación 22 de abril en Guadalajara, Lilia Ruiz Chávez, al conocer los resultados de esta investigación periodística.
Expediente de la investigación
La Fiscalía Estatal (FE), el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también contestaron que no tienen información al respecto, esto a pesar de que fueron las autoridades responsables de llevar a cabo en su momento las investigaciones y los juicios legales, de las carpetas de investigación 1236/92 y 1170/92, la primera en lo local y la segunda en lo federal.
Autopsias
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) omitió entregar la información de las autopsias o de los registros realizados por decesos ocurridos por causa de las explosiones. Aunque la respuesta a la petición de información fue “afirmativa”, en los hechos evadió entregar la información solicitada, aduciendo que ya está publicada, contestó que “la información relativa a las estadísticas derivadas de la realización de las necropsias puede consultarse en la página de Internet del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se invita a la parte solicitante a consultar la página oficial del sujeto obligado”, para consultar las estadísticas; pero en el portal no está la información requerida.
Pese a que la existencia de la información solicitada está documentada en un escrito oficial del IJCF, ya que en la solicitud con número de folio 00328909 que se encuentra en la Plataforma de Transparencia, el entonces director general del Servicio Médico Forense, Mario Rivas Souza (hoy finado), respondió de forma afirmativa a una petición de información, y reveló la existencia de dicho registro: “De las 184 autopsias registradas (por causa de las explosiones) aparecieron cuatro personas de apellidos Ramírez”.
Pemex
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) argumentaron que no tienen ni información, ni documentos referentes a este tema, pese a que este último realizó el dictamen técnico en el que se basó la explicación oficial de la causa de la tragedia y aún y cuando Pemex efectuó la donación de 100 mil millones de pesos de `aportación’ para las labores de reconstrucción de la zona afectada y que también donó 40 millones de pesos al Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS), del cual actualmente se entrega una pensión mensual a 54 lesionados. Del último dinero entregado, 10 millones de pesos fueron otorgados en el año de 2001 y 30 millones de pesos se pagaron en el año 2003.
La donación inicial de Pemex quedó asentada en varias notas periodísticas de la época, como la de Raúl Llanos y Roberto Zamarripa, en el diario la Jornada de 1992. De ello también se siguió dando cuenta en publicaciones de 20 años después como la de Sergio René De Dios Corona, en la revista Expansión en la que se menciona lo siguiente: “El gobierno federal y Pemex aportaron 331 millones de pesos que administró un patronato para pagar indemnizaciones y ayudas a 10,000 personas”.
Sin embargo, Petróleos Mexicanos no reconoció tener información de los documentos relacionados con dichas donaciones económicas, ni para la reconstrucción de la zona dañada, ni para el apoyo a los lesionados de la tragedia.
En fuentes académicas también se asentaron las acciones de Pemex en este caso, las investigadoras Cristina Padilla y Rossana Reguillo, apuntaron en la publicación de 1993 titulada “Quién nos Hubiera dicho, Guadalajara, 22 de abril”, que “el estudio del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es descalificado por expertos”, y agregaron que técnicos del Distrito Federal rechazan la versión de PEMEX y del Instituto Mexicano del Petróleo sobre la «fuga posterior a las explosiones».
La nota periodística titulada “Gasolina de La Nogalera, el material que explotó el 22-A”, de Agustín del Castillo, de Milenio en 2018, hace mención de las declaraciones del ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, sobre la intervención del Instituto Mexicano del Petróleo en la investigación de la determinación de las causas de dicha explosión, el texto también refiere que el exfuncionario, declaró que “los simulacros realizados con apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo y otras instituciones especializadas comprobaron el mecanismo. La explosión avanzó porque todo estaba lleno de gas y oxígeno. Fue una distancia de ocho kilómetros de destrucción”.
Archivos que se conservan
Las únicas instituciones que respondieron que sí tenían información sobre este tópico fueron el Congreso del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Archivo General de la Nación (AGN).
El archivo más importante y mejor conservado sobre este caso es el que resguarda el Poder Legislativo de Jalisco, pues tiene declaraciones de los funcionarios involucrados, peritajes, comunicaciones oficiales y reportes, entre otros documentos. El acervo incluye las 32 mil 500 hojas de las averiguaciones previas 1236/92 y 1170/92, que están archivadas en 64 y siete tomos respectivamente, almacenados en 13 cajas en el área de Biblioteca, Archivo y Editorial de la institución.
Cabe destacar que esa documentación se encuentra en este lugar porque los diputados locales crearon -el 16 de marzo de 1995- la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Hechos del 22 de abril (Jalisco, 1995), que ahora ya no está activa.
Entrevistado al respecto, el secretario general del Poder Legislativo y responsable del Sistema Interinstitucional de Archivos del Congreso del Estado, José Tomás Figueroa Padilla, aseguró que el Congreso del Estado tiene bien resguardado ese archivo y están trabajando para mejorar las condiciones de conservación.
“A mí no me toca opinar respecto de otras instituciones, a mí lo que me toca es cuidar y resguardar los documentos que se tienen aquí en el Congreso. La ventaja es que aquí hay un documento de los temas del 22 abril y lo podemos poner a disposición de cualquier autoridad, en caso de requerirlo, y aquí lo conservamos, de eso se trata de cuidar los archivos históricos, tenemos una responsabilidad y nosotros no hemos renunciado a ella, sobre todo hemos incrementado las medidas de seguridad para cuidar todos y cada uno de los archivos que se generan aquí en este Poder”, expresó.
El funcionario del legislativo informó que tienen el plan de mudar todo el archivo a un nuevo espacio de 450 metros cuadrados en el edificio Juárez, al cual se mandarán todos los documentos, tanto los del Archivo Histórico como los de concentración. Aseguró que el lugar tendrá las condiciones óptimas para la preservación de los archivos como el de la humedad controlada, sistema contra incendios y un área para exponer los documentos históricos más antiguos. Agregó que 38 personas que están en el área tomaron una capacitación con el Colegio del Estado de Jalisco, para detectar y diferenciar los archivos históricos, de los de concentración y de los de desecho.
La actual diputada local por el partido, Hagamos, Mara Robles Villaseñor, quien en 1992 ocupaba el cargo de secretaria general de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), y quien participó en el rescate de las víctimas minutos después de ocurrida la tragedia, calificó como una falta muy grave que estén desapareciendo los archivos sobre este asunto.
“Es urgente que el Congreso del Estado, preserve, digitalice y difunda toda la información que tenga de ese terrible acto de negligencia criminal, que se cometió contra los habitantes de Guadalajara, específicamente de la zona de Analco. Me parece muy grave que estén desapareciendo los archivos, porque eso te habla de qué se quiere encubrir un crimen de Estado. Como todos sabemos lo que estaba ocurriendo en Gante era público y notorio, los vecinos habían denunciado el olor a gasolina y el gobierno no hizo nada, y todos sabemos que esa explosión fue por gasolina y que hasta la fecha Pemex no ha reconocido su responsabilidad, si es que la tiene, de tal manera me parece muy grave que se quiera borrar la memoria histórica, jurídica, y sobre todo de las vidas de las personas”, declaró.
Villaseñor indicó que era una obligación de las instituciones preservar los archivos, que están desapareciendo deliberadamente, o por indolencia o por negligencia. Dijo que en el caso no hay perdón y olvido y tiene que hacerse justicia y va a ser imposible hacer justicia si los archivos desaparecen.
Por su parte, el Archivo General de la Nación (AGN), reportó que tiene dos tipos de documentos, unos fueron enviados ahí por la Oficina de la Presidencia y corresponden a las administraciones de los expresidentes, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; la mayoría son peticiones de lesionados y colectivos para solicitar el apoyo de la federación; los otros documentos son de diarios que se encuentran en la hemeroteca de la institución.
En una visita realizada el pasado 25 de agosto de 2023, a las instalaciones del AGN, ubicadas en la antigua Penitenciaría de México, conocida popularmente como «Palacio Negro de Lecumberri», ubicado en la ciudad de México se constató que los documentos que se resguardan en este sitio sobre este tópico son acervos hemerográficos, en concreto de los diarios: El Nacional, Excélsior y la Jornada, en general los diarios están bien conservados y contienen notas interesantes sobre el suceso. Las publicaciones únicamente están disponibles en papel, ya que no están digitalizadas.
En tanto que, el Ayuntamiento de Guadalajara, en concreto el área del Archivo Municipal, respondió que únicamente cuenta con las actas de 23 sesiones de pleno del ayuntamiento efectuadas en 1992, y nada más, pese a que varias dependencias de esa administración tuvieron actuación y responsabilidad directa en la catástrofe. En una revisión física directa a ese archivo, efectuada el 18 de septiembre de 2023, se confirmó la existencia de los documentos del cabildo tapatío y además se descubrió que también se encuentran los reportes de los Partes de Novedades del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, en los que se registraron las quejas de los ciudadanos del olor a gasolina en la zona de Analco previo a la explosión y de las atenciones que brindó esa institución posterior al estallido.
En el desarrollo de esta investigación se averiguó que en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco «Juan José Arreola» también existen archivos Hemerográficos del 22 de abril, de los diarios: El Informador, El Occidental, llamó la atención que no están los periódicos del diario Siglo XXI, que se destacó en su obertura de estos hechos. También resalta que no está el ejemplar del 23 de abril de 1992 del diario El Informador.
El director de la Biblioteca, José Trinidad Padilla López, habló de la relevancia de la conservación de los archivos históricos, apuntó que el resguardar la memoria histórica es muy importante porque permite a los ciudadanos tener acceso en cualquier momento a las fuentes de información que construyen la memoria colectiva de las sociedades.
“Todas las instituciones que resguardan información están obligadas a tener protocolos para el resguardo, para la conservación y para la protección de determinados materiales, que constituyen fuentes de información sobre distintos tópicos”, asentó.
Padilla López añadió que probablemente cuando los archivos están saturados, mandan la información al Archivo Muerto, que no ocasiones no está consultable de manera inmediata, pero sí está conservado físicamente en algún espacio.
Curiosamente, Trinidad Padilla, fue quien presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados cuando fue legislador federal, en la que planteó que los hechos de esta tragedia se agregaran a los Libros de Texto Gratuitos (LTG), pero ese legislativo federal determinó que no era competente para ordenarlo a los encargados de edición de ese material educativo.
“Hechos de relevancia histórica, que son muy significativos en la memoria colectiva de las comunidades, de las sociedades no deben desaparecer de esa memoria histórica. Normalmente lo que ocurre es que después de cierto tiempo se van ritualizando en la memoria y va quedando relegada a un acto conmemorativo, una vez al año en la fecha relevante en la que ocurrió el hecho lamentable, como fue esta explosión de muchas calles de la ciudad de Guadalajara, debido a lo que se configura claramente como una negligencia de las instituciones que no fueron sumamente cuidadosas. Fue un hecho muy lacerante para la sociedad jalisciense particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara, y no debería quedar en el olvido”, expresó.
Destacó que la importancia de recordar este hecho no es meramente simbólica, porque las causas que provocaron esa explosión pueden repetirse en cualquier momento, ya que en los años 80’ en la colonia Independencia de Guadalajara explotaron de la misma manera que en 1992.
Leyes de archivos
Las leyes estatal y federal en materia de resguardo de archivos establecen las obligaciones de las autoridades responsables de los acervos, sobre el resguardo y conservación de estos documentos, la (Ley General de Archivos, 2018) fija que los sujetos obligados son:
Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público (Ley General de Archivos, 2018).
El artículo 5 de la misma Ley indica que los sujetos obligados a que se refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios: conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad.
A nivel estatal, (Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 2019), se determinó que la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización de los archivos es obligatorio para cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo del Estado, fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos y sindicatos que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el estado de Jalisco y las personas físicas y jurídicas.
La norma local, en el artículo 67, ordena que “los sujetos obligados adopten las medidas y procedimientos que garanticen la conservación de la información, independientemente del soporte documental en que se encuentre”. Ante los hechos y de acuerdo con lo que establecen las normas, las dependencias municipales, estatales y federales están violando las leyes en materia de manejo de archivos públicos.
Acciones de memoria
Los afectados por las explosiones denunciaron que existe una tendencia que busca que el tema pase al olvido. Las representantes de los lesionados, Lilia Ruiz y Sonia Solórzano Romo, indicaron que las autoridades, sobre todo del gobierno del estado de Jalisco, han mostrado interés en que el tema se diluya, para deslindarse de la responsabilidad en estos hechos.
Como ejercicio para resguardar la memoria sobre el caso, los afectados han insistido que este hecho se agregue en los Libros de Texto Gratuitos, como parte de la historia de Jalisco. En esa petición ha insistido la representante de la asociación 22 de abril en Guadalajara, Lilia Ruiz Chávez.
“Precisamente eso es lo que quieren hacer: que se borre, que se olvide y nosotros consideramos lo contrario, que no se debe olvidar, que se debe seguir recordando por la importancia que tiene para Jalisco y para el país, creemos que es importantísimo que no se olvide”, aseveró la mujer que perdió la pierna izquierda en las explosiones, debido a que el camión de la ruta 333 en el que viajaba ese día, se partió en dos.
Lilia Ruiz expresó que a pesar de que el partido que gobierna actualmente Jalisco es diferente al que tenía el poder durante las explosiones, Movimiento Ciudadano (MC) parece más interesado, incluso que el PRI, que gobernaba en ese entonces, “en que esto ya se borre”
En concordancia con la demanda de los sobrevivientes, la iniciativa para incluir el episodio en los libros de texto fue presentada el 24 de abril de 2012, por parte del diputado federal José Trinidad Padilla López, curiosamente del PRI, (Gaceta Parlamentaria, 2012), finalmente la propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados.
En México la instancia responsable de editar y actualizar los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) es la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto luego de que, desde 1980, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), únicamente quedó como responsable de imprimir y distribuir los textos.
Sobre este aspecto el titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes declaró que sí ve viable que el caso se incluya en el libro de historia local llamado “Jalisco, la entidad donde vivo”, que se entrega a los estudiantes de tercer grado de primaria.
“Me parece que es un acontecimiento histórico. Es un hecho que incluso quienes vivimos aquí en Jalisco no olvidamos. Creo que los que estábamos en la ciudad ese día podemos acordarnos exactamente dónde estábamos, cómo nos agobió no saber de nuestros familiares, cómo llegando al trabajo te podías encontrar alguna persona que lamentablemente había perdido a alguien, como en un caso particular de familiares que trabajaban en la zona de la calle de 5 de febrero, que uno se preocupó por ellos”, relató.
Otra iniciativa que buscó “justicia y verdad para el 22 de abril» fue la que planteó la creación de la Comisión Especial de carácter temporal para Conmemorar, Concluir y Conocer la Verdad Histórica del Caso 22 de Abril en Guadalajara, promovida por Sonia Solórzano Romo, lesionada en estos hechos y representante de la asociación Grupo Unido de Personas con Discapacidad.
“Seguimos luchando para que no se repita, porque no queremos que nadie viva lo que vivimos, lo que olimos, es algo que duele”, anotó Sonia Solórzano.
La propuesta fue retomada por diputados locales de Morena, la cual fue rechazada -el 10 de marzo de 2022- por legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), PAN, PRI y PVEM. (Herrera, 2022)
Cuestionado acerca de la inquietud ciudadana y social de que se cree la Comisión de la Verdad, el exgobernador interino de Jalisco, Carlos Rivera -quien asumió el cargo tras la salida y renuncia forzosa del entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri- del 1 de mayo de 1992 y hasta el 28 de febrero de 1995, negó que existan elementos de verdad que se deban revisar.
“No sé de qué verdad, ni quiénes la hayan pedido, yo no, yo tuve contacto, atendí hasta el último día a todos, me reunía con ellos. Yo no he visto nada después … A mi gobierno le tocaron las dos tragedias más difíciles y complicadas de enfrentar del siglo pasado en Jalisco: la tragedia del 22 de abril y la muerte del Cardenal Posadas, y las enfrentamos, siento que bien”, contestó.
Ahora el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad manifestó que espera que la justicia en este tema se logre por medio de una reforma -que se aprobó el 24 de marzo de 2023- en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Jalisco, en la que se propone una reforma en la Constitución estatal con la que se reconocería el derecho a la verdad y el Estado tendría que garantizar el acceso a esta a las víctimas.
Experto en Archivos
El jefe de la Unidad de Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Guillermo Salvador Ortega Vázquez, manifestó que siempre que el Estado ve que estos archivos demeritan al propio Estado -porque nos damos cuenta de que el Estado fue el que incumplió con las garantías de seguridad para este caso- decide esconder, olvidar y destruir estos documentos.
“La respuesta por parte del Estado y sus instituciones es una respuesta común, que favorece el olvido, tratar de enterrar lo más posible el recuerdo de este hecho. Por el contrario, los movimientos sociales, el periodismo, la investigación, lo que intenta favorecer es el derecho a la memoria, el derecho al recuerdo y los archivos son pieza sustancial de este derecho a la memoria. No es que en el documento como tal esté la memoria, pero al tener acceso activamos ese recuerdo, esa memoria y más con este tipo de archivos, donde no solamente es el tema de la investigación académica, periodística, sino que detrás del acceso se busca el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño”, declaró.
El experto en manejo de archivos, quien tiene una maestría y estudia un doctorado en la materia, advirtió que en los casos de cuando se ven afectados los derechos humanos de las personas, los archivos no pueden ser destruidos o eliminados, deben de ser preservados y abiertos, así lo han enunciado el Consejo Internacional de Archivos, a nivel mundial y diferentes organismos judiciales.
Sobrevivientes piden que no los olviden
“Eran las 10:00 de la mañana cuando explotó, fui a comprar tortillas, me cayó una cortina metálica en la espalda y unas vigas en las manos, las muchachas de la tortillería estaban enterradas, ahí a mi lado estaba un niño muerto, también estaba una señora embarazada decapitada, había mucha gente muerta y enterrada, te volteabas para un lado y para otro y veías gente sangrando, sin un brazo, sin una pierna. Había camiones que estaban enterrados, edificios caídos, carros y tráileres en las azoteas. Estuvo muy feo, era demasiado fuerte por tanto muerto que veía uno. Fue un trauma que me tardé como dos o tres años en recuperar. He ido con el gobierno para ver si me apoyan, yo estoy en espera de entrar al fideicomiso, pero no me escuchan”, comentó
Manuel Ignacio Camacho Briones, quien no fue integrado al fideicomiso, pese a que por las explosiones quedó parapléjico.
“En la noche no puedo dormir, porque soy muy dada a deprimirme. Yo fui con los del gobierno y ahí les grité que mejor me hubiera muerto si me iban a tratar así. Ahora pienso que no es posible que nos quieran quitar lo poco que nos dan, o lo mucho, porque a algunos se les hace mucho, pero yo la verdad no sé cuánto es, si es poco o mucho, pero no me parece justo, porque esto fue cosa del gobierno, el gobierno fue culpable también, no nada más Pemex, no nada más fulano o perengano, que entre ellos se echan la culpa, nosotros no les dijimos echen la gasolina. Que no se olviden de que nosotros somos también humanos, como los mismos que están queriendo quitarnos los apoyos, yo les deseo que nunca les pase lo que nos pasó, porque también les puede pasar a ellos”, manifestó María Concepción Lugo Diéguez, quien vivía en la calle de 20 de noviembre #641 y ahí quedó enterrada en posición de loto, bajo una barda de 2 metros, lo que le ocasionó lesiones en la columna y que ahora viva con una vara de Luque en la columna.
“Se quieren deshacer de nosotros, ya no nos quieren, ya no nada, antes para todo salía el caso en la televisión, hablaban del 22 de abril y ahora nada. Que no se olviden de nosotros, que nos sigan apoyando, somos seres humanos y queremos que nos ayuden, no tienen por qué negarnos las cosas”, señaló Micaela Morales Gutiérrez, ella tenía 45 años cuando quedó enterrada en la calle, frente a la casa de su mamá, vivienda ubicada en Gante #529, la cual se vino abajo completamente. Micaela ahora tiene 76 años y dice que ella a diferencia de las autoridades y de la sociedad “lo recuerda todo”.
De lo liminal y el duelo social
En la calle de Violeta, Pablo Humberto Barajas Cárdenas se encontró al cartero que usualmente le entregaba el correo, pero esta vez no le dio la correspondencia, en su lugar le dejó la escena más impresionante y trágica que ha visto en su vida; Pablo Humberto primero observó, junto con cinco compañeros de su trabajo ubicado en la colonia Quinta Velarde, cómo el cartero estaba enterrado a la mitad en la calle, luego vio cómo sacaron el cuerpo, pero de éste sólo salió la mitad, del torso hacia arriba, del resto no quedó nada, la parte inferior del trabajador de Correos de México quedó totalmente desintegrada.
El cartero es una de las más de 700 víctimas mortales que los testigos dicen que ocasionaron las explosiones del 22 de abril, ocurridas en Guadalajara en el año de 1992, hechos para los que el Estado mexicano ha negado, hasta la fecha, la memoria, la justicia y la verdad.
Para el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Juan S. Larrosa Fuentes -cuyas líneas de investigación son los sistemas de comunicación y prácticas sociales, y los procesos e instituciones políticas- el caso continúa abierto y existe la necesidad de que se consiga verdad, justicia y memoria.
“Esta tragedia y crisis dejó daños en términos sociales y culturales muy grandes, es una herida que no termina por sanar y que quedan cicatrices muy evidentes. Entonces en términos históricos es muy importante para la sociedad, en este caso que habita la ciudad y en general para el país, que pueda haber un cierre, en sentido de que en primer lugar, se conozca la verdad, que se puedan deslindar las responsabilidades que hubo, que se puedan reparar los daños a las víctimas y a partir de eso pueda empezar a transitar hacia un espacio de perdón y de duelo en términos sociales, que permita no cerrar el caso, porque es algo que siempre va a quedar ahí, que va a hacer una evidencia muy palpable de alguna de las cosas más negativas de nuestra sociedad, pero sí que empiece a haber un cierre en términos sociales”, opinó el doctor en Medios y Comunicación.
El investigador entrevistado, sostiene que mientras no haya verdad y justicia sobre este caso, siempre será un tema recurrente, liminal, por ello consideró que es importante que puedan hacerse trabajos jurídicos, políticos, culturales y de verdad, para que la sociedad agraviada pase ahora a la etapa del duelo social.
Contextualización
El 22 de abril de 1992 estallaron 11 kilómetros de calles del sector Reforma de Guadalajara, la destrucción provocó la muerte de más de 200 personas, heridas y secuelas a más de mil 400 personas, además de daños materiales calculados en entre 7 y 8 millones de dólares, por la afectación a casas, comercios, edificios públicos y vehículos (Arias De La Mora, 2017).
En la lista oficial que dio a conocer la Secretaría de Salud Jalisco (SEJ) el 6 de mayo de 1992, consideró que hubo 202 decesos a raíz de las explosiones. Cabe recordar que las cifras de personas que murieron por las explosiones fueron cambiantes. La mayoría de los diarios publicados en esa época citaron que fueron 210 las víctimas trágicas. «En tanto, el entonces procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, aseguró el 28 de noviembre de 1992 que fueron 206 los fallecidos.» (“’Esconden’ muertes del 22 de abril. | NTR Guadalajara”).
La Secretaría de Salud reportó el 6 de mayo de 1992 que hubo mil 407 heridos, de los cuales 845 fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 163 en la Cruz Roja, 100 en el hospital de Belén, 99 en la Cruz Verde, 88 en el Hospital Civil, 86 en el Hospital Militar y 26 en el General de Occidente.
El tema de las explosiones del 22 de abril periodísticamente hablando nunca ha muerto, ya que tras la tragedia vinieron las exigencias para la atención de los heridos y lesionados, para la reconstrucción de la zona impactada y la indemnización de los afectados. Aún continúan las demandas de los sobrevivientes de estos hechos.
Las explosiones del 22 de abril no solo provocaron una herida y una cicatriz en la ciudad de Guadalajara, que aún se puede apreciar al recorrer las vialidades afectadas, ya que el cambio de la arquitectura es evidente. La tragedia también provocó el nacimiento de una sociedad más crítica y que los medios de comunicación -que en ese entonces tenían en su mayoría una política editorial totalmente oficialista- se vieran obligados a escuchar las voces de los ciudadanos afectados; también jugaron un papel determinante para exigir a las autoridades, la atención de los lesionados, la indemnización por los daños y la reconstrucción de la zona.
Las repercusiones políticas de las explosiones se suscitaron en los días siguientes con el derrocamiento de las autoridades municipales y del gobierno del estado, además hubo una crisis política que derivó en la caída del partido en el gobierno, ya que el PRI perdió las elecciones estatales del año 1995.
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Este reportaje de investigación se reproduce con autorización de su autora y publicó originalmente en: