Un reporte internacional señaló que las desapariciones de mujeres y niñas en México aumentan debido a la negligencia y corrupción de autoridades locales.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 3 de abril de 2025.- México enfrenta una alarmante crisis de desapariciones de mujeres y niñas, una problemática que crece en medio de la indiferencia, negligencia y complicidad de las autoridades, según denunció un reciente informe presentado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).
“Entre el silencio, la connivencia y la corrupción de las autoridades locales con el crimen organizado, el aumento alarmante de las desapariciones de mujeres y niñas sigue siendo mayormente invisibilizado”, señala el reporte.
Estados como Guerrero y el Estado de México son considerados focos rojos de esta crisis. En Guerrero, las desapariciones ocurren en un contexto doble: la violencia asociada al narcotráfico y una violencia estructural de género. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) indican que, hasta febrero de 2025, del total de 121,808 personas desaparecidas, 27,819 son mujeres, lo que representa alrededor del 23%.
En el Estado de México, según el informe, aproximadamente el 40% de las personas desaparecidas son mujeres y niñas. Ciudades como Acapulco, Ecatepec y Toluca figuran entre las más peligrosas, donde grupos criminales actúan con total impunidad, aprovechándose de la pobreza y el caos urbano para operar.
El estudio subraya también la “preocupante normalización” de la violencia contra mujeres y niñas, derivada de una cultura patriarcal profundamente arraigada. “El 70% de las mujeres mexicanas ha sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, y más de 17,000 feminicidios fueron registrados entre 2018 y 2022”, puntualiza el documento.
Asimismo, el informe denuncia el uso sistemático de redes sociales y plataformas digitales para ejercer manipulación emocional y captar víctimas, principalmente adolescentes y jóvenes en situación vulnerable. Muchos de estos casos son erróneamente clasificados por las autoridades como desapariciones voluntarias, lo que retrasa o impide la activación inmediata de protocolos de búsqueda.
También se alerta sobre el uso de la desaparición forzada como forma de represalia contra defensoras de derechos humanos, como en el caso de Sandra Domínguez Martínez, desaparecida en Oaxaca en octubre de 2024.
El informe señala que la pandemia de COVID-19 agravó esta crisis al profundizar la vulnerabilidad económica de muchas mujeres y niñas, quienes fueron víctimas de engaños laborales que derivaron en explotación sexual y laboral forzada.
Las investigaciones oficiales, denuncia el documento, presentan graves deficiencias: “las familias enfrentan obstáculos administrativos ilegales, como la exigencia de esperar hasta 72 horas para denunciar”, lo cual impide búsquedas efectivas en las primeras horas, que son cruciales.
Además, se destaca que la complicidad entre autoridades y grupos criminales obstaculiza las investigaciones. Fiscales e investigadores suelen revictimizar a las familias, desviando la atención del delito y enfocándose en prejuicios sobre la víctima o su entorno.
Ante la inacción institucional, familiares han conformado colectivos de búsqueda independientes que trabajan bajo constante amenaza y en condiciones de alto riesgo, evidenciando la falta de una política efectiva de protección por parte del Estado.
Finalmente, el informe recomienda reforzar los procedimientos de investigación con perspectiva de género, mejorar la coordinación interinstitucional, implementar auditorías que combatan la corrupción y garantizar atención integral y protección efectiva tanto para las víctimas como para sus familiares.
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Puedes consultar el Informe aquí DESAPARICIONES DE MUJERES Y NIÑAS EN MÉXICO