Por Max González Reyes
El ejercicio del poder es una posición que inevitablemente desgasta. A la luz de los resultados sexenales, los últimos presidentes -aunque prácticamente aplica a todos- el último año de su administración acusan un desgaste prominente. Si hacemos un recuento, los últimos meses del presidente Vicente Fox fueron complicados por la relación que mantuvo con la prensa. La exposición diaria y los constantes errores del entonces mandatario llevaron a que el último tramo de su administración fuera demasiado caótica y llena de críticas. Cosa similar pasó con el presidente Felipe Calderón. Más allá de que su sexenio desde el principio estuvo marcado por una dudosa elección en 2006, la cual fue resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, por el poco margen entre el primero y segundo lugar; la administración calderonista estuvo caracterizada por el combate al crimen organizado, lo cual le trajo una serie de críticas que se acumularon al final de su gobierno. Ese desgaste llevó a que tuviera que entregar el cargo al candidato de un partido destinito al suyo, el PRI.
Tal era el desgaste del presidente Calderón que después de la elección de 2012, cuando ya agonizaba su mandato, mandó una iniciativa de reforma constitucional para cambiar el nombre oficial del país, Estados Unidos Mexicanos, por simplemente México. Cuando llegó la propuesta a la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva la recibió y la turnó a las comisiones respectivas, donde hasta la fecha guarda del “sueño de los justos” o como comúnmente se dice fue mandada a la “congeladora legislativa” porque de ahí no ha pasado. Para ese momento lo que importaba era el nuevo gobierno que iniciaba el 1 de diciembre de 2012.
Por su parte el sexenio de Peña Nieto fue criticado desde un principio. El antecedente del PRI en el poder no auguraba grandes sorpresas. Aunado a ello, un candidato armado desde la imagen no presumía grandes cualidades. Pero en el camino, con sus pifias y errores se acentuó más la crítica a su persona y mandato. Todavía hoy se recuerdan varios videos de sus errores al hablar, al colocar la banda presidencial, los disgustos con su entonces esposa, etc. El caso es que también al final de su gobierno Peña Nieto era más una figura de risa que de presidente. Y todo ello era reportado por los medios de comunicación.
La llegada del nuevo gobierno en 2018 prefiguraba un cambio, porque con ese argumento llegó el candidato Andrés Manuel López Obrador. La euforia de ser el candidato más votado en la historia del país le daba un atractivo extra que los demás presidentes no tuvieron. Él lo supo desde un principio, tan es así que es la fecha que cada que puede lo recuerda. Pero el presidente López Obrador se colocó en un pedestal que ningún otro presidente lo había hecho. Si con otros mandatarios era necesario buscar en sus acciones, en discursos o en actos oficiales, con este presidente no hay que ir a buscar esas pifias. El presidente con todo lo que dice en sus mañaneras es más que suficiente para analizar su pensamiento.
Al principio de su gobierno las conferencias mañaneras eran todo un acto digno de seguir; eran una nueva forma de comunicación que permitían interactuar con el presidente, pues anteriormente no existía diálogo directo con el mandatario, para eso existían instancias como la vocería de la Presidencia y las oficinas de comunicación de diversas dependencias. La conferencia mañanera era una innovación en la comunicación. Pero la constante exposición diaria la mayoría de las veces de más de tres horas, llevó a un desgaste antes de tiempo. Además, mostró el verdadero rostro del mandatario. Su desprestigio a las instituciones y a todo lo que no sea lo que él piensa es expuesto todas las mañanas por el propio mandatario. No hay que buscar en otras fuentes, la fuente es el mismo presidente, no requiere interpretación porque el presidente lo dice fuerte y claro. Y muchas veces lo repite al grado de que para estas alturas de su sexenio a nadie sorprende lo que dice porque ya se sabe lo que va a decir.
Todo eso lo demostró en la exposición que tuvo el presidente López Obrador al hacer público el número telefónico de la jefa de la oficina del The New York Times en México, Natalie Kitroeff, derivado de una investigación periodística que ese medio estaba realizando sobre supuestos nexos del narcotráfico con el actual gobierno.
El presidente argumentó que “por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política”. Se equivoca, porque todos, absolutamente todos, debemos estar sometidos a las leyes. Puede ser que éstas no funcionen o que estén incompletas, pero mientras estén vigentes se tienen que cumplir. Hay que recordar que al asumir el cargo, el mandatario juró como lo dice nuestra Carta Magna “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. Ese acto, más allá de se protocolario, es un juramento que como funcionario público está obligado a cumplir. Si bien, el hecho de que los votos le den legitimidad, eso no lo excluye de cumplir las leyes. Que el presidente tenga sus propios intereses, que sea representante del Estado mexicano, y que haya sido el más votado, no lo excluye de subordinarse al orden legal. Pero para él está primero su persona.
No por el hecho de tener un cargo que lo distingue de los demás lo excluye de cumplir las leyes. Aun más, él como representante es el primero que debe poner el ejemplo. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de su mandato, el presidente ha ido mostrando la verdadera cara que dejó entrever desde hace algunos años. Esta expresión derivada del conflicto con la periodista recuerda aquella de “al diablo las instituciones”, que en su momento le trajo tantas críticas. López Obrador se envuelve en el respaldo que le dan los votos para atacar a cualquiera que no piense como él. Pero la legitimidad también está envuelta de legalidad, y las dos hacen la cara de una misma moneda; una no puede ir sin la otra.
