Por Redacción/@Somoselmedio
El pasado lunes la abogada y activista por los derechos laborales Susana Prieto Terrazas fue detenida en Tamaulipas luego de que un juez liberara una orden de aprehensión en su contra acusada de “delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”, según confirmaron autoridades judiciales.
La detención fue transmitida en vivo por la propia abogada y más tarde confirmada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Prieto Terrazas es una abogada considera clave en el movimiento obrero de Matamoros que inició protestas en enero de 2019 e incluyó un paro de laborales de los trabajadores de la industria manufacturera y maquiladora del estado, quienes lograron un aumento salarial y un bono único como parte de sus exigencias.
A través de un comunicado, más de 180 organizaciones exigieron la liberación “inmediata e incondicional de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales y asesora legal del Movimiento Obrero 20/32 y del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS)”. Y consideraron la detención como una “clara muestra de represión a su lucha y una frontal afrenta a la clase trabajadora”.
Además, señalaron que en los últimos días, “Susana acompañó a trabajadoras y trabajadores para denunciar las negligencias, malos tratos y descompromiso de las empresas, principalmente de la industria maquiladora, en el contexto por la pandemia de COVID-19, que ha costado, en algunos casos, incluso la vida de las y los trabajadores”.
Por otro lado, el sábado la activista guerrerense e integrante del Colectivo Zapata Vive, Kenia Hernández fue detenida en el Estado de México, junto a tres menores de edad que viajaban con ella cerca de la caseta Hortaliza-Valle de Bravo.
Organizaciones defensoras de derechos humanos explicaron que los cuatro “fueron detenidos arbitrariamente la noche de este sábado 6 de junio alrededor de las 22:20 horas por parte de elementos de la policía ministerial y policías estatales del Estado de México, sin mostrar ninguna orden de detención de por medio”.
Durante la detención “trabajadores de la caseta y dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México los rodearon e impidieron el paso. Minutos más tarde arribaron alrededor de seis patrullas más y realizaron la detención”. También acusaron que “fueron bajados con forcejeos del coche en que se transportaba la defensora. Ella fue encañonada y los compañeros, golpeados. A todos les quitaron sus pertenencias y no fueron informados del motivo de su detención”.
A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía mexiquense confirmó la detención y señaló que la detención obedeció a una “probable participación en el delito de robo con violencia”, por lo que fue trasladada al penal de Ecatepec.
“Derivado de información proporcionada por la Guardia Nacional, la detenida fue ubicada en la caseta de cobro conocida como La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en donde se encontraba con alrededor de 40 personas provenientes del Estado de Morelos, quienes al parecer pretendían cerrar la circulación vehicular y pedir cuotas a los automovilistas que por ahí transitaban”, estableció en la ficha oficial.
La Fiscalía también señaló que “desde hace varios meses se inició un seguimiento a Kenia Inés N, y se pudo establecer que al parecer lideraba a un grupo de personas provenientes del Estado de Morelos quienes bloqueaban la circulación de casetas de peaje en esa entidad y en territorio mexiquense; para permitir el paso exigían dinero a los automovilistas”.
Ante este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a través de un comunicado que se garantice “el debido proceso con motivo de la detención realizada por elementos de la policía del Estado de México a la activista”.
