El pasado miércoles 29 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto difundió en sus spots publicitarios, que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron incinerados en el basurero de Cocula. Se trata de una postura contraria a lo que demostraron científicamente tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Es muy lamentable que al final de su sexenio demuestre su talante como defensor a ultranza de quienes fabricaron la “verdad histórica” a base de torturas, como lo demostró el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) denominado “doble injusticia”.
También tira por la borda de manera irrespetuosa el trabajo riguroso y sumamente cuidadoso del GIEI, que presentó en sus dos informes, teniendo como base los mismos expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR). Por encima de todo este esfuerzo que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del GIEI y del Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) durante más de tres años, el presidente Enrique Peña Nieto opta por asumir una postura política que busca reivindicar la investigación realizada por la PGR, y con ello, cerrar el caso Ayotzinapa ignorando las recomendaciones de los organismos internacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH y la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Este último demostró que en la investigación “…hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de quienes presentaron los recursos de amparo –varios acusados de participar en las desapariciones– fueron “obtenidas por medio de tortura”.
Señala también que la investigación fue parcial, ya que “en general estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos” y, por tanto, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”. Por lo mismo, determina la creación de una Comisión de Investigación que deberá ser conformada por los padres de familia, los representantes de las víctimas, la CNDH y por oficiales ministeriales federales.
Haciendo tabula rasa de todos estos avances el presidente Enrique Peña Nieto salió en cadena nacional para desacreditar el trabajo realizado por las instancias nacionales e internacionales arriba mencionadas.
Es muy significativa su posición porque nos muestra de cuerpo entero su trato insolente con las madres y padres de familia y sus representantes. A continuación, trascribimos el mensaje emitido en cadena nacional:
“Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de los 43 jóvenes, un 26 de septiembre de 2014. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero… que había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerardos por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario, incluso, abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los integrantes de esta Comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría.
“En lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de reparar. Son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración… es en el ámbito de la seguridad. No obstante que, en los primeros años de esta administración, hubo una reducción notable y significativa en los índices de la criminalidad, lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte en los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
Para las madres y padres de familia, todo este tiempo que entablaron comunicación con los funcionarios de la PGR fue una mera simulación y una burda maniobra para sobrellevar el caso en la misma CIDH. No sólo son capaces de fabricar verdades sin sustento científico, sino de actuar con doblez y manejar sistemáticamente un doble discurso. La autenticidad de sus dichos y hechos queda bajo sospecha. Lo más cruel es que las madres y padres de familia no sólo han soportado el dolor por la desaparición de sus hijos, sino que tuvieron que enfrentar el escarnio público, cuando los funcionarios de la PGR exhibían imágenes y falsos testimonios de cómo sus hijos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Las autoridades se empeñaron en criminalizar a los estudiantes, en presentarlos como parte de la delincuencia y mostrar su final trágico. A pesar de esta embestida del gobierno orientada a desmovilizar y acallar sus gritos de justicia, las madres y padres de familia tuvieron la fortaleza suficiente para superar estos agravios y mantenerse unidos, para dar la pelea en todo el proceso de esta investigación amañada.
Este anuncio del presidente Peña Nieto es más bien el preludio del derrumbe de su “verdad histórica”. Es el intento fallido en el último trecho de su administración que busca cerrar una herida que se desangra a lo largo y ancho del país. El caso Ayotzinapa fue el quiebre de su administración porque evidenció la grave crisis de derechos humanos y mostró el verdadero rostro de un país secuestrado por políticos corruptos, coludidos con el crimen organizado. Con este caso se ha descubierto el pacto de impunidad que mantienen los grupos de poder dentro del sistema de seguridad y justicia con las organizaciones delincuenciales enquistadas dentro del aparato gubernamental.
La lucha de las madres y padres de familia se encuentra en un momento crucial, porque han planteado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que asuma el compromiso de crear la Comisión Especial de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa. Esta implica que la verdad histórica confeccionada por el gobierno federal y defendida a ultranza por el presidente Peña Nieto, tiene que ser desechada, porque no se sostiene desde el punto de vista jurídico, fáctico y científico. Además, se ha logrado demostrar por parte del GIEI, de la Oficina de la ONU en México y del propio Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH un gran número de hechos que han sido esclarecidos con métodos científicos y que tiran por la borda la “verdad histórica”.
Lo fundamental para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos es dar con el paradero de sus hijos, es su lucha inclaudicable por la verdad, por saber quiénes perpetraron desde el poder estas acciones delincuenciales.
El punto de arranque está en la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito que ordena la creación de una Comisión especial de Investigación para la Justicia y la Verdad. Esta demanda central es el principal tema que las madres y padres plantearán al presidente electo el 26 de septiembre dentro del marco del cuarto aniversario de la desaparición de sus 43 hijos.
En palabras de Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, “con su defensa de la ‘verdad histórica’ del caso Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto asume personalmente la responsabilidad de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas… una vez que el nuevo gobierno avance y pueda demostrar que hubo omisiones, fallas, pruebas sembradas y versiones distorsionadas, en la versión de la PGR, entonces esa responsabilidad puede ser extensiva al Ejecutivo federal”. Concluye diciendo que esta declaración presidencial llegó “en un momento muy inoportuno, ya de salida, queriendo enfrentar un problema que evadió a lo largo de cuatro años”.
Queda la prueba de fuego para el nuevo gobierno que en palabras de Andrés Manuel López Obrador existe ya “…el compromiso de recibir a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa… me informó Alejandro Encinas que ellos tienen intenciones de hablar conmigo y dije que sí, que yo reservaba ese día para entrevistarme con ellos”.
Mientras tanto este lunes 3, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presidida por Esmeralda Arosemena, Relatora especial para México de la CIDH, presentará en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” su Informe de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento. La información que se presentará dará cuenta de los pendientes que tiene el gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa, luego de que el presidente de la República defendiera la desacreditada “verdad histórica”.
En tanto que las madres y padres de familia siguen dando la batalla para conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos, en las tribunas del Poder Legislativo, tanto federal como estatal, los diputados y diputadas protagonizan el forcejeo de una lucha sorda para defender posiciones con el fin de no perder privilegios. La ambición y mezquindad de muchos políticos salen a relucir desde la primera sesión solemne de estas legislaturas. Como siempre se quieren imponer los intereses facciosos por encima de las aspiraciones legítimas de la sociedad mexicana que clama por justicia y verdad.
