La última quincena del año cierra con una serie de acontecimientos marcados por la violencia, que lamentablemente presagian un fin de año caótico. En las últimas semanas la disputa territorial, por grupos de civiles armados, que se ha dado en varias regiones del estado (sobre todo en la sierra y en la Costa Grande) nos muestran las flaquezas del sistema de seguridad estatal, que ha sucumbido ante los intereses del crimen organizado.
Las autoridades han quedado rebasadas por el clima de violencia que se extiende en toda la entidad. Es preocupante que a más de 3 años de la administración del licenciado Héctor Astudillo Flores no se logren revertir los índices de criminalidad. A pesar de su compromiso asumido de pugnar por el orden y la paz, mantuvo el mismo aparato de seguridad, que en diferentes hechos delictivos ha dejado entrever su ineficacia y complicidad, por parte de varios elementos policiales que actúan sin control alguno. La reaparición de grupos civiles que asumen tareas de seguridad, ante la ausencia de los agentes del estado, es un indicador del fracaso de esta estrategia, que en lugar de inhibir y replegar a los grupos de la delincuencia organizada, atiza el fuego de la confrontación armada, los resultados han sido desastrosos porque hoy vemos que la violencia se esparce por las 7 regiones.
El pasado 3 de diciembre, por instrucción presidencial se anunció la instalación de mesas para la construcción de la paz en Guerrero. De tajo quedó trunca la estrategia de seguridad que supuestamente implementó el grupo de coordinación Guerrero. No se presentó ningún balance sobre los alcances logrados en estos tres años, mucho menos se dio a conocer algún diagnóstico sobre la situación de inseguridad que impera en el estado.
El grave problema que enfrentamos las ciudadanas y los ciudadanos es la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades, sobre todo, en temas muy sensibles como el de la seguridad. El pretexto para no presentar un informe sobre esta problemática que enfrentamos, se atribuye al nuevo mecanismo de coordinación federal que se ha implantado desde el inicio del gobierno entrante, con la instalación de mesas de coordinación y construcción de la paz. La base de este trabajo será el nuevo modelo de seguridad focalizado en la guardia nacional.
La coyuntura política, representó para el gobierno del estado un impasse, porque ahora se está a la espera de que las autoridades federales se avoquen a resolver un problema que localmente dejaron crecer. Es grave la descoordinación que prevalece entre las autoridades encargadas de brindar seguridad a la población. Existe un gran desconcierto en la sociedad porque las corporaciones policiales y el mismo ejército aparecen como simples espectadores ante la confrontación que se da entre grupos de civiles armados. Las actuaciones de los agentes estatales y federales generan sospechas en algunos operativos, sobre todo cuando dejan que grupos autodenominados Policías Comunitarios, realicen acciones armadas para irrumpir en otras comunidades. Es muy grave que ante esta disputa un grupo de policías municipales de Petatlán hayan sido sometidos y desarmados por otro grupo denominado Policía Ciudadana. En esta confrontación sobresale el señalamiento de que los agentes estatales están vinculados con algún grupo de la delincuencia organizada. A pesar de esta percepción que está muy arraigada en la población, las autoridades omiten investigar y prefieren mantener en la opacidad un problema que ha quedado evidenciado ante varios hechos delictivos, donde las corporaciones policiales de varios municipios han sido parte de estas tramas.
Es preocupante que existan 23 grupos en el estado que se han conformado como Policías Comunitarios, Policías Ciudadanos o guardias rurales, sin que nadie tenga la certeza de que actúen en defensa de la comunidad o que más bien, respondan a intereses de la delincuencia organizada. La ausencia de un sistema de información confiable a nivel estatal, da pie para que las mismas autoridades no tenga la capacidad de manejar adecuadamente los conflictos ni identificar a la diversidad de actores que han entrado en disputa en las diferentes regiones del estado.
De acuerdo con información del periódico El Sur, los grupos civiles armados controlan el 64% del territorio estatal, lo que pone a prueba a las mismas autoridades, porque por la vía de los hechos han perdido el control de la seguridad y el monopolio de la fuerza. Las consecuencias de este clima de violencia son devastadoras porque la población civil queda atrapada en medio del fuego y no tiene otra alternativa que huir de sus comunidades. No es gratuito que en los municipios de la sierra el problema de las familias desplazadas por la violencia se profundice, ante la inacción de las autoridades.
Para el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, se registraron más de 1,500 personas desplazadas de varios pueblos de la sierra que buscaron refugio en la cabecera municipal de Chichihualco. Para las mujeres, niñas y niños que tuvieron que caminar varias horas, de nada ha servido la presencia del ejército y la policía del estado, porque en lugar de evitar la entrada del frente unido de Policías Comunitarios a Filo de Caballos, ahora comparten el espacio como si fueran del mismo bando. En lugar de imponer el orden lo que prevalece son las balaceras y las incursiones armadas a varias comunidades. El saldo sangriento es de 27 muertos y cientos de personas refugiadas, decenas de casas y vehículos incendiados, en lo que va de junio a noviembre.
El registro diario de personas asesinadas nos ha colocado en el umbral de la deshumanización. El derecho a la vida ha perdido relevancia para las autoridades, porque es incapaz para hacer valer el Estado de Derecho, investigando con prontitud y profesionalismo y dando con los responsables de los asesinatos. Los familiares de las víctimas en lugar de encontrar el respaldo de la Fiscalía se enfrentan con el grave problema de la burocracia, la insensibilidad y el despotismo. Pierden la confianza y están lejos de avanzar en las investigaciones cuando se les carga la responsabilidad de indagar por su cuenta los hechos. Los operativos que implementan los militares y policías federales son infructuosos porque no hay resultados fehacientes que logren desmantelar a grupos de la delincuencia mucho menos dar con el paradero de los responsables. Esta ineficacia ha obligado a que la misma población se organice para la autodefensa o para hacer visible su enojo ejerciendo su derecho a la protesta. Ante los ánimos desbordados las autoridades lo único que logran hacer es postergar los conflictos con acuerdos que no se cumplen y con largas reuniones que al final no se concretan para dar soluciones.
En este cierre de año en el Puerto de Acapulco, en la zona serrana y el municipio de Chilapa, hay decenas de escuelas que han sido cerradas por las amenazas que han sufrido los maestros y maestras, por parte de grupos de la delincuencia organizada que les exigen cuotas, a cambio de su seguridad. Ha sido insuficiente la presencia del ejército en algunas instituciones educativas y los mismos alumnos y docentes ven que esas medidas no inhiben la acción violenta de la delincuencia. El comercio es otro sector que ha tenido que sucumbir a los caprichos de estos grupos que les han tomado la medida a las autoridades.
En lugar de que en este periodo vacacional se genere un ambiente de convivencia, tranquilidad y paz, en nuestro estado se enseñorea la violencia y se deja el campo libre para que los grupos de la delincuencia irrumpan en comunidades vecinas para ampliar su control territorial. Los actores armados del Estado han dejado crecer esta ola de violencia. Aparecen como simples testigos de esta confrontación sangrienta y dejan en total indefensión a las familias que han querido mantenerse al margen de los grupos en conflicto. Muchas personas se han visto obligadas a enrolarse con uno de los grupos para salvar su vida, otras más han tenido que huir para sobrevivir. Es difícil pensar en este contexto de violencia e impunidad que muchas familias de Guerrero puedan experimentar una noche de paz.
No se logra vislumbrar en lo que resta del año iniciativas del gobierno estatal y los gobiernos municipales que amainen la violencia, que enfrenten con toda su fuerza la embestida criminal. Más bien se teme que impere el caos en este fin de año y que sea el fuego de las armas y no los fuegos pirotécnicos los que transformen estas noches de paz en noches fatídicas. La guardia nacional está lejos de ser una solución de fondo al problema añejo de la violencia que arrastramos desde hace décadas. Se necesita combatir al crimen desde el interior del aparato gubernamental, por lo mismo, se tiene que desarraigar la corrupción y la impunidad. Arrancar de raíz esta red de intereses macrodelincuenciales que ha capturado a las instituciones del Estado.
No solo aumentando el número de efectivos militares, que se asumirán ahora como policías, garantizarán la paz en nuestro estado. Se requiere desmontar una estructura que esta hecha para proteger a los perpetradores y mantener un modelo de seguridad que no esta diseñado para velar por el derecho a la vida y la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas. Así lo han demostrado los colectivos de familiares que con su lucha heroica han podido agrietar este sistema que ha hecho alianza con los poderes facticos para mantener sus privilegios.
