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Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Ante el escándalo del alto número de muertes maternas que desde hace décadas se registran en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, el gobierno de Vicente Fox tomó la decisión de construir el Hospital del Niño y la Madre Indígena en la ciudad de Tlapa. A casi dos décadas de la creación de este centro hospitalario, las muertes maternas de mujeres indígenas forman parte de las estadísticas del oprobio que padece la población más indefensa de la Montaña. Varias madres continúan muriendo por parto, sobre todo, las que viven en las comunidades más apartadas. En esos lugares son las parteras que se encargan de brindar atención básica a las mujeres embarazadas y les auxilian en el trabajo de parto. Cuando su embarazo se complica es difícil trasladarlas a la ciudad de Tlapa por el alto costo del viaje especial que tienen que pagar las mismas madres de familia. Algunas son atendidas en las cabeceras municipales, sin embargo, por la carencia de infraestructura médica regularmente las remiten a la ciudad de Tlapa.
Los servicios públicos de salud en el estado no solamente carecen de lo básico en términos de personal médico, equipo y medicamentos, sino que su estructura es obsoleta y los pocos médicos que ahí trabajan solamente se reducen a tomar los signos vitales y hacer una valoración general del estado de salud, elaborando una receta para que los familiares compren en las farmacias particulares los medicamentos. A lo largo de los años este hospital que se maneja con la figura del OPD, es un Órgano Público Descentralizado, cuyos recursos financieros han sido desviados para beneficio de los altos funcionarios de la salud. Esta Secretaría de Salud en anteriores administraciones ha funcionado como la caja chica del gobierno del estado, los recursos millonarios que en los sexenios anteriores se utilizaron en el Seguro Popular no se invirtieron para contratar a más personal médico, ni para cubrir el cuadro básico de medicamentos. Al constatar que los familiares de los pacientes estaban dispuestos a comprar la medicina, se volvió una práctica generalizada en los hospitales públicos de cargar los gastos a los enfermos mayoritariamente pobres del estado.
En lugar de garantizar el equipamiento médico para una adecuada atención de las madres indígenas que bajan de las comunidades por las complicaciones que tienen en su embarazo, los funcionarios estatales ordenaban a los directivos del Hospital del Niño y la Madre de que fijaran tarifas a la población para que cubrieran los gastos que se les brindaban, independientemente de la desatención, los malos tratos y los servicios pésimos que ofrecían. Hoy el Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa no sólo ofrece un mal servicio y maltrata a las madres indígenas, sino que se ha transformado en un hospital que se ha desentendido de la salud de las madres indígenas. Se ha ganado la mala fama de que discrimina a la gente que no habla español, cobran caro y son sumamente negligentes al grado que han acaecido muchas muertes de mujeres embarazadas que pudieron haberse evitado.
El último caso de muerte materna lo registramos este sábado 6 de mayo con la paciente Mariana Andrés Toribio de 16 años de edad, perteneciente al pueblo me’phaa de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa. Tenía 32 semanas de embarazo y aprovechando que recién había llegado con su esposo y demás familiares de los campos agrícolas de Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sinaloa, se dio tiempo para ir a consulta con el médico de la comunidad debido a los dolores que se le intensificaron por el largo viaje que tuvo en una camioneta de redilas.
La niña Mariana no tuvo la oportunidad de estudiar la primaria porque siempre acompañó a sus papás para trabajar como jornaleros agrícolas en los campos de Sinaloa. A los 15 años su padre la casó con otro niño de 16 años. Como es costumbre en algunas comunidades me’phaa y na Savi, el nuevo matrimonio tiene que acompañar a la familia del novio para cubrir el pago de la dote que solicita el consuegro por esta alianza matrimonial. La precariedad económica de las familias de la Montaña obliga a que la misma niña tenga que trabajar como jornalera agrícola para sufragar los gastos que hizo el suegro por el costo de esta transacción matrimonial.
Desde el mes de diciembre salieron al corte de chile jalapeño y del tomatillo. A Mariana le pagaban 6 pesos por cada cubeta de 20 kilos que recolectaba. A pesar de su cuerpo diminuto se llegaba a cargar dos cubetas para obtener un mayor pago durante el fin de semana. Su jornada de trabajo no terminaba en el campo agrícola, seguía por la tarde-noche para preparar la cena y lavar la ropa. Se levantaba muy temprano para poner el nixtamal y hacer las tortillas. Su alimentación era muy raquítica porque la comida no era suficiente y a veces alcanzaba a probar frijol con algún chile jalapeño. Las tortillas eran el alimento que la mantenían en pie. A veces probaba huevo y en contadas ocasiones comía pollo. Cuando estuvo en el campo trabajando no tuvo oportunidad para acudir al médico. La acumulación del trabajo agrícola y de los quehaceres en el cuarto donde vivían dejó siempre en segundo termino la atención a su salud.
El médico de Santa María Tonaya al constatar la desnutrición severa que padecía Mariana optó por canalizarla al Hospital del Niño y la Madre. Llegó con muchos dolores de parto, así permaneció toda la mañana del miércoles y parte de la tarde, en la noche le realizaron la cesárea, y afortunadamente el bebé pudo sobrevivir. Sin embargo, la situación de salud de la mamá se complicó. Los familiares que acompañaban no comprendieron las explicaciones del personal médico y no pudieron hacer algo más por ella porque los encargados de seguridad se obstinan en impedir el paso a las familias, sin tomar en cuenta la gravedad de sus pacientes.
Es denigrante el trato que el personal de salud y administrativo brindan a la población que acude tanto al Hospital General como en el Hospital del Niño y la Madre. Ya no permiten que los familiares permanezcan en alguna sala de espera, los obligan a permanecer en guardia afuera del hospital sin recibir la información adecuada a determinados horarios para saber el estado de salud de los pacientes. La gente de las comunidades duerme sobre las banquetas y durante el día permanecen bajo los rayos del sol. Hay familias que no tienen dinero para comprar comida mucho menos para surtir la receta que les entregan los médicos. Ninguna autoridad municipal se acerca para brindarles el apoyo, tampoco se da la coordinación entre el personal administrativo del hospital con los funcionarios municipales que están encargados de velar por la salud de la población. Como Centro de Derechos Humanos hemos tenido que sufragar gastos de pacientes muy pobres para comprar medicinas, realizar algún estudio de laboratorio y en varios casos tener que comprar las cajas para los bebés y mamás que mueren. Es inconcebible que no haya el compromiso ni la sensibilidad de las autoridades para estar al pendiente de estos casos.
Mariana soportó no sólo los malos tratos del personal médico, sino que no recibió los medicamentos que se requerían para mejorar su salud. Su cuadro era complicado y requería ser trasladada a la ciudad de Chilpancingo. El día viernes se logró conseguir una ambulancia que no pudo salir porque no estaba en condiciones de viajar debido a las fallas mecánicas que tenía. Hubo una segunda ambulancia que llegó para trasladarla, pero de última hora no recibía la orden para salir. Mientras tanto Mariana permaneció adentro de la ambulancia por más de una hora. Tenemos conocimiento que llegó una tercera ambulancia que ya no salió de Tlapa porque en ese lapso Mariana falleció.
La muerte de Mariana es la expresión más clara de la indiferencia e indolencia de las autoridades. Si se hubiese brindado la atención básica que requería Mariana seguramente estaría viva recibiendo tratamiento en un hospital de tercer nivel. La dejaron morir al grado de que ni siquiera se preocuparon los directivos del hospital para garantizar el traslado de Mariana de forma inmediata. Abusaron de que la familia de Mariana solo habla me’phaa y no contó con recursos para comprar la medicina y realizar los estudios de laboratorio.
Esa violencia que ejercen las autoridades de salud con el maltrato, la indiferencia al dolor de las familias, la insensibilidad ante la desesperación y sufrimiento de las mujeres que se encuentran postradas en cama, hacen más cruenta la estancia en ese hospital donde las autoridades de salud se han olvidado de la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos de velar por la salud de las madres y niñas indígenas de la Montaña.
La familia no solo soportó este calvario del maltrato y de la desatención médica, también tuvo que juntar entre familiares y amigos la cantidad de 18 mil pesos para cubrir los gastos funerarios y trasladar el cuerpo de Mariana a Santa María Tonaya. Estas injusticias que cotidianamente padece la población indígena se han normalizado entre las autoridades porque se reproduce el racismo y la discriminación contra los indígenas porque predomina la idea de que están acostumbrados a sufrir y morir como si fueran seres sin derechos. El caso de Mariana pone al descubierto a un sistema de salud que sigue olvidando a la población más pobre de la Montaña y también pone en evidencia la visión racista del personal médico y administrativo que desprecia a los indígenas por su porte y su forma de hablar.
En este día de la madre en muchos hogares no hay alegría en las familias porque la mamá ha muerto. Como Mariana, una niña que murió por la complicación de su embarazo nos rememora a las decenas de mamás que han muerto en este hospital a causa del abandono en que se encuentra y por el saqueo de los recursos financieros que se han utilizado para fines particulares, sin que les interese las muertes maternas que se multiplican en la Montaña.
