Por Max González Reyes
En el México contemporáneo el orden constitucional estuvo diseñado para proteger a los que tienen capacidad para evitarlo y aplicarlo a los que se encuentran indefensos. Durante todo el Siglo XIX, y marcadamente durante el XX, la negociación de la ley fue una de las razones por la que se mantuvo el régimen de partido hegemónico. Así como Juárez gobernó la mayoría de sus periodos por decretos; Porfirio Díaz con mano dura, el PRI lo hizo por medio de la negociación de la ley.
En efecto, la aplicación de la ley siempre estuvo en negociación para aquél que quería beneficios. Los requisitos estaban en mantenerse leal al régimen para con ello recibir los beneficios que esto daba. Así fue como organizaciones campesinas, obreras, sindicales, entre otras, fueron creciendo y a su vez sus dirigentes llegaron a tener el control de un sector del partido en el gobierno. Por mencionar un ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) logró controlar las plazas de los maestros con el contubernio de los gobiernos en turno lo cual le redituó en colocar a diputados, senadores y actores en puestos claves, lo que a la postre lo llevó a ser el sindicato más grande de América Latina.
No cabe duda que el deterioro de la educación se debe en gran medida a que ésta se entendió como un botín político en el que sólo se ocupaba para brincar a un mejor puesto en la administración o para mantenerlo un periodo más.
A decir verdad, las reuniones que representantes del Gobierno Federal han llevado a cabo con dirigentes de la CNTE, órgano disidente de la SNTE, no son otra cosa que la continuación de una política aplicada en décadas pasadas para buscar negociar la ley.
Es de recordar que el actual gobierno se propuso desde su campaña derogar la reforma educativa aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue por ello que la CNTE apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las posturas radicales de este órgano disidente han llevado a interminables reuniones con autoridades de la SEP que no han llevado a nada.
Paralelo a ello, en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen de la Reforma Educativa que propuso el actual Ejecutivo Federal. No obstante, la CNTE ha manifestado su descontento con la propuesta presidencial por lo que ha llevado a cabo movilizaciones.
Asimismo, el pasado 16 de abril el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum que envió a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda por el que les instruye buscar la manera para que quede sin efecto la Reforma Educativa, en tanto se llega a un acuerdo en la materia.
Más allá de la postura radical de la CNTE, y que las negociaciones no han llegado a ningún lado, el memorándum que firmó el Presidente es una clara violación e invasión al poder legislativo. Si se quiere hacer una reforma por más que sea pausada y en muchos de los casos tarda más de lo esperado, se debe hacer respetar las instituciones.
Al presentar el memorándum el Presidente hace recordar aquella frase que por varios años lo persiguió cuando buscaba llegar a la presidencia: al diablo las instituciones. Pero esa postura no le queda hoy como Presidente. Más allá de que juró guardar la Constitución, el Mandatario envía una mala señal a la opinión pública. Si de antemano algunos sectores lo califican de concentrar en su persona buena parte de las decisiones de su gabinete, esta acción confirma estos dichos.
Si por un lado el Presidente instruyó a su secretario de Educación a sostener negociaciones con la CNTE fue para darles privilegios a través de la negociación de la ley; mientras que por otro lado manda este memorándum para presionar al gremio. Si el Presidente busca negociar entonces debe presionar a que se resuelvan a través del diálogo las demandas. Mandar un memorándum es una contradicción.
Sin embargo, pese a que continúa la mesa de negociación SEP-CNTE y el memorándum del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados avanzó el dictamen de la reforma educativa, se aprobó y se turnó a la Cámara de Senadores donde el último día de sesiones debía lograr una votación por mayoría calificada, esto es alcanzar las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes. Sin embargo, no se alcanzó dicha mayoría. Ante ello, el Pleno de la Cámara Alta aprobó un acuerdo parlamentario a fin de citar a un periodo extraordinario para el 14 de mayo para desahogar cinco temas de trascendencia entre ellos la reforma educativa.
El acuerdo aprobado señala que los temas que se discutirían serían la extinción de dominio, la ley de reforma educativa en materia constitucional, la ley de paridad de género y la de trabajadoras domésticas.
Como se observa, el tema aún no concluye, por lo que habrá que esperar ese periodo extraordinario y ver si se alcanzan los consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado.
