Por Max González Reyes
Comenzó 2024 y con ello el año electoral. Como cada seis años, a nivel federal se renueva el poder ejecutivo, las senadurías, las diputaciones; y a nivel local se renuevan nueve gubernaturas, 31 congresos e infinidad de presidencias municipales en todo el país.
A pesar de que apenas empieza el año, desde hace meses estamos plagados de anuncios de campañas proselitistas, con el argumento de que están dirigidas a militantes de los partidos políticos. Aunado a ello, desde el pedestal de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días y cada vez que puede, habla a favor de su candidata Claudia Sheinbaum y de las virtudes que tiene para ser su sucesora. A la vez, descalifica, exhibe y reprueba a todos los opositores a su gobierno, incluida la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. En palabras del propio mandatario, su objetivo para este año no sólo es refrendar la Presidencia, sino tener los suficientes votos para que Morena y sus aliados alcancen una mayoría calificada que les permita no recurrir a alianzas con los otros partidos para hacer reformas constitucionales, toda vez que durante este sexenio fue el tope con el que se tuvo que enfrentar el actual ejecutivo. Es decir, cristalizar el Plan C que es tener la mayoría en el Congreso.
En ese sentido, el ejecutivo no quita el dedo del renglón y vuelve a la carga al anunciar que el próximo 5 de febrero no asistirá al evento que cada año se realiza en Querétaro de la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 porque ese día anunciará un paquete de reformas que tienen que ver con el bienestar, con salarios, con pensiones, la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral. En opinión del mandatario, sus iniciativas tienen el objetivo de promover un marco jurídico acorde a la actualidad que mantenga la austeridad republicana y contribuya a avanzar en la transformación y que “nunca más el gobierno esté al servicio, ni las leyes, de una minoría, que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales”.
Al anunciar este paquete de reformas, el mandatario afirmó que una de las iniciativas tiene el objetivo de garantizar que trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciban una pensión digna, del cien por ciento del salario previo a jubilarse, toda vez que las administraciones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón impulsaron dos reformas que debilitaron las pensiones de trabajadores, del personal del magisterio y del Estado mexicano. Explicó que esta reforma no se refiere a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), sino a la cantidad que reciben las y los jubilados, por lo que el gobierno aportaría recursos para que, de forma progresiva, el trabajador reciba un monto equivalente a su sueldo completo al retirarse.
Otra de las iniciativas que anunció el Ejecutivo tiene que ver con la operación y reactivación de los trenes de pasajeros en el país. Enfatizó que esta propuesta no representa una expropiación en el derecho de vía.
De igual manera, el mandatario anunció que volverá a presentar una iniciativa para que los ciudadanos elijan con voto directo a los jueces, magistrados, y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y otra para transformar el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo que surgió para quitarle el control de las elecciones al Gobierno, para que “el pueblo” también elija a los consejeros del organismo, y para que se elija por voto popular a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En esencia, las iniciativas del presidente no tienen nada nuevo, pues son un refrendo de lo que todos los días dice y reclama desde Palacio Nacional. Hay que tener presente que estas propuestas estarán navegando en medio de un clima electoral, es decir, cuando las campañas estén, ahora sí en pleno auge, y los legisladores estén con un ojo en las iniciativas presidenciales y otro en buscar su reelección.
Mas allá de que la alianza legislativa-electoral de Morena con el Partido Verde, el PT y el PES, las tres fuerzas no alcanzan la mayoría para hacer reformas constitucionales, por ello es muy probable que no se aprueben este paquete de reformas que anunció el Ejecutivo. El antecedente más próximo refiere que algunas de ellas ya fueron rechazadas en el Congreso. Sin embargo, el ejecutivo las vuelve a presentar con un objetivo completamente electoral. En primera, para que los candidatos de Morena -y él mismo- lo tomen como bandera en la campaña proselitista de los próximos candidatos; y dos, acusar a los actuales diputados y senadores de oposición de obstaculizar el desarrollo del país. Así, hacen ver a la opinión pública que los opositores son “los malos” y ellos son “los buenos”. Con ello busca que Morena y aliados logren la mayoría legislativa en la próxima legislatura, y se cristalice el Plan C. Es por ello que el mismo presidente está haciendo proselitismo a favor de su partido.
Así pues, el presidente está siendo “el gran elector”, pues es quien dirige la orquesta electoral. A López Obrador le es de suma importancia que Morena gane la próxima elección porque es un refrendo a su mandato, pero también quiere dejar el legado de obtener el Plan C. Si se toman en cuenta las encuestas que hasta hoy se han publicado, es probable que logre el refrendo en la presidencia, pero no es seguro que lo logre en el Congreso, aunque aun falta mucho y en el transcurso del camino pueden pasar muchas cosas. Este capítulo apenas está por verse.
