Por Max González Reyes
México sigue siendo el país de las sorpresas. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo y que lo más trágico no volvería a pasar, nos encontramos con otra situación igual o peor a la ya vivida. Si creíamos que lo sucedido con los estudiantes de la Escuela Rural en Ayotzinapa fue una tragedia, lo descubierto en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, es aún peor.
La tragedia de Izaguirre en Teuchitlán es el reflejo de lo mal que el Estado ha aplicado el monopolio de la violencia que le corresponde aplicar. Lo que se reportó es que en ese rancho fueron encontrados más de mil 300 objetos personales, hornos crematorios, fragmentos óseos calcinados. Es un hecho que la larga crisis de violencia que vivimos en México es el resultado de la incapacidad del Estado mexicano para controlar el crimen organizado.
Más allá de que se pretende echarse la culpa del gobierno estatal al federal y viceversa, el Estado es el responsable de cuidar y proteger la seguridad de todos los ciudadanos. Es sorprendente que fueron los familiares de desaparecidos quienes descubrieron un campo con posibles usos criminales, lo cual evidencia la incapacidad del Estado para proteger a la sociedad.
Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales han ido ganando territorio y adeptos en detrimento de la fuerza que el Estado en teoría debería tener. Está ampliamente documentado que los cárteles han formado estructuras con las que han extendido sus dominios al tráfico de personas, así como de armas. Para algunos, las organizaciones del crimen tienen estructuras más potentes y eficaces que los de las fuerzas legalmente constituidas como el Ejército y la Guardia Nacional.
Según declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, las investigaciones que se realizaron demuestran que ‘El Lastra’ y su grupo criminal utilizaban redes sociales para atraer personas en busca de empleo, ofreciendo falsas oportunidades de trabajo. Se les adiestraba y a quienes se resistían al adiestramiento o intentaban escapar, el cártel los mataba.
Si en su momento tanto se criticó al entonces presidente Enrique Peña Nieto por su falta de actuar en al caso de los jóvenes de Ayotzinapa, es probable que Claudia Sheinbaum, cargue con esta tragedia el resto de su sexenio. Desde la administración de Felipe Calderón, México ha venido sufriendo una escalada de violencia que no deja de sorprender. Ante ello, de nada han servido las reformas e iniciativas -algunas ya aprobadas- para evitar que crezca la ola de violencia. Una y otra se aprueban y lejos de mejorar la situación empeora.
Ahora, como una medida reactiva, no correctiva, ante el caso de los cuerpos encontrados en el rancho Izaguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa encaminada a reforzar las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De igual manera, las reformas de la presidenta incluyen la creación de un registro único de personas desaparecidas, la implementación de tecnología avanzada para la búsqueda, y la modificación de leyes para mejorar la identificación de desaparecidos, como la integración de la CURP en los registros y la creación de una base de datos forense única. Además, la presidenta propuso la eliminación de la espera de 72 horas para activar una alerta de búsqueda y equiparar el delito de desaparición al de secuestro.
Por su parte el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña (Morena), señaló que es perverso que “la derecha” haya montado una campaña con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, para responsabilizar y golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Agregó que el tema de los desaparecidos en México es una tragedia, una herida abierta, pero hay quien confunde la desaparición forzada, que es un delito todavía más grave, porque es la que comete el Estado, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde diversas fuerzas de seguridad intervinieron para desaparecerlos.
Estas declaraciones reflejan lo limitado de este gobierno. Para ellos la culpa la siguen teniendo los gobiernos pasados, sin comprender que desde hace más de un sexenio son gobierno y deben asumir su responsabilidad.
Los peor es que no se observan medidas que permitan romper con la violencia en el país. El estado de derecho brilla por su ausencia; las medidas que se aplican son correctivas más que preventivas.
