Detrás de cada número existe un nombre y una vida que, lamentablemente, se multiplica hasta llegar a 40 mil, esto si pensamos en las personas que aún están desaparecidas y en 26 mil, si recordamos a todas aquellas que yacen en las morgues de algún Servicio Médico Forense del país. Estamos sumidos en una grave crisis a la que no se le ve final.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición (30 de agosto), ZonaDocs focaliza la mirada en los procesos que familiares, instituciones y gobierno están realizando para la localización, en vida y sin ella, de los miles de desaparecidos que existen en México. En el caso de Jalisco, son 8 mil 864 personas las desaparecidas y 3 mil 471 las no identificadas.
Por Dalia Souza/@DalhiaSouza y Darwin Franco/@darwinfranco
Fotos: Darwin Franco
Ni diez, ni quince años más pretenden esperar las familias de las y los desaparecidos en México, para que el Estado Mexicano consiga finalmente “fortalecer del todo las instituciones encargadas de buscar a sus seres queridos y de regresar a sus hogares a las miles de personas sin identificar que se encuentran en sus morgues y Servicios Médicos Forenses (SEMEFO)”, así lo precisó Grace Fernández vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx):
“Ya no tenemos tiempo, ni nosotros ni las personas que están esperando. En ese sentido, aunque el presidente ha dicho que la primera prioridad de su gobierno son los desaparecidos, no se ve que sea un tema de Estado”.
Grace busca a su hermano, Dan Jeremeel Fernández Morán, quien fue desaparecido por militares, el 9 de diciembre de 2008, en Torreón, Coahuila; para ella y para las familias que tienen más de una década pugnando por el regreso de sus amores desaparecidos, el tema de los cuerpos sin identificar no es algo reciente, así como tampoco lo es la crisis forense que el Estado Mexicano ha provocado.
Ella asegura que, si bien, es un hecho que el actual contexto de violencia ha recrudecido y llevado a los SEMEFOS del país a un colapso; el gobierno también ha cooptado de manera intencionada sus capacidades:
“Lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, que la capacidad del Estado y de sus servicios médicos forenses está total y completamente rebasada, además, está cooptado por el Estado mismo. Cuando llega un cuerpo el médico forense tiene que identificar la causa de muerte y eso implica que se tiene que abrir una carpeta de investigación y se tiene que hacer la búsqueda de quiénes fueron los que le quitaron la vida, pero también saber por qué lo hicieron. Ahí, es donde el Estado interviene para decir: – “bota a ese cuerpo y no los proceses”, así es más fácil, los vamos acumulando y los mandamos a la fosa común, y no tenemos que darle respuesta a nadie-”.
Esta situación, explica Grace: “ha originado que, en el país, tengamos cerca de 37 mil cuerpos no identificados dentro del propio Sistema Nacional Forense” (el Estado Mexicano sólo reconoce 26 mil); entre ellos, añade, los que se encuentran en fosas comunes dentro de los SEMEFOS, más los que permanecen resguardados por la Policía Científica y los miles que han sido recuperados por las familias de fosas clandestinas.
Sobre éstos últimos, refiere la vocera del movimiento: “solamente Dios sabe en donde quedaron”, pues, señala, el involucramiento de las autoridades, en muchas ocasiones, ha obstruido el correcto manejo de la cadena de custodia de los restos y/o cuerpos recuperados, siendo éstas, incluso, responsables de desaparecerles una vez más.
Tal y como pasó en Jalisco cuando el propio Gobierno del Estado, entre 2006 y 2018, decidió reducir a cenizas a 1,559 personas no identificadas o confinar en dos contenedores frigoríficos los cuerpos de 322 personas; en ambos casos, se impuso la burocratización en el manejo y resguardo de los cuerpos sobre el acceso a la justicia y la verdad, ya que tras la cíclica saturación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en estos años fue más importante deshacerse de los cuerpos que hacer el esfuerzo al que están obligados para darles una identidad.
De ahí, explica la vocera del MovNDmx, la urgencia de crear un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que, a propuesta de las familias, busca ser:
“un órgano especial de carácter extraordinario con independencia técnica y administrativa, con recursos propios y apoyo internacional, técnico y financiero, a fin de abordar, con exclusividad, la problemática forense en materia de identificación de personas”.
Esta iniciativa diseñada por y desde las familias del MovNDmx, fue presentada en el marco del 172 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de mayo de 2019, y, busca: “tener una estrecha coordinación con la implementación del Programa Nacional de Exhumaciones e identificación Forense en auxilio de la justicia en México, los distintos programas y otras herramientas previstas en la Ley General en Materia de Desaparición”.
En ese sentido, demandan las familias:
“Es necesario que el Mecanismo aborde la identificación de restos no identificados y no reclamados existentes dentro de instituciones del estado (fundamentalmente panteones, SEMEFOS, y escuelas de medicina, entre otros), además de las fosas clandestinas con registro, reporte o denuncia, y probables fosas clandestinas sin denuncia, ya localizadas por las familias”.
A decir de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, èste recibió al país con 26 mil cuerpos de personas no identificadas, las cuales están en lugares improvisados; por ello, para su gobierno su identificación es una prioridad; sin embargo, en su discurso este proceso forense no parece estar en la misma sintonía con el acceso a la justicia y a la verdad.
La identificación como un camino hacia la justicia, la verdad y la no repetición
¿Qué es la identificación? Preguntamos a Grace Fernández durante la entrevista:
“Es parte del derecho de cualquier persona a tener una personalidad; tienes un nombre, tienes un apellido y con eso vienen muchos derechos y responsabilidades, por lo tanto, que tú seas privado de la vida no te quita el derecho a tener una identidad”
En ese sentido, agrega Grace, cuando las familias hablan sobre la identificación, ésta no sólo se refiere a saber quién es esa persona y cuál es su nombre; para ellas, la acción de identificar es el preámbulo para alcanzar la justicia, la verdad y la no repetición.
“Cuando hablamos de identificación no sólo es saber quién es esa persona, sino el poderlos regresar con sus familias, decirles. Sería el inicio o una parte de la investigación, saber quién o quiénes fueron, por qué lo hicieron, encontrarlos y presentarlos ante la justicia”.
De aquí, sentencia, la relevancia de garantizar que los procesos de identificación de las personas y restos que se encuentran dentro del Sistema Nacional Forense, se lleven a cabo a través del uso de métodos científicos y certificados que ofrezcan certeza a las familias buscadoras; no sólo para dar tranquilidad a las mismas, sino, para que éstos puedan ser incluidos en los procesos de judicialización de los casos.
Con ello, manifiesta Grace, el Estado Mexicano está obligado a ofrecer una respuesta tanto a quienes permanecen en la espera de un ser querido desaparecido, como a las familias de los miles de personas sin identificar dentro de los SEMEFOS del país:
“Para nosotros, decimos, son simples matemáticas; si tenemos más de 40 mil desaparecidos y 37 mil cuerpos de personas sin vida, la lógica señala que muchos de éstos pueden ser de los desaparecidos; pero, el Estado está obligado a saber quiénes son y a avisarle a sus familiares. Decirles: aquí está su cuerpo y procesa tu dolor, sin embargo, no lo hizo. Entonces, decimos bueno, son los más de 40 mil desaparecidos, más los 37 mil cuerpos, todos esos son personas desaparecidas que tienes que investigar quiénes son, dónde están y regresarlos a sus familias”.
Al respecto, Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional para México y América Central del CICR, reconoce que la crisis forense que vive el país tiene tres principales retos:
Esta carencia de recursos humanos especializados para realizar procesos de identificación forense en áreas como: la antropología, arqueología y odontología forense es, quizá, una de las razones por las que el CICR considera que aunque el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense sea una prioridad del actual gobierno, su implementación podría tardar décadas, ya que ahora no existen en el país el número de especialistas para enfrentar no sólo la tarea de identificación de los más de 26 mil cuerpos sino, incluso, para identificar aquellos cuerpos que, día con día, arriban a los distintos SEMEFO del país a causa del incremento de homicidios y de la localización de fosas clandestinas.
La búsqueda ante y post mortem
Uno de los principios rectores de la búsqueda forense es devolver la dignidad y humanidad a la persona fallecida no identificada, pero también ser un auxiliar para que las instituciones de procuración de justicia puedan brindar a los familiares la verdad sobre lo que pasó con su ser querido; bajo estos principios rectores el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está colaborando con el Gobierno Federal en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en México.
Desde y a través de la implementación del Sistema AM/PM (Ante Mortem y Post Mortem), la cual ya se aplica en 28 estados del país y ha coadyuvado a la identificación de, al menos, 518 personas catalogadas como no identificadas; el CICR, ha puesto a disposición de las fiscalías y procuradurías del país, desde 2013, esta herramienta informática que permite gestionar la información sobre personas desaparecidas y restos humanos localizados, así como de todas aquellas circunstancias que rodean su desaparición; datos sobre la recuperación de sus cuerpos (o partes de éstos), e información sobre los lugares de hallazgo.
A decir del CICR, esta base de datos:
“facilita el proceso de identificación mediante el archivo, la normalización, la preparación de informes, la búsqueda y el análisis de los datos forenses, así como mediante el cotejo básico automatizado de datos AM y PM. También proporciona y promueve las buenas prácticas en la gestión de datos y el uso de métodos apropiados”.
Esto implica la recolección de información de las personas desaparecidas en dos momentos específicos:
Datos ante mortem: contiene toda la información sobre las personas desaparecidas. Además de datos personales, físicos, clínicos y odontológicos, ofrece información sobre las circunstancias de su desaparición, así como la información de ADN detallada relacionada con Personas desaparecidas y Personas (familiares y contactos). Esta información la otorgan principalmente las familias.
Datos post mortem (restos humanos) incluye toda la información obtenida durante el examen post mortem, tanto los datos médicos, antropológicos y odontológicos como la información relativa a la causa de muerte, así como la información de ADN. Los métodos antropológicos permiten determinar la edad, el sexo y la estatura vienen configurados en la base de datos. Esta información es responsabilidad de las autoridades ministeriales y forenses.
Sin embargo, para Rafael Barrantes Segura, coordinador de Programas para Personas Desaparecidas del CICR, el Sistema AM/PM no ha logrado desarrollarse a plenitud por las dificultades que presenta México donde las 33 entidades o instituciones dedicadas a los procesos de identificación forense no sólo tienen procesos distintos sino también formas diversas de interactuar con las autoridades a las que les brindan sus servicios como auxiliares de la justicia.
En este sentido, aunque las procuradurías o fiscalías no le informan al CICR: cuántos registros bajo el Sistema AM/PM han realizado ni cuántos de éstos corresponden a datos ante o post mortem; a la fecha, este organismo internacional asegura que se han recabado 2 mil datos de identificación forense; lo cual pese a su relevancia sólo representa el 7.6% de los 26 mil cuerpos sin identificar y el 5% de las 40 mil personas desaparecidas que existen en México.
Barrantes Segura, señala que el reto actual no sólo descansa en alcanzar mayores registros sino en garantizar que los ya realizados puedan ser trasladados a los nuevos Sistemas de Gestión de Información que, conforme a la Ley General de Desaparición Forzada y entre Particulares, deberán crearse para tener en un mismo sitio o software, el acceso a toda la información que facilite la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Al respecto, el CICR informó que ya están desarrollando una actualización del Sistema AM/PM para que pueda ser compatible con otros gestores de información; esta nueva versión tendrá una base que será totalmente on-line. El principal objetivo de esta actualización radicará en permitir que, desde la plataforma, puedan crearse hipótesis e informes preliminares de identificación. Se prevé que este nuevo sistema, que se otorgará de manera gratuita, esté listo para el 2022.
Esquema publicado en “Personas desaparecidas, Análisis forense de ADN e identificación de restos humanos. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras situaciones de violencia armada” realizado por el CICR.
La identificación de personas más allá del ADN
Si bien, se ha generalizado que la confronta genética es una de las pruebas de identificación forense con mayores niveles de confiabilidad, no es ni debiera ser el único camino para devolverle la identidad a una persona fallecida no identificada.
Conforme a los protocolos internacionales de identificación de personas fallecidas, todo Archivo Básico con Fines de Identificación debería contar con:
- Edad
- Género
- Estatura
- Características individualizantes (cicatrices, tatuajes, etcétera).
- Descripción de prendas y elementos personales.
- Huellas dactilares
- Examen Dental
- Fotografías Forenses
- Causa y manera de muerte
- Muestra de ADN
En el caso de México, todo instituto o servicio médico forense debiera realizar esto a cada uno de los cuerpos que quedan bajo su resguardo tras no ser identificados o reclamados por sus familiares; sin embargo, esto no siempre sucede, ya sea porque el ministerio público a cargo no solicita todas estas pruebas o porque los forenses carecen de recursos o personal para realizarlas.
Un ejemplo de esta falta de cumplimiento se pudo observar en los señalamientos que la Comisión de Inhumación, instancia que se creó en Jalisco tras el escándalos de los 322 cuerpos que se confinaron en dos contenedores frigoríficos, realizó del estado de las carpetas de identificación forense de los 519 cuerpos de personas no identificadas que fueron inhumados en tres panteones, entre septiembre de 2018 y enero de 2019, lo que denunciaron fue:
- Desorganización y falta de control de las áreas periciales
- Desvinculación entre las distintas áreas del instituto encargadas de la dictaminación pericial
- Rezago de tres años en generación de dictámenes.
- Falta de control en los ingresos de cuerpos al IJCF, con la ausencia de asignación de un número único para su identificación.
- Ausencia de buenas prácticas en las áreas encargadas de identificación o integración del archivo básico para la identificación.
- Falta total de registros administrativos para el control de dictámenes, muestras genéticas procesadas y trazabilidad de los cuerpos dentro del IJCF.
Esto significa que no había un sólo cuerpo con expediente completo; no existía control de registro que garantizase que éstos fueron colocados en determinado lugar de resguardo y, mucho menos, había certeza de si todos los cuerpos tenían un número único de identificación.
A la par, no existía un resguardo ni preservación de las prendas o elementos personales que se encontraron en cada uno de los cuerpos, lo cual es una violación a la Ley General de Desaparición Forzada y entre Particulares donde se señala que estos elementos son claves para futuros procesos de cotejo e identificación.
Al tener tal descontrol sobre los elementos mínimos de identificación, la prueba genética, a decir de Andrés Rodríguez Sordo -Coordinador del Área Forense del CICR-, se ha convertido en aquella prueba de identificación que las familias exigen al considerarla como la única que les daría certeza sobre la identificación de su familiar; sin embargo, esta prueba genética es la que resulta más cara para todo los sistemas forenses, ya que cada toma cuesta alrededor de 5 mil pesos y los reactivos que se requieren para realizar la confronta entre el ADN del cuerpo no identificado y el ADN aportado por los familiares del o la desaparecida, valen aproximadamente 6 mil pesos.
En relación a las muestras genéticas tomadas a familiares de desaparecidos, la Fiscalía General de la República ha informado -mediante una solicitud de transparencia- que posee 24 mil perfiles genéticos; sin embargo, aseguró desconocer cuántos perfiles poseen las fiscalías o procuradurías locales, ya que ésta información no todas la han entregado de cara a la conformación del primer banco digital de información genética que deberá realizarse también en el marco de la Ley General de Desaparición Forzada y entre Particulares.
Para abatir estos costes, pero sin mermar la fiabilidad científica, Rodríguez Sordo del Área Forense del CICR, precisa que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense debería apostar también por otros procedimientos como: la identificación odontológica o la identificación a través de las huellas dactilares.
Actualmente, el gobierno federal cuenta con el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUiTi), plataforma en la que se puede consultar los nombres de los desaparecidos a nivel nacional, y que se espera pueda perfeccionarse a tal manera que cada registro cuente con foto y huella dactilar.
El SUiTi está siendo operado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y, hasta ahora, contiene la nueva versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, lo cual más adelante se complementará con la generación de la identidad digital de las personas desaparecidas (iDig).
Aunado a ello, la Plataforma México del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública cuenta con un Sistema Automatizado de Identificación Dactilar Sistema (Automated Fingerprint Identification System -AFIS–, por sus siglas en inglés), el cual permite verificar la concordancia de una huella dactilar o una huella latente contra los registros almacenados en las propias bases de datos del sistema de referencia.
En la actualidad el Sistema AFIS se encuentra conformado por registros dactilares obtenidos de personal que integra los cuerpos de seguridad de toda la república; internos de los centros de readaptación social; huellas recopiladas en lugares donde fue cometido un hecho delictuoso y por personal civil.
En el Documento Informativo sobre las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), en el marco del Grupo de Trabajo para la Identificación Humana, se le solicitó a la Plataforma México, las huellas dactilares de personas fallecidas no identificadas con el objeto de realizar confrontas con otras bases de datos que pudieran apoyar en las labores de identificación humana.
El resultado fue que se obtuvieron huellas dactilares de 26 mil 676 cuerpos que se encontraban en dicho sistema AFIS; sin embargo, la CNB identificó que:
“el cruce de información entre las huellas contenidas en el AFIS y las contenidas en las bases de datos civiles no eran compatibles para su confronta debido al formato en el que se encontraban”.
La no compatibilidad fue ocasionada por el método empleado para tomar las huellas dactilares; pues en el AFIS de Plataforma México, las huellas se tomaron de manera rodada (formato NIST), mientras que en las bases civiles, la toma se hizo por contacto o de manera plana. Actualmente, la CNB creó un mecanismo que permitió cambiar el formato NIST al plano.
Este cambio ha facilitado que los datos del Sistema AFIS puedan cruzarse, por ejemplo, con el banco de datos de huellas dactilares que posee el Instituto Nacional Electoral (INE), con el cual, el 7 de noviembre de 2018, la CNB firmó un convenio con el objetivo de:
“realizar la confronta de las huellas dactilares de los cuerpos sin identificar con las huellas de las personas que forman parte del Registro del INE, y por el otro, poder contar con datos biométricos de las personas desaparecidas que puedan apoyar en las labores de búsqueda y localización”.
En una primera confronta, las huellas del AFIS que fueron compartidas con el INE (las huellas dactilares corresponden a 26 mil 676 cuerpos) se obtuvieron 4 mil 546 coincidencias posibles, de estas se supo que:
2 mil 366 cuerpos ya habían sido identificados y entregados por la entidad federativa.
22 cuerpos estaban identificados, pero no reclamados
Mil 818 estaban en proceso de conocer el estatus por parte de la PGR y las autoridades estatales
340 cuerpos permanecen como no identificados y se tienen los dictámenes periciales que confirman su identidad preliminar
El pasado 26 de agosto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que: “Hemos identificado alrededor de 12 mil cadáveres de desconocidos y hemos podido identificar a más de 19 mil personas desaparecidas que, con la compulsa de los datos biométricos, les hemos dado identidad”.
Al 31 de julio de este año, el INE informó las actividades y resultados que han tenido en su colaboración en la identificación de cuerpos de personas no identificadas.
“¿Qué es lo que espera la autoridad, verlos ya todos muertos para que ahora sí diga que está en sus capacidades?”, sentencia Grace Fernández.
Desde el análisis de las familias, mientras la Federación no coordine sus fuerzas operativas, técnicas, administrativas y, por supuesto, sus voluntades políticas en las entidades, así como en los tres niveles de gobierno, la crisis forense y de desapariciones en el país empeorará desbordando aún más las capacidades del Estado:
“Tienen que buscarse en todos los lugares y también hacer labores de búsqueda con estos grupos criminales. Sigue pasando, si esto ya no sucediera y fueran los mismos 40 mil desde hace 10 años, te pediría ayuda para localizarlos, pero todos los días hay notificaciones de desaparición porque hay impunidad, porque hay corrupción, porque se puede, porque cualquier persona puede hacerle daño a otra y no pasa nada. Y si la sociedad sigue sin actuar, lamentablemente cada vez más estarán de este lado”, precisa la vocera del MovNDmx.
“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos y vivos los tienen que buscar”, por orden de prioridad, explica Grace, la búsqueda en vida de las y los desaparecidos debe ocupar el primer lugar en los intereses del Estado Mexicano para atender la crisis de desapariciones en el país; le sigue la identificación y la recuperación de todos los cuerpos y restos que se encuentran en fosas clandestinas; y, finalmente, garantizar el fortalecimiento de las instituciones:
“Estamos tratando de impulsar que esta administración entienda la importancia de que se tiene que atender todo, todo es urgente, todo tiene más de 10 años esperando respuestas y no podemos seguir esperando. Decimos sí la búsqueda y la identificación de los cuerpos, pero también como la ley lo privilegia: la búsqueda en vida”.
Así mismo lo reafirmó Rainer Huhle, ex-Relator de la ONU contra la Desaparición Forzada, en la presentación en Jalisco de la cartilla de “Los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas” creados por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas se basan en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en otros instrumentos internacionales relevantes.
Estos Principios Rectores buscan consolidar las buenas prácticas para la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, derivadas de la obligación de los Estados de buscarlas.
Los 16 Principios Rectores son los siguientes:
- La búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de vida.
- La búsqueda debe respetar la dignidad humana.
- La búsqueda debe regirse por una política pública.
- La búsqueda debe tener un enfoque diferencial.
- La búsqueda debe respetar el derecho a la participación.
- La búsqueda debe iniciarse sin dilación.
- La búsqueda es una obligación permanente.
- La búsqueda debe realizarse con una estrategia integral.
- La búsqueda debe tomar en cuenta la particular vulnerabilidad de las personas migrantes.
- La búsqueda debe ser organizada de manera eficiente.
- La búsqueda debe usar la información de manera apropiada.
- La búsqueda debe ser coordinada.
- La búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal.
- La búsqueda debe desarrollarse en condiciones seguras.
- La búsqueda debe ser independiente e imparcial.
- La búsqueda debe regirse por protocolos que sean públicos.
¿Qué necesita México para solventar la crisis de desapariciones e identificación forense? En palabras de nuestros entrevistados se requiere hacer lo siguiente:
- No olvidar que el más importante Principio Rector es: “La búsqueda en vida”.
- Aceptar y asumir que estamos inmersos en una crisis estructural que atenta contra nuestros derechos humanos.
- Generar estrategias de seguridad que inhiban la comisión del delito de desaparición.
- Abatir la impunidad y castigar a quienes comenten este delito.
- Activar el Mecanismo de Identificación Forense para saber: cuántos cuerpos de personas identificadas en realidad existen en el país y hacer un plan de acción para identificarlos a todos.
- Impulsar políticas públicas focalizadas en fortalecer las áreas forenses del país, lo cual debe incluir también el impulso a reformas educativas para generar nuevos especialistas forenses.
- Brindar verdadera independencia a las áreas forenses para realizar su trabajo de identificación y búsqueda.
