La histórica agencia de noticias Notimex llega a su fin tras una decisión polémica en el Senado, dividiendo posturas sobre el futuro del periodismo y el acceso a la información en México.
Por Redacción / @Somoselmedio
El Pleno del Senado aprueba la extinción de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con una votación de 62 a favor y 44 en contra. Este histórico organismo, fundado en 1968 durante los Juegos Olímpicos en Ciudad de México, llega a su fin tras enfrentar una huelga en febrero de 2020 debido a presuntas violaciones a derechos laborales bajo la dirección de Sanjuana Martínez.
El proceso de liquidación estará bajo la responsabilidad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, conservando Notimex su personalidad jurídica únicamente para este procedimiento, según detalla el documento aprobado por el Senado. La legislación extingue la ley que creó la Agencia de Noticias en 2006 y establece un plazo máximo de 10 días hábiles para las bases de liquidación, a cargo de la Secretaría de Gobernación.
El proceso de liquidación de Notimex incluirá indemnizaciones a los trabajadores, calculadas conforme a la Ley Federal del Trabajo vigente en el momento de la liquidación. El documento también menciona la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública para asegurar el cumplimiento legal de este procedimiento.
Los representantes de diferentes partidos expresaron sus posturas. Mientras José Antonio Cruz Álvarez Lima argumentó que la agencia ya no cumplía con su propósito original debido a la evolución de los medios, otros como Emilio Álvarez Icaza Longoria criticaron la desaparición de Notimex, considerándola un error que refleja una visión limitada del Estado Mexicano.
Las opiniones divergentes se hicieron evidentes en el Senado, con voces como la de Ruth Alejandra López Hernández de Movimiento Ciudadano, quien consideró la extinción como un golpe al derecho a la información y al trabajo de los periodistas, contrastando con la postura de Beatriz Paredes Rangel del PRI, quien respaldó el periodismo libre y democrático.
Esta decisión, con repercusiones en el ámbito de la información y los medios, divide opiniones y plantea interrogantes sobre el futuro del ejercicio periodístico en el país, así como el papel del Estado en garantizar el acceso a la información en un entorno mediático en constante evolución.
