Al menos 5 familias víctimas de feminicidio, con fotografías de su familiar en mano, informaron la integración de un frente común como asociación civil para exigir la detención de responsables, acompañamiento de los casos y la aplicación de un fondo económico que ayude al término de asuntos legales.
Las familias que se unieron a este frente común, entre ellas, expusieron diversas irregularidades en sus procesos judiciales para llevar a cabo la detención y sentencia de los perpetradores. Tal es el caso, familiares de María de los Remedios “N” y María Virginia “N”; madre e hija quien fueran asesinadas el 19 de julio de 2013, además de, Karla Yesenia Gómez Velasco (4 de julio de 2018) quienes los presuntos culpables aún no les ha dictado sentencia condenatoria.
Por su parte, familiares de Norma Cecilia López Alegría (12 de mayo de 2016) y Wendy Lizeth Ochoa Méndez (28 de abril de 2012), ambas, tienen procesos jurídicos donde los presuntos culpables de su asesinato José Alejandro Márquez y Jimmy Villatoro Arguello, fueron liberados respectivamente en 2018 y 2019.
También, asistieron familiares de Yuri Liseth Mendez Trejo (25 de noviembre de 2016), que hasta el momento, no se ha hecho una vinculación del delito al presunto feminicida.
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Pérdida
Maricruz Velasco, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco y vocera de las familias, expresó que enfrentar la pérdida de nuestras hijas o familiares ha sido muy difícil, ya que sus vidas se han detenido en el momento en que supieron que ellas ya no regresarían a casa.
Agregó que Chiapas ser mujer es un agravante para ser discriminada, violentada o asesinada. Pese a ello, las autoridades han hecho pocas o nulas acciones para prevenir, atender, sancionar y detener esta problemática. La negligencia y falta de interés de las autoridades ha ocasionado que, en México, diariamente mueran nueve mujeres por razones de género. Ante esta situación, surge la necesidad de organizarnos.
“Muchas de las familias aquí llevamos años entrando y saliendo de las Fiscalías, Juzgados, Tribunales, marchando, presentando documentos, testigos, asistiendo a audiencias, mendigando justicia para nuestras familias, para nuestra niñez huérfana” señaló.
Velasco manifestó “¿Cómo vivir con ese sentimiento de vacío, de soledad, de rabia? Hay días en los que nada parece tener sentido. Levantarse, comer, trabajar, dormir y al otro día nuevamente la rutina sabiendo que ellas no volverán”.
Fiscalía especializada
Alejandra Rovelo, abogada de la asociación, expresó a nombre de las familias la exigencia al Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General, procedimientos con perspectiva de género, tomada con seriedad y la instalación de Unidades de Contexto y Seguimiento de Víctimas de Feminicidio antes y después de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
La abogada puntualizó que ante los más de 200 femicidios y 500 muertes violentas que se han perpetrado desde la Declaratoria el pasado 18 de noviembre de 2016, se han tenido dilaciones en los procedimientos, falta de peritos y juegues especializados en perspectiva de género, además de la liberación de asesinos confesos por falta de documentación en las carpetas de investigación.
Por tanto, pidió a las autoridades estatales surja un Fiscalía Especializada en Delitos vinculados al Feminicidio, además de la activación de un fondo para víctimas, quienes se han quedado con hijos o trámites pendientes después de la muerte de sus familiares, así como la asesoría jurídica.