Ciudad de México, 16 de abril de 2021. En los dos primeros años del actual gobierno, 45 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México, documentó la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) en su informe Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020.
Del las personas asesinadas, 19 eran defensores comunitarios; 15 activistas en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; seis trabajaban el tema de la diversisad sexual; tres derechos civiles y políticos y dos eran comunicadores. Oaxaca, con 11 personas defensoras asesinadas; Chiapas y Chihuahua, con cinco en cada una de estas entidades; Guerrero y Morelos con cuatro, son las cinco entidades donde se registraron más homicidios de personas defensoras.
La Red considera que la respuesta gubernamental ha estado marcada por la inacción del Estado y por criminalización y estigmatización por parte de los tres niveles de gobierno y del sistema de procuración de justicia en contra de la labor de las personas activistas que defienden el territorio de sus comunidades ante mega proyectos de infraestructura y de minería, el agua y el medioambiente, así como los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, entre otros.
La Red TDT encontró que los activistas se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales.
“Los principales actores que buscan desacreditar y/o menoscabar la defensa de los derechos son las autoridades en sus tres niveles de gobierno, quienes a través de declaraciones o notas periodísticas, señalan a personas y organizaciones de tener ‘intereses ilegítimos’ o ‘estar financiados’ por opositores. Se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo una lógica de apoyo o no a la política federal y, en especial, a megaproyectos insignia”.
En cuanto al uso del sistema de justicia penal contra las personas defensoras, la Red documentó pruebas infundadas, acusaciones sin fundamento, testigos falsos, múltiples carpetas de investigación por persona defensora, el abuso de tecnicismos jurídicos y la utilización de la ambigüedad de la ley para detener y encarcelar personas defensoras, además, se caracterizan por ser procesos largos y tortuosos que buscan causar agotamiento de las personas judicializadas.
*Encuentra el informe completo en: https://redtdt.org.mx/semillas-de-dignidad-y-lucha-situacion-de-personas-defensoras-en-mexico-2019-2020/