Al presentar su informe anual sobre América Latina, Amnistía Internacional notó en México la persistencia de diversas violaciones y obstáculos a los derechos humanos.
Por Sididh
La organización internacional consideró que el nuevo gobierno federal mantuvo el enfoque militar para las labores policiales que había fracasado en gobiernos anteriores. Para ello se creó la Guardia Nacional, dándole amplios poderes en relación con la aplicación de la ley, el uso de la fuerza, la investigación de delitos —incluida la interceptación de comunicaciones privadas— y el control de los flujos migratorios. Además, el Congreso aprobó una ley nacional sobre el uso de la fuerza que no cumple con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
En otros aspectos, Amnistía Internacional advirtió que el arresto y la detención arbitraria siguen siendo generalizados y muchas veces derivan en otras violaciones a derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos. Además, en abril de 2019, una reforma constitucional amplió la lista de delitos a los que era aplicable la prisión preventiva oficiosa (obligatoria). Esta legislación impedía que los jueces evaluaran en cada caso la necesidad de la prisión preventiva y eludía la revisión periódica de la detención, con lo que violaba el derecho a la presunción de inocencia en los procedimientos penales.
En mayo, el Congreso aprobó una ley que exigía la creación de un registro nacional único para consignar todas las detenciones efectuadas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, destacó la organización, el gobierno federal y los gobiernos estatales no habían aplicado plenamente esa ley al concluir el año 2019.
Para AI, las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales siguen siendo motivo de preocupación, mientras los responsables gozan de una impunidad casi absoluta. Las autoridades federales declararon que, a 31 de diciembre, había al menos 61.637 personas desaparecidas.
En marzo, el Gobierno federal anunció el restablecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; reportó que, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, se habían encontrado 873 fosas clandestinas con 1.124 cadáveres; y el 30 de agosto, el gobierno anunció que México reconocería la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para examinar los casos individuales; sin embargó, subrayó, el terminar el año, dicho reconocimiento aún no había tenido lugar.
En cuanto a casos emblemáticos, Amnistía Internacional reportó la creación de una comisión especial sobre el caso de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa y la reanudación de la asistencia internacional sobre el caso. En cuanto al caso Alvarado Espinoza, la organización no percibió avances dignos de mención en el cumplimiento de la sentencia de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En informe también señala que la tortura y otros malos tratos seguían siendo un importante motivo de preocupación. Las investigaciones sobre los informes de tortura eran generalmente defectuosas, y las personas responsables rara vez comparecían ante la justicia.
El documento consigna que a partir de abril, el gobierno y las ONG redactaron el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que no se había hecho público al concluir el año.
En cuanto a la violencia de género contra mujeres y niñas, AI notó que seguía siendo generalizada. Las autoridades no investigaban esos delitos y los responsables rara vez comparecían ante la justicia. Las autoridades iniciaron 1.006 investigaciones sobre feminicidios.
La organización lamentó que las personas que defienden los derechos humanos siguieron sufriendo amenazas, acoso y ataques a causa de su trabajo; según Frontline Defenders fueron asesinadas al menos 23, de las cuales 14 eran defensoras de los derechos al territorio, la tierra y el medioambiente. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones sobre estos homicidios.
La organización también observó que las autoridades comenzaron el año proporcionando, como parte de un enfoque de la migración basado en los derechos humanos, miles de visados por razones humanitarias a las personas que llegaban en “caravanas” desde Centroamérica. Sin embargo, en junio esta política se había revertido, y se desplegaron 6.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera entre México y Guatemala. Además, los centros de detención migratoria registraron niveles de hacinamiento sin precedentes, y al menos tres personas —entre ellas una niña de 10 años— murieron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración en circunstancias relacionadas con su detención. Hubo varios casos de arresto y detención arbitraria y masiva.
Amnistía Internacional informó que también continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones e incluso los homicidios contra periodistas. Al menos 10 periodistas, hombres y mujeres, fueron asesinados. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos delitos.