Ciudad de México, 02 de octubre de 2017.- Como en gran cantidad de actuaciones irregulares en México por parte de autoridades en contubernio con la iniciativa privada, éstas son denunciadas por la sociedad durante años sin que ninguna instancia con atribuciones haga nada. Esto ha sucedido con la promoción inmobiliaria irregular en la Delegación Benito Juárez autorizada por administraciones panistas desde el año 2006, y hasta ahora que los sismos del 19 septiembre han sacado a flote las consecuencias de esa urbanización, todo mundo está volteando a ver el problema.
Con López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el año 2000 se implementó una medida que era razonable respecto a un conjunto de criterios de reordenamiento territorial. Con el objetivo de repoblar algunas de las delegaciones centrales que venían perdiendo habitantes a partir de los sismos del 85, para evitar el crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación que tienen algunas delegaciones, y con la finalidad generar una oferta de vivienda social, en el año 2000 se aprobó el denominado “Bando informativo 2”. La medida planteó que sólo se construiría vivienda en cuatro delegaciones (Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza), pero a la vuelta de 10 años se vio que en dichas demarcaciones no se logró la redensificación, que incluso algunas continuaron perdiendo población, y que la vivienda que se ofertó no tuvo nada de social.
En el caso de la promoción inmobiliaria en las delegaciones centrales como en BJ, se denunció desde un principio que era una promoción inmobiliaria irregular porque estuvo al margen de la ley: El permiso lo solicitaban haciendo referencia a la Norma 26 que otorgaba la posibilidad de cambio de uso de suelo bajo la condición de que el inmueble fuera para vivienda social, pero las buenas intenciones, como señala Aguayo (2013) se extraviaron en el remolino creado por la codicia de las inmobiliarias y la corrupción de los funcionarios. “Las maneras que encontraron para evadir el tope en el precio fueron la siguientes: 1) una empresa compra el terreno, obtiene permisos refugiándose en la Norma 26 y construye frenéticamente para burlar a los vecinos inconformes porque las nuevas construcciones afectan servicios y deterioran calidad de vida; 2) cuando el edificio está en la etapa de obra gris terminan un departamento para tomarle fotos, hacen la corrida financiera para demostrar que están en el precio fijado y obtienen el aviso de terminación de obra; 3) con ese documento venden el edificio a otra empresa y disuelven la compañía original; 4) la nueva empresa vende sin límites en el precio” (Aguayo, 2013, p. 2)
Ahora bien, la Norma 26 que fue el salvo conducto para brincarse la normatividad urbana de usos de suelo fue suspendida en agosto del año 2013. Sin embargo, la Delegación Benito Juárez continuó otorgando permisos de construcción y ha sido omisa en publicar la información como se lo ha requerido INFODF. A este respecto ha habido una negativa contundente desde hace años, la Dirección de Desarrollo Urbano de la demarcación ha justificado de muchas maneras (como el robo del equipo de computo donde se encontraba la información de los permisos en el año 2014) la falta de transparencia con dicha información. Es conocido de todos que Benito Juárez no sólo tiene el mayor número de desarrollos inmobiliarios edificados en los últimos años, sino que también registra la mayor cantidad de quejas presentadas ante las secretarías de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
Con la acción inmobiliaria especulativa en colonias como la Del Valle y Narvarte se ha incrementado el precio de casi todo como es el caso de la vivienda rentada; creció la oferta gastronómica y de servicios para otro perfil de habitantes –jóvenes con un nivel de ingresos más alto –, por lo que ha acontecido una situación de segregación urbana que desplazó a muchos habitantes de años que no pudieron continuar pagando la renta de su vivienda.
Los sismos del 19S han evidenciado las irregularidades en cuanto al cumplimiento de la normatividad de construcción. Diversos medios han señalado que las regulaciones de construcción en la CDMX se apegan a altos estándares, pero que en la práctica no se cumplen. Los directores responsables de obra (DRO) son contratados por los mismos desarrolladores, por lo que ha habido un conflicto de interés que va en detrimento de los estándares.
En un artículo del New York Times acerca del sismo del 19S, se hace referencia a un estudio realizado por la UNAM en el que se revisaron alrededor de 150 edificios construidos después del 2004, cuando aplicó una nueva regulación de construcciones. Se encontró que en muchos de esos edificios no se cumplía con los estándares oficiales, y que en varios casos, los edificios revisados ni siquiera tenían el papeleo suficiente de planos y otros factores como para revisar por completo el cumplimiento.
Otro factor que se ha señalado incidió en el impacto que tuvo el sismo en Benito Juárez, es el peso que se le ha cargado al suelo con la promoción inmobiliaria en los últimos 15 años. Ha sido común que las desarrolladoras cuando escavan, encuentran agua la cual han extraído arrojándola directamente al drenaje las 24 horas del día, lo que impacta directamente en el reblandecimiento del suelo.
Hoy muchos vecinos de Benito Juárez se encuentran en una situación delicada, algunos perdieron a familiares y amigos en los edificios colapsados, muchos otros están en riesgo de perder su patrimonio ya que la delegación les ha notificado que su vivienda está en riesgo de derrumbarse.
