El pasado 10 de junio, la REDAVI convocó a una protesta con el fin de frenar la legislación de una ley que privatizará los servicios de Agua y Saneamiento en Querétaro, ante ello, elementos de la policía estatal de ese estado con uso excesivo de violencia, reprimieron y vulneraron los derechos de los asistentes y defensores del agua, según afirma Agua para Todxs.
Por: Noemi Otañez/ @NoemiOtanz / @somoselmedio
La Red de Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) emitió, a través de una rueda de prensa, este miércoles 20 de julio, su pronunciamiento sobre la situación de violencia de estado contra los defensores del agua y el territorio en Querétaro, exigiendo el cese inmediato de la represión y estigmatización de la protesta en todas sus formas, la agresión y persecución de personas defensoras del agua y el territorio en el estado, además de que sean retirados los cargos por delitos a las tres personas detenidas en la protesta y que se haga efectivo el Acuerdo de Escazú por parte del gobierno de Querétaro.
- De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Agua para Todxs, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, promueve la privatización del agua por medio de una ley que opera bajo la lógica de mercado en beneficio de capitales privados e inmobiliarias, por ello la REDAVI, exigió, el 10 de junio, un diálogo para derogar dicha ley.
En la rueda de prensa se expuso que la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, se aprobó y se publicó, del 18 al 21 de mayo respectivamente, con una inusual rapidez. Esta ley, señalan, es mercantilista ya que, mediante concesiones se busca que brinden los diferentes servicios asociados al agua, sin que se contemple el bienestar social ni ambiental.
Por ello, comunidades y pueblos urbanos, rurales, e indígenas, colectivos de ambientalistas, académicas, feministas, juventudes, organizaciones civiles, y redes nacionales de Agua, se movilizaron para disminuir los potenciales impactos a los derechos humanos que esta ley causa, y exigir el veto y abrogación de la ley.
No obstante, la respuesta por parte del gobierno de Querétaro, ante la legítima lucha en defensa del agua, fue “la represión y la violencia de estado materializada en violaciones a nuestros derechos humanos y a la criminalización de nuestro movimiento” señalaron en la rueda de prensa; también se mencionó que el movimiento es estigmatizado, señalando que el movimiento en defensa del agua y la vida es“desinformación”.
En la represión del pasado 10 de junio, elementos de la policía, detuvieron a tres personas violenta y arbitrariamente quienes estuvieron incomunicados y desaparecidos durante varias horas, esos defensores del agua, sufrieron tortura física y psicológica, según informan. Gracias a la presión social y a las movilizaciones lograron la liberación de las tres personas, sin embargo, la fiscalía de ese estado, les imputó cargos por delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte, desobediencia y resistencia de particulares, por lo que su seguridad está aún en riesgo, expresaron en el pronunciamiento.
Además de estos casos, 4 días después de la concentración, fue hostigado e intentado detener de manera arbitraria, un integrante de la Confederación Indigena del Barrio de San Francisquito y, se suma la persecución emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el consejero ciudadano Bernardo Romero Vazquez, quien declaró a medios de comunicación que la CNDH junto con la CNDH Querétaro, rechazaron la petición ciudadana de ejercer acción legal frente a la ley aprobada.
“Estos hechos no son aislados, lo acontecido en Querétaro alrededor de una ley que pone en riesgo derechos, ecosistemas y justicia hídrica, se da en un contexto de racismo y agresión hacia personas y comunidades defensoras de la tierra” indicaron en el pronunciamiento en Defensa del Agua y la Vida.
Roberto Garrido, integrante de la REDAVI, recordó en la rueda de prensa, que el pasado 10 de junio, afuera de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, se llevó a cabo una protesta pacífica y apartidista con la única intención de abrir una mesa de dialogó con las autoridades, sin embargo señala que el diálogo no llegó, pero en cambio llegaron policías protegidos de pies a cabeza y que sin decirles nada comenzaron a golpearlos y empujarlos y que incluso lo asfixiaron por un más de un minuto, además de que lo privaron de su libertad sin justificación.
Ante estos hechos Roberto Garrido sostiene que los actos cometidos contra él y sus dos compañeros fueron actos de naturaleza arbitraria que violaron sus derechos humanos, por lo que solicita a las autoridades el cierre de sus procesos penales.
“Nosotros defendemos y reproducimos la vida, no somos criminales” comentó Roberto Garrido defensor del agua en Querétaro.
Por su parte, Sara Hernandez Jimenez de Santiago Mexquititlán, quien estuvo presente en la rueda de prensa de la REDAVI, solicitó el cese del hostigamiento y persecución política de los que se organizan con el fin de defender el pozo del Barrio cuarto de Mexquititlán, así como de las personas que están en contra de la privatización del agua.
Sara Hernández dijo, “Describir cada una y la mayor parte de las violaciones sistemáticas neoliberales del estado de Querétaro en contra de Santiago Mexquititlán es el reflejo actual del incremento brutal de la violencia a nivel nacional e internacional”.
Por lo anterior sostiene “vemos que la defensoría de derechos humanos, la CNDH, no protege los principios de los derechos humanos y se prestan a ser juez suplantando la responsabilidad que debiera de asumir la Suprema Corte de Justicia” Sara Hernández defensora indígena.
Claudia Romero, integrante legal de la REDAVIL, señala “el estado tuvo una respuesta activa, una respuesta que pone todavía más en riesgo los derechos humanos del agua de Querétaro”.
A la rueda de prensa también acudió Alejandra Sanchez, antropóloga y docente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sanchez mencionó que también acudió a la protesta el 10 de junio con el fin de dialogar pero que fueron recibidos con “palos”, Alejandra Sanchez, miembro de la REDAVIL, enmarcó que los demás miembros de la Red de Defensa del Agua y la Vida, sufren violencia, simbólica y sistemática, psicológica y emocional, física, económica, violencia patrimonial “como las pipas como moneda de cambio”y, la violencia política y cibernética.
“[…] en este sentido se nos ha criminalizado y así mismo se ha recibido acoso, es decir, violencia cibernética. Esto es importante enmarcarlo como una violencia estructural” señaló la defensora del agua, después de mencionar los tipos de violencia que sufren los miembros de la REDAVIL.
Finalmente Teresa Roldán ambientalista en Querétaro, indicó que en ese estado “ser defensor de los derechos humanos es sinónimo de ser criminal […] ser defensor ambiental en el estado de Querétaro significa ser tratados de una forma por demás agresiva”.
Roldán hizo un llamado al gobierno estatal y a la Legislatura “para que a la brevedad posible se implementen los principios del parlamento abierto y se elabore un protocolo para dar total cumplimiento al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, por medio del Acuerdo de Escazú que se rige en la América Latina y el Caribe […] esto nos garantiza un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de los derechos humanos y sentir que estamos verdaderamente respaldados”.
La coordinadora de Agua para Todxs, señaló “la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, es una situación que se quiere copiar en varias ciudades y estados, como el día de hoy es el caso de Puebla,en cuatro días, esta Ley fue aprobada a puerta cerrada”.
El gran cáncer que tenemos en México, está provocando sequías, desabasto y una inequidad en el recurso hídrico, y es una obsoleta Ley de Aguas Nacionales, promovida en 1992, la cual pone el agua en manos del mercado (inmobiliarias, refresqueras, cerveceras, la industria minera); 2,200 millones de mexicanos no tienen aceso al agua, señaló enérgicamente la coordinadora de Agua para Todxs.
“Tenemos la Propuesta de Proyecto de Dictamen articulado y esta esta parada, porque nuestras autoridades que dicen estar a favor de los pueblos, no están legislando a favor de los pueblos, están legislando a favor de las empresas y criminalizando a quienes defienden el agua”, señaló.
“No a la privatización del agua en México” afirmó la coordinadora de Agua para Todxs.
La propuesta de dictamen está garantizada en el Art. 4 constitucional, avalada por más de 198 mil firmas y construida por mesas de trabajo y pueblos expertos en el recurso hídrico.
La rueda de prensa terminó al grito unísono de los miembros y defensores del agua, ¡El agua es vida! ¡El agua es un tesoro que vale más que el oro! ¡El agua no se vende, se ama y se defiende! ¡No es sequía es saqueo!
