Madres y padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa protestan por parcialidad y obstáculos en el sistema judicial mexicano.
Por Redacción / @Somoselmedio
En la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2023, madres, padres, estudiantes normalistas y diversas organizaciones se congregaron frente al Poder Judicial de la Judicatura Federal para exigir respuestas a los obstáculos e irregularidades que obstaculizan la búsqueda de verdad y justicia en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos.
Hace algunas semanas, las familias presentaron un recurso de amparo contra el juez que permitió que la defensa de los militares acusados en el caso citará al ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), periodistas y al Subsecretario de Derechos Humanos. También cuestionaron el cambio de medidas cautelares para los militares acusados de delincuencia organizada, solicitaron la suspensión definitiva para evitar la destrucción o modificación de documentos relevantes y manifestaron su preocupación por la transferencia del caso Ayotzinapa a instancias judiciales locales.
Ante estas irregularidades, las madres y padres decidieron expresar su descontento en el Consejo de la Judicatura Federal, buscando llamar la atención de un poder judicial que, según ellos, no garantiza el derecho a la verdad y a la justicia.
La manifestación comenzó con la solicitud de una mesa de diálogo con las autoridades apenas unos segundos después de llegar al Consejo de la Judicatura. Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias, destacó la aparente parcialidad del poder judicial en el manejo de los casos relacionados con los militares y cuestionó por qué algunos procesos, como el de Alejandro Tenexcalco, se transfieren a juzgados locales en lugar de permanecer en instancias federales en Guerrero.
Desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló la implicación del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, las investigaciones han enfrentado numerosos obstáculos. Rosales denunció la parcialidad del poder judicial en los juicios contra militares, citando un caso donde la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria se modificó rápidamente sin una evaluación adecuada de riesgos.
Además, se ha solicitado durante dos años la consolidación de todos los procesos relacionados con Ayotzinapa en un solo juzgado para evitar criterios contradictorios entre diferentes tribunales. Hilda Legideño, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, mencionó que un informe entregado por Alejandro Encinas, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, debe ser analizado con atención, ya que las familias han sentido que se les ha mentido.
Las familias continúan cuestionando la actuación de las instituciones gubernamentales encargadas de impartir justicia, y a nueve años de la tragedia, siguen en busca de respuestas. En particular, expresan su preocupación por la aparente retención de información por parte del ejército mexicano.
Las y los normalistas se sumaron a la demanda de encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos y criticaron las irregularidades del poder judicial que han causado sufrimiento a las familias al negar información.
Vidulfo Rosales advirtió que, si no se les recibía para dialogar, podrían considerar la instalación de un plantón en el Consejo de la Judicatura. Después de una hora de espera, las autoridades finalmente accedieron a dialogar con las familias.
En la reunión, se discutieron varios temas, incluyendo el cambio de medidas cautelares a favor de militares, la acción de la defensa de los militares para interrogar a miembros del GIEI y otros actores, y la concentración de expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa. Se acordó una próxima reunión para analizar la concentración de expedientes y se instó al Consejo de la Judicatura a estar atento a las decisiones judiciales emitidas.
Finalmente, las familias subrayaron que la búsqueda de información sobre el paradero de los 43 ya no es un asunto meramente jurídico o de debate político, sino que está en manos del sistema judicial. Dejaron claro que su confianza en el poder judicial está en juego y esperan un compromiso más firme por parte de las autoridades.
