Integrantes de Los Pueblos Creyentes de San Cancuc en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denuncia la fabricación de delitos por parte de instancias de justicia gubernamentales en contra defensores y defensoras de derechos humanos de Chiapas.
Por Abraham Reyes García/ @Abraham_ ReyesG
03 de agosto de 2023 Chiapas, México – En conferencia de prensa llevada a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La conferencia se realizó con el propósito de denunciar el patrón de tortura y fabricación de culpables por parte del Estado mexicano y la Fiscalía de Justicia Indígena de los Altos de Chiapas contra defensores de derechos humanos indígenas en la región.
La conferencia estuvo a cargo del abogado Víctor Gálvez y estuvieron presentes Petrona Hernández Cid Pérez representante de los familiares presos en lucha de San Juan Cancuc; Miguel Montoya padre y vicario de la justicia y la paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas; y Mario Ortega representante del Frayba.
Se expusieron dos casos que ejemplifican esta situación:
Caso 1: de Manuel Gómez Vázquez: Miembro de la Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), él fue detenido arbitrariamente en diciembre de 2020. Fue acusado injustamente de un delito que no cometió, sometido a tortura y desaparición forzada, y posteriormente procesado penalmente. A más de dos años de su detención, permanece en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia, en violación de los plazos establecidos por la Constitución mexicana.
Caso 2: de 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, todos indígenas tzeltales. Ellos fueron detenidos de manera arbitraria y acusados falsamente de delitos, entre ellos portación de droga y un homicidio a un policía del que acusan que no cometieron, y posteriormente llevados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados” (CERSS) No.5. Estas detenciones forman parte de una estrategia para reprimir la defensa del territorio y la vida de los pueblos originarios en la región.
En ambas situaciones se documentó un patrón sistemático de criminalización llevado a cabo por el gobierno de Chiapas. Se resaltaron prácticas como la participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indígena, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva, participación de fuerzas armadas y autoridades comunitarias, entre otras.
El Frayba denunció que esta criminalización no solo afecta a las personas detenidas, sino que también es una agresión a toda la comunidad, con el propósito de anular a quienes defienden sus derechos humanos y el territorio desde su identidad como pueblos originarios.
Por ellos se pidieron a la Comisión Nacional de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, presentar estos sucesos a las instancias tanto nacionales como internacionales para visibilizar las situaciones de amenaza y privación de la libertad que padecen las y los defensores de los derechos humanos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
También exigieron a los tres poderes del gobierno mexicano más respeto con las comunidades indígenas de la región y que “dejen de criminalizar a las y los defensores de los derechos humanos y garantizar el ejercicio de su labor en el estado de Chiapas”.
“Que el gobierno y reconozca respete el reglamento interno de las comunidades, que favorezcan el cuidado de la tierra y el agricultor, que el gobierno deje de promover a política extractivista y de militarización del Estado de Chiapas ya que favorece la entrada de empresas nacionales y transnacionales para despojar a los pueblos de sus derechos colectivos y bienes naturales” dijo el padre Miguel Montoya.
La conferencia también incluyó la lectura de una carta de los compañeros detenidos en San Juan Cancuc, por parte de Petrona Cid Pérez en ella denuncian la fabricación de delitos y exigen su libertad.
Además, se anunció que el Frayba y otras organizaciones lanzarán una campaña para visibilizar estos casos y combatir la impunidad y la criminalización en Chiapas.
