Por medio de un boletín, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) indica que para frenar la violencia que se vive en el estado de Chiapas es necesario conocer y reconocer las dinámicas actuales de control social y territorial, así como los impactos en la vida de las personas y las comunidades afectadas.
Por Astrid Salgado / @AstridGSG
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de abril del 2024. El Frayba, por medio de un boletín, menciona que durante 35 años ha documentado y denunciado diferentes violaciones a los derechos humanos en Chiapas, ofreciendo acompañamiento a las víctimas, familiares y procesos colectivos organizados, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno.
“Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político-electoral. Durante estas tres décadas y media conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación, nuestro corazón está en el Chiapas de abajo.” alude el boletín.
El Frayba ha constatado y visibilizado que al menos desde el mes de junio del 2021, la situación de violencia en el estado se ha profundizado, debido a la disputa criminal por el control del territorio. Esta situación ha provocado que existan confrontaciones entre grupos delincuenciales, en el intento de controlar la vida social, económica y política de las comunidades estos grupos realizan estrategias de terror, trayendo consecuencias en la población chiapaneca, siendo las principales afectadas las regiones de la Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.
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“Hemos fundamentado, a la par y en conjunto con otras voces, que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la Delincuencia Organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros.” afirma el boletín.
Autoridades y asambleas comunitarias han estado bajo el control de los bandos de la delincuencia, los cuales han sometido a la población a sus intereses y a su hegemonía territorial. Han obligado a los transportistas, comerciantes y otros gremios a alinearse a las organizaciones que se configuran como su brazo civil, de igual manera haciendo que paguen el “derecho de piso”. Al presentar resistencia a esto las personas han sido castigadas con asesinatos, desapariciones o castigos físicos en público.
Existen estrategias de guerra que aíslan a las comunidades, se les corta el agua potable y la energía eléctrica, los alimentos escasean; hospitales, escuelas y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente debido a que no existen condiciones de seguridad para el personal. Los pobladores suelen quedar entre confrontaciones armadas, causando terror y riesgo de muertes por el fuego cruzado y desplazamientos masivos.
Este control territorial restringe la libre circulación debido a que los grupos delincuenciales instalan retenes en donde la población es obligada a ir. “Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos.” se lee en el boletín del Frayba.
El pasado 22 de abril en Motozintla, reporteros al igual que la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum vivieron este tipo de controles carreteros.
Existen cifras negras que son incalculables, se tiene conocimiento de un mínimo porcentaje de casos que se han denunciado por el riesgo que esto implica y la desconfianza que se tiene a las instituciones.
Es imprescindible que se asuma el subregistro de los delitos y violaciones graves a los derechos humanos, así como las diferentes formas de control y las diversas violencias cotidianas que sufre la población chiapaneca. Es de suma importancia que esta problemática no sea minimizada debido a su magnitud, el Estado debe garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas.
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El Gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave violencia que enfrenta el estado de Chiapas para poder romper los mecanismos de impunidad.
“Al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible.” finaliza el boletín.
