Por Cristian Jiménez Machorro
Dos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de la infancia de Homún, el gobierno del estado de Yucatán realizó un operativo y clausuró los paradores de los más visibles defensores del agua de este pueblo maya.
Así lo denunció la organización maya Indignación, quienes resaltaron que estas medidas tomadas por parte del gobierno del estado de Yucatán tienen la finalidad de castigar a los principales activistas que consiguieron la suspensión definitiva de la granja porcina perteneciente a la empresa “Producción Alimentaria Porcina” (PAPO).
La organización explicó a través de un comunicado que dos días después de la ratificación de la suspensión definitiva de la fábrica, la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), clausuraron paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva.
Ante estos hechos, Indignación calificó a este operativo como un acto de represalia y resaltó su preocupación ante una posible criminalización contra defensoras y defensores del medio ambiente y los derechos de los pueblos mayas.
Según la información brindada por “Indignación”, hace dos años, en una mesa de diálogo, la empresa Producción Alimentaria Porcina, se levantó lanzando la amenaza “si quiero le mando a cerrar los cenotes”.
Por lo que la organización no descarta que las clausuras sean parte de una represalia en contra de quienes lograron obtener la suspensión contra la granja porcina, misma que fue impulsada para que los niños y niñas de la comunidad lograran vivir con su derecho a la salud, al medio ambiente y a una vida digna.