La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una medida cautelar dirigida a autoridades federales y estatales de Chiapas para que amplíen sus medidas a favor de personas migrantes, ya que en su tránsito por la frontera sur de México viven condiciones de hacinamiento, debido a sobrepoblación en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), así como lentitud de trámites.
El organismo nacional detectó situaciones contrarias al respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras ubicadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente Internacional Rodolfo Robles, en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) y en el albergue instalado en el Municipio de Mapastepec, en dicha entidad.
Ya que se cumplen los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, por lo que procede la solicitud de tales medidas y la ampliación de las emitidas previamente. Por lo que se solicitaron al INM proporcionar atención y asistencia urgente a las personas alojadas en la EMSXXI para garantizarles estancia digna con pleno respeto a sus derechos humanos, estableciendo criterios operativos rápidos y ágiles, acordes con su capacidad de alojamiento, y con los servicios y atención que otorga, que sean aplicados también en las entradas y salidas de personas detenidas y en aquellas ya resueltas en sus procedimientos migratorios.
Además, la CNDH indicó que se requiere canalizar a personas en contexto de migración a distintas estaciones migratorias para disminuir la sobrepoblación, agilizar procedimientos administrativos de las personas alojadas, explorar alternativas en la detención, principalmente de personas en situación de vulnerabilidad y de solicitantes de la condición de refugiado en tanto se determina el procedimiento, brindar información clara, precisa y suficiente sobre plazos y posibles resoluciones a quienes iniciaron trámites migratorios, así como el lugar donde se les dará a conocer dicha determinación.
Asimismo se solicita que en la EMSXXI haya personal médico suficiente en todos los horarios y especialistas en pediatría ante el elevado número de personas menores de edad; que conjuntamente con la Secretaría de Salud del estado de Chiapas realicen brigadas de asistencia médica con suficiente dotación de medicamentos y personal de psicología para brindar atención adecuada a la salud emocional y mental,
También con la Coordinación Nacional de Protección Civil se realicen las acciones procedentes para efectuar el pago a las personas extranjeras contratadas en Mapastepec por la prestación de sus servicios dentro del programa de empleo temporal de la Secretaría de Bienestar, coordinado por dicha instancia nacional de protección civil.
A las Procuradurías Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la del estado de Chiapas se les pide que, ante la situación de urgencia por hacinamiento y sobrepoblación en la EMSXXI, se protejan los derechos de las personas menores de edad, de acuerdo con la determinación de su interés superior, y se dicten las medidas que se requieran para la restitución de derechos, en atención a la situación específica de cada uno de ellos y la unidad familiar.
La CNDH en las labores de acompañamiento y atención ha observado que en la unidad deportiva de Mapastepec, habilitada como albergue hay alrededor de 1,700 personas migrantes y en otro terreno aledaño aproximadamente 1,500, siendo que los primeros ya fueron registrados, no obstante su trámite no ha sido determinado, lo que provocó enojo en algunos de ellos que indicaron haber sido engañados por agentes migratorios quienes les informaron que sus trámites pueden durar entre 15 días, 2 o incluso 6 meses, por lo que la falta de información concreta motivó una protesta violenta teniendo que intervenir la Policía Federal.
De igual manera, se advirtió que en el parque central de Tapachula hay cerca de 2,000 personas en contexto de migración que salieron rumbo a Huixtla en dicho estado, y en la EMSXXI se reportó una población superior a 2,000 personas, lo que representa más del 200% de su capacidad que es de 960 personas. En cuanto a las personas extracontinentales que están afuera de dicho recinto migratorio la CNDH continúa dando seguimiento a las medidas cautelares emitidas el pasado 10 de abril, corroborando que varias de ellas, ya están siendo alojadas en la citada estación para posteriormente ser trasladadas a la estación migratoria de Acayucan, Veracruz lugar en donde se les determinará su situación legal.
En cuanto a las personas originarias de Cuba, se observó que la mayoría ha recurrido a abogados y gestores para tramitar amparos que eviten su deportación; sin embargo, también la CNDH tuvo conocimiento que, toda vez que el mismo amparo no tiene efectos que permitan transitar por territorio mexicano, algunas decidieron continuar su camino hacia los Estados Unidos de América, pero varias de éstas fueron aseguradas por agentes migratorios y conducidas a diversos recintos migratorios, entre ellos a la propia EMSXXI. En las entrevistas que personal de la CNDH realizó a las personas de nacionalidad cubana manifestaron su deseo de desistirse del amparo y solicitar a México el reconocimiento de la condición de refugiado.
Sobre las 1,600 personas migrantes ubicadas en el Puente Rodolfo Robles, se pudo constatar por la CNDH que fueron registradas rápidamente, se les proporciona ayuda humanitaria y atención médica, habiéndoles indicado la autoridad migratoria que se les otorgará la tarjeta de visitante regional con posibilidad de trabajo, o bien visa de trabajador fronterizo.
La solicitud de esas medidas cautelares fue suscrita por el Quinto Visitador General de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, y se dirigieron al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López; Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, David León Romero; Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Martha Yolanda López Bravo; Secretario de Salud del Estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, y Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia en el Estado de Chiapas, Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez.