Por Tlachinollan / @Tlachinollan
Tlapa, Guerrero, a 9 de agosto de 2022. En el marco del día internacional de los Pueblos Indígenas en Guerrero no tenemos nada que festejar. Los municipios indígenas y Afromexicano de la Montaña y la Costa Chica siguen en los niveles más altos de marginación y pobreza. El derecho a la salud, alimentación, educación y vivienda es denegado por el gobierno que despliega una política social asistencialista que solo profundiza la pauperización de los niveles de vida de los pueblos indígenas.
Se sigue negando el reconocimiento de iure y de facto de los derechos de los pueblos indígenas tales como la autonomía y libre determinación para decidir sus propias formas de organización política, social y económica, su autogobierno, el ejercicio de sus sistemas normativos y la propiedad ancestral de sus tierras, territorio y bienes naturales.
Los gobiernos neocoloniales continúan discriminando, ninguneando y criminalizando a los pueblos indígenas.
Pese a las políticas sociales de los gobiernos de las últimas décadas los datos oficiales siguen colocando a los pueblos indígenas en situación de pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el estado de Guerrero existen 2 millones 363 mil 200 personas en pobreza, equivalente al 66. 4 por ciento, mientras que 907 mil 600 en pobreza extrema, lo que representa el 25.5 por ciento de la población. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) establece que el estado de Guerrero tiene un grado de marginación muy alto, ocupando el primer lugar a nivel nacional. La mayoría de estos índices de precarización se encuentran en las poblaciones indígenas. Mientras que el INEGI refiere que para el 2020, cinco municipios con 9.1 por ciento de pobreza extrema siguen siendo Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca y Acatepec, todos de la región de la Montaña, Guerrero.
Por otro lado, el gobierno federal y estatal se han negado a realizar un reconocimiento constitucional, incumpliendo con su deber de armonizar los tratados internacionales con el marco normativo interno. Por ejemplo, el instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI) mandó la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano al presidente de la república, desde el 28 de septiembre de 2021, sin que a la fecha se le haya dado trámite legislativo.
En el estado de Guerrero el panorama es gris para los pueblos indígenas ya que en el 2018 el ejecutivo estatal realizó una reforma a la constitución estatal y otras leyes secundarias sumamente regresivas y sin consultar lo que habría provocado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional tales reformas. La legislatura actual con el pretexto de cumplir este fallo ha simulado una consulta, burlándose de los pueblos indígenas y afromexicano y ha realizado reformas a la constitución local y otras leyes secundarias mucho más regresivas que las del 2018.
Por lo demás, las instituciones estatales siguen criminalizando el ejercicio de los sistemas normativos y el autogobierno de los pueblos indígenas y afromexicano, y negando su derecho a la propiedad ancestral de la tierra, territorio y bienes naturales. Las autoridades indígenas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) enfrentan más de 40 acciones penales por realizar tareas de seguridad, justicia y reeducación en sus territorios. Los jueces federales de amparo restan valor a los informes que rinden las autoridades indígenas y les inician procesos penales por desacato como sucedió con las autoridades comunitarias de la casa de justicia del Paraíso del municipio de Ayutla de los Libres. Desde las esferas del gobierno se despliegan campañas de fiscalización y descalificación contra el municipio indígena de Ayutla. Se crean al interior de sus territorios nuevos municipios para medrar su lucha por los derechos de su población.
De igual manera se siguen otorgando concesiones por más de 50 años a empresas mineras extranjeras sin consultar a los pueblos indígenas y no se establecen obligaciones a las empresas mineras para evitar los daños ecológicos y al medio ambiente en los lugares donde realizan sus operaciones. Estas circunstancias no fueron consideradas por el gobierno federal en la reciente reforma a la ley minera. Aun cuando mantiene un discurso de no otorgar los recursos naturales a entes privados.
Es evidente que los pueblos indígenas seguimos siendo discriminados y ninguneados por gobierno neocoloniales que solo nos estereotipan y folklorizan, pero que se niegan a reconocer nuestro derecho a ejercer nuestros sistemas normativos, a tener nuestro propio gobierno y la propiedad de nuestras tierras, territorio y bienes naturales. Quienes dirigen el poder ejecutivo, legislativo y judicial despliegan actitudes racistas y discriminatorias contra los dueños originarios de estas tierras y nos siguen considerando ciudadanos de tercera y sin derechos.
Por todo lo anterior, exigimos que se implementen políticas sociales que empoderen a los pueblos indígenas y les permitan a acceder plenamente al derecho a la salud, educación, vivienda y alimentación, se reconozcan de iure y de facto sus derechos y no se criminalice el ejercicio de sus sistemas normativos, gobierno y el uso y disfrute de sus tierras y territorios.
