La empresa minera Grupo México busca imponerse y evadir su obligación de cumplir con las medidas adicionales dictadas por la Semarnat para proteger el medio ambiente sano y los derechos humanos, según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por Redacción / @Somoselmedio
A través de un comunicado los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron que la empresa Grupo México busca evadir su obligación de cumplir con la resolución de medidas adicionales dictadas por la Semarnat para proteger el medio ambiente sano y los derechos interrelacionados a favor de las personas, como señala la sentencia de la SCJN.
Los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron que la empresa minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, construyó una megapresa de jales mineros sin la consulta previa de la comunidad de Bacanuchi, lo que generó afectaciones a los derechos humanos de más de 22,000 personas de ocho municipios en 2014.
Ante lo anterior, la comunidad presentó un amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvió a favor de la comunidad en 2018, reconociendo su derecho a participar en asuntos que afectan el medio ambiente sano y otros derechos esenciales para su supervivencia.
En julio de 2020, las autoridades ambientales impusieron medidas preventivas adicionales a la empresa como parte del cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, la empresa alegó que existe un exceso en el cumplimiento, ya que la sentencia no tenía como objetivo que las autoridades ambientales impusieran medidas de prevención adicionales a las que les habían sido establecidas en la autorización de la presa de jales. Además, afirmó que las medidas adicionales fueron impuestas sin exponer las razones de su necesidad, dado que el informe preventivo ya cumplía con las medidas necesarias para proteger el medio ambiente.
Ante esto, la comunidad de Bacanuchi interpuso un recurso de reclamación en enero de 2023 contra la resolución de la magistrada instructora del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que determinó suspender las medidas adicionales a favor de la empresa minera.
Por lo que la comunidad los Comités de Cuenca Río Sonora y la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), solicitaron resolver este recurso, ya que la empresa busca evadir su obligación de cumplir con las medidas adicionales dictadas por la Semarnat para proteger el medio ambiente sano y los derechos interrelacionados a favor de las personas.
Es importante señalar que la empresa ha tenido problemas con las autoridades ambientales en el pasado. En 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició un procedimiento administrativo en contra de Buenavista del Cobre por presuntas infracciones al marco normativo ambiental.
Por lo que destacaron que es necesario que el Estado mexicano, a través de sus organismos jurisdiccionales, rectifique el rumbo en este juicio y deje claro su rechazo a la captura corporativa, asegurando el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.
La comunidad de Bacanuchi han denunciado en diversas ocasiones que ha sufrido las consecuencias de la actividad minera sin haber sido consultada en proyectos que afectan su entorno y su supervivencia. Por lo que es necesario que las empresas mineras respeten los derechos humanos y el medio ambiente sano, y que se garantice la participación de las comunidades en los proyectos que las afectan.
“El Estado debe cumplir su responsabilidad de proteger los derechos humanos y el medio ambiente sano, y sancionar a las empresas que no cumplen con la normativa ambiental y los derechos humanos.”
Por todo lo anterior, La Comunidad de Bacanuchi lanzó una petición en la plataforma Change.org, que se resuelva favorablemente y con urgencia el recurso de reclamación.
