Por Dalia Mtz / Damnificada del sismo del 19 de septiembre de 2017
Imagínate que trabajas ininterrumpidamente durante 30 años para lograr que tu familia tenga un hogar y que tú tengas un espacio seguro donde envejecer. Pagas tus impuestos puntualmente, eres un buen ciudadano y confías en tu gobierno, creyendo que las cosas funcionan bien. Sin embargo, un día ocurre un sismo y toda esa seguridad se desvanece. Te encuentras en la calle, tienes más de 60 años y has perdido el patrimonio que con tanto esfuerzo construiste. Te vuelves hacia el gobierno en busca de ayuda y, efectivamente, el Gobierno de la Ciudad de México crea un programa para atender la emergencia con base en donaciones internacionales de países y particulares, donaciones nacionales y el Fondo para Desastres Naturales, el cual se creó con tus impuestos y los intereses acumulados a lo largo de los años. Se suponía que ese fondo estaba diseñado para atender a la población en caso de emergencia y protegernos a todos, ¿o no?
Aliviado por este hecho, acudes al gobierno, cumples con todos los requisitos necesarios: ser propietario, acreditar el daño grave o la pérdida de tu hogar mediante un dictamen y presentar la documentación en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Es ahí donde comienza el verdadero calvario.
El gobierno dice que te ayudará, pero nunca te proporciona documentación que respalde dicho proceso. Te sacan de tu casa, o lo que quedaba de ella, sin un acta de entrega o testigos siquiera. Te hacen firmar un Convenio de Aplicación de Recursos que te reconoce como damnificado, pero también te obliga a entregar toda la “ayuda” monetaria al mismo gobierno para que ellos le paguen a los proveedores que ellos mismos seleccionan. Te hacen firmar los contratos con los proveedores, lo que implica que tú serás el responsable en caso de que no se les pague. Te expropian sin proporcionarte documentación que garantice lo que tenías antes. Además, dejan de pagarles a los proveedores, quienes te demandan, pero ya no tienes una casa con la cual garantizar el pago. Entonces, ¿qué sigue? ¿Irás a la cárcel? Las obras quedan detenidas por impago durante uno, dos, tres años, y ya no sabes qué va a suceder. Por más que pides una audiencia con el gobierno para saber qué pasará a continuación, te dicen que todo está bien, que “siguen avanzando”, “que hay suficiente dinero”, “que casi han terminado con la Reconstrucción”. Sin embargo, tú sigues en la misma situación, sin casa, viviendo lejos, como un arrimado, solicitando permisos en el trabajo una y otra vez para que te permitan atender tus asuntos, realizar trámites y asistir a reuniones, perdiendo todo el día en ello. Cada día estás más cansado, lo mismo le sucede a tu jefe en el trabajo, quien te dice: “¡Ya basta!”, “¿Sigues pidiendo permiso después de 5 años? ¡Supéralo ya!”, “Me parece que te estás tomando tiempo libre, ¡enfócate!”. No importa cuántas reuniones tengas con el gobierno, incluso si logras que te atienda el Secretario de Gobierno o la Jefa de Gobierno misma, al final siguen dándote atole con el dedo. Sigues sin tener una casa y la situación se vuelve cada vez más grave.
Nosotros, los damnificados, somos los protagonistas de esta historia. En nuestra última reunión con el actual sustituto Jefe de Gobierno, Martí Batres, el pasado 14 de junio, quedó plasmado en una minuta quiénes serían los responsables (al menos en teoría) y se estableció una fecha y hora para atender los pendientes de la Reconstrucción, que lleva años detenida o ni siquiera ha comenzado para muchos de nosotros. Supuestamente, se buscaba avanzar y se generó un compromiso POR ESCRITO por parte de ellos con los 27 predios y más de 500 familias que conformamos el movimiento ciudadano organizado para exigir nuestros derechos. Sin embargo, no ha pasado ni una semana y ya han comenzado a incumplir esos acuerdos, como siempre. ¿Hasta cuándo van a seguir posponiendo las soluciones? ¿Esperarán hasta que termine el sexenio para que seamos un problema de la siguiente administración? ¿Cuántas leyes más cambiarán para deshacerse de nosotros? ¿Nos transferirán al INVI, despojándonos de nuestros derechos originales, cobrando la reconstrucción a lo largo de 30 años y obligándonos a PAGAR DE NUEVO POR NUESTRAS CASAS, con todos los impuestos que eso implica?
Entonces, ¿dónde está el apoyo? ¿De qué nos sirve un gobierno que en lugar de ayudar a sus ciudadanos abusa de ellos? ¿Esos son los famosos métodos de la mal llamada “4ta Transformación”? ¿Aprovecharse de las tragedias, abusar de las víctimas, despojarlas de lo poco que les queda, sin importar que sean personas de la tercera edad, enfermas y desvalidas, y causar que muchos mueran de tristeza y frustración? ¿Con esos valores planean gobernar un país?
