Durante 2023, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) registró 184 casos de agresiones contra mujeres periodistas en el ejercicio de su labor. Su Balance 2023 evidencia la sistematicidad en los incidentes documentados dentro de cuatro entidades: Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Jalisco.
Entre otros hallazgos importantes, destaca el incremento de la violencia comunitaria hacia las periodistas en las regiones, donde los principales perpetradores son personas civiles o no identificadas.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Fotografía de portada Mario Marlo / @Mariomarlo
Este martes, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) presentó su Balance 2023 sobre violencia contra las mujeres periodistas en México. Según informó Mayra Lucía Sánchez Mora, integrante del Área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC durante el año pasado se registraron 184 casos de agresiones contra periodistas mujeres en el ejercicio de su labor entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2023.
Sin embargo, cinco entidades presentaron cierta sistematicidad en los casos, es decir, dentro de estos cinco estados se documentaron mayor número de ataques: Ciudad de México encabeza la lista con 34; le sigue Michoacán con 28, en tercer lugar Puebla con 15, Coahuila con 13 en la cuarta posición y finalmente Jalisco con 19 casos.
A la par, destacó que son las reporteras quienes, por su labor en campo, sufrieron más ataques durante 2023, puesto que, de acuerdo con la estadística generada el 61% de las agresiones fueron hacia ellas, “son las que se encuentran en terreno, están más expuestas” subrayó. A ellas les siguieron las directoras de los medios de comunicación en el 22% de los casos. Aunque en menor proporción, otros puestos que también fueron blanco de la violencia fueron las conductoras, columnistas, fotoperiodistas, fotoreportera, bloguera, jefa de información, editora y periodista de investigación.
Por otro lado, informó que los medios digitales siguen siendo víctimas del mayor número de ataques.
En cuanto a los temas que se encontraban cubriendo las periodistas, fueron las coberturas de protestas feministas donde más recibieron agresiones durante el año 2023, con 21% de los casos registrados, le siguen los temas de corrupción con el 18% y los de derechos humanos con el 9%. Otros temáticas de cobertura referidas fueron seguridad, cobertura electoral, el abuso de autoridad, transparencia, educación, género, crítica al gobierno, movimientos sociales, medioambiente, congreso y policiaca, en todos temas los porcentajes de incidencia rondan entre el 4% y el 2%.
Mayra Sánchez Mora señaló, además, que las personas servidoras públicas siguen siendo las principales agresoras de las periodistas con 4 de cada 10 ataques registrados (38%). De este dato el 15% corresponde a funcionariado municipal, el 14% a funcionariado estatal y el 9% a funcionariado federal. No obstante, en el 28% de los casos los principales perpetradores fueron personas particulares y 14% la periodista no pudo identificarles. Esto coincide con el incremento de la violencia comunitaria en un 42%, la cual se posiciona como la más recurrente en comparación con los años anteriores donde la violencia institucional y la digital eran las que más se reiteraban.
“En 2023 pasó algo importante y es que la violencia comunitaria, es decir, esa que sucede en el espacio público y que es cometida principalmente por personas particulares o personas sin identificar e integrantes de estructuras criminales se posiciona como la más recurrente en comparación con años anteriores” destacó.
En ese sentido, la violencia institucional estuvo presente en el 40% de los casos registrados y en el 16% la digital. De los 37 casos registrados de violencia digital, el 19% se trató de campañas de desprestigio, el 19% de actos de hostigamiento, el 14% a actos tendientes a desacreditar la labor, el 11% a amenazas y el 8% a doxing (publicación de información privada en la web sin consentimiento).
Respecto a los tipos de ataques, el bloqueo informativo fue la agresión más recurrente. Sobresale que en el 34% de los casos hubo una agresión física. El segundo tipo de violencia contra periodistas fue el hostigamiento, después la intimidación, las amenazas y el descrédito de su labor.
Durante la presentación de los hallazgos, Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC reconoció que este balance deja al descubierto los riesgos diferenciados a los que las mujeres periodistas están expuestas respecto a sus colegas hombres “nos da también una lectura del lugar que ocupamos en el periodismo” afirmó.
La presentación estuvo acompañada de las periodistas Alfonsina Ávila Ramírez de Guanajuato, Dalia Souza López de Jalisco, Gloria Ruiz García de Coahuila, María José Puente Zavala de San Luis Potosí, Patricia Monreal de Michoacán y Samantha Páez Guzmán de Puebla, quienes con sus exposiciones abordaron las radiografías de la violencia contra sus colegas dentro de sus estados.
De esta manera, Dalia Souza reconoció que en Jalisco prevalece un contexto hostil de parte del Ejecutivo estatal hacia el gremio de periodistas, quien ha emitido discursos públicos de censura y desprestigio hacia mujeres periodistas. Destacó que entre las coberturas que más significan un riesgo para ellas se encuentran el tema de vivienda, la gentrificación y los desarrollos inmobiliarios irregulares, la política local, la inseguridad y violencia. En ese sentido, recordó lo sucedido a la periodista María Luisa Estrada Hernández, quien se dedicaba a cubrir la política local y temas de seguridad y fue víctima de un ataque directo mientras viajaba en su vehículo en 2023.
Entre otros temas de riesgo mencionó la problemática de las desapariciones. En el caso de las periodistas que trabajan en regiones, es decir, fuera de la capital del estado, mencionó que su labor asociada al contexto de desprotección que se vive en estas zonas las pone en riesgo, como lo evidencia el balance al reconocer el incremento de la violencia comunitaria.
Samantha Páez reconoció que en Puebla las personas funcionarias, como lo documentó el Balance 2023, son las principales agresoras y señaló que prevalecen una constante agresión y vulneración de derechos hacia las periodistas, entre estas violencias se han registrado detenciones, represión en movilizaciones sociales y bloqueos informativos. Puso énfasis sobre la situación de riesgo que enfrentan las periodistas que se encuentran dentro del interior de los estados, quienes están expuestas a la persecución, el estigma y la fácil identificación. Frente a ello, evidenció que la comisión estatal de derechos humanos no ofrece respuestas y tampoco tiene la voluntad de investigar los hechos que las periodistas denuncian.
Por su parte, Patricia Monreal desde Michoacán informó que existe un subregistro de casos ataques contra mujeres periodistas y, es que, en contraste, las agresiones documentadas por la Secretaría de Gobierno de Michoacán sólo contemplan la emisión de 23 medidas de protección en un periodo de 8 años, cuando CIMAC contempla en la entidad casi el doble en un menor rango de tiempo (seis años). Llama la atención para la periodista que las medidas cautelares brindadas a las periodistas que decidieron reportar sus casos sean insuficientes. Según explicó, éstas sólo consideraron poner a disposición de las víctimas un directorio con números de contacto de las autoridades responsables “son muestra de la simulación” afirmó la periodista.
Por otro lado, Gloria Ruiz desde Coahuila aseguró que “la resiliencia y la resistencia” distingue y une a las mujeres periodistas que han sobrevivido a “la violencia diferenciada que vivimos”, en especial, señaló a las mujeres periodistas que trabajan en la independencia “hay muchas periodistas que callan, que no les permiten expresarse porque si lo hacen es arriesgarse a perder su trabajo o a recibir castigos”.
Para Alfonsina Ávila Ramírez, periodista en Guanajuato, el balance deja en evidencia una situación alarmante dentro de la entidad y son los ataques a las directoras de medios de comunicación “en Guanajuato las pocas directoras de medios que han emprendido proyectos periodísticos independientes viven el acoso, el hostigamiento gubernamental y el bloque económico de las autoridades gubernamentales” denunció.
Finalmente, María José Puente Zavala de San Luis Potosí reconoció que el control que ejerce el Gobierno estatal sobre diversos temas, incluso, en aquellos que parecen mínimos, obstruye y condiciona el ejercicio de la práctica periodística y en el caso de las mujeres, las somete a situaciones y riesgos diferenciados.
Consulta el informe completo en el siguiente enlace: Cimac.org.mx
