La red de nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas pidió a la Secretaría de Bienestar atender diversas problemáticas que atañen a la población de este sector. La petición se realizó a través de una carta pública dirigida a la maestra María Luisa Albores, titular de dicha Secretaría.
En dicha carta, los jornaleros y jornaleras reprocharon la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA, 1990-2018) y la prioridad que ocupaba en la política pública; sin que se haya propuesto un nuevo proyecto que reúna los aciertos del anterior. Desde la década de 1990, el programa posibilitaba el resguardo de las condiciones de vida y trabajo, así como atender los derechos humanos de este sector.
Por otra parte, la Red señaló que para este gobierno la problemática de las personas jornaleras se inscribía en las problemáticas de las personas indígenas; sin embargo, sólo alrededor del 40% de este sector es indígena, por lo que queda fuera de la atención del Estado 60% de la población jornalera.
Así mismo, la Red enfatizó que en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinaron 35 millones de pesos mediante el Programa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social “Jornaleras y Jornaleros Agrícolas”; sin embargo, consideran que este monto completamente insuficiente para atender una enorme problemática que enfrenta esta población.
CARTA PÚBLICA
Por Tlachinollan
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019
Mtra. María Luisa Albores González
Secretaría de Bienestar
PRESENTE. –
Quienes suscribimos la presente, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base e investigadores (as) en diferentes universidades, le escribimos de manera respetuosa y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a manifestar y solicitarle lo siguiente:
En el marco de la Cuarta Transformación observamos con preocupación la ausencia de una política específica para la atención a las y los Jornaleros Agrícolas y a sus familias. Si bien conocemos la complejidad que le significa asumir el cargo de la nueva Secretaría de Bienestar, así como de los retos operativos que implica atender a la población realmente vulnerable, creemos necesario haga del conocimiento público la alternativa que se tiene para este sector de la población. Esta solicitud e inquietud se deriva porque después de nuestras largas conversaciones, nos sorprende constatar que desaparece el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA, 1990-2018) y con ello, la prioridad que ocupaba en la política pública. Prioridad que se obtiene desde la década de los ochentas en el marco de la lucha por los derechos humanos, cuando diversos actores sociales como Rodolfo Stavenhagen, Roger Bartra, Luisa Paré, Enrique Astorga, Gabriel Torres, Martine Vaneckere y Arturo Warman entre otros y otras, se dan a la tarea de denunciar, desde diferentes trincheras, sus condiciones de vida y trabajo. Es hasta 1990 cuando finalmente se logra abrir un lugar para desarrollar una propuesta de atención a este sector.
En su origen, este Programa se distinguió por la integralidad de sus acciones, la existencia de redes de promoción social y la participación organizada de la población. Admitimos que al cabo de los años el diseño original se fue transformando hasta simplificarse, perdiendo la creatividad y esencia humana que se gesta con el trato directo, de persona a persona. También reconocemos que su sobrevivencia por casi tres décadas no significa que las necesidades y prioridades de las y los jornaleros migrantes se hayan cubierto; al contrario, se han acrecentado. Por lo tanto, es necesaria la creación de un nuevo programa que retome los aciertos del pasado e implemente nuevas estrategias desde la política de bienestar para atender a las y los jornaleros con apoyos reales que dignifiquen sus condiciones de vida en los ámbitos de vivienda, abasto, salud, educación y procuración de justicia.
Usted señaló que la problemática de las personas jornaleras se inscribía para este gobierno en las problemáticas de las personas indígenas. Sin embargo, tan sólo alrededor del 40% de esta población es indígena, quedando fuera de la atención del Estado 60% de la población jornalera. Por lo demás, en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinaron 35 millones de pesos mediante el Programa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social “Jornaleras y Jornaleros Agrícolas”, siendo este monto completamente insuficiente para atender una enorme problemática que enfrenta esta población.
Por este motivo, como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base e investigadores (as) de este sector, le solicitamos exponga ¿dónde estará hoy la atención a los y las jornaleras agrícolas y sus familias?, particularmente las personas migrantes e indígenas, que se desplazan a lo largo y ancho del país, engarzando diversas temporadas agrícolas en los mercados de trabajo que les demandan. Esta inquietud obedece, porque a pesar de las declaraciones que hizo el 17 de enero de 2019, no queda claro en qué instrumentos se incluye la atención de las y los jornaleros agrícolas, considerando su condición de género (mujeres y hombres) su movilidad (migrantes y locales), su edad y su origen étnico (indígenas y mestizos).
Quisiéramos que usted, quien tiene en sus manos la dirección de la política de bienestar, diera respuesta a nuestra solicitud de conocer ¿cómo será la atención a los y las jornaleras agrícolas, en cada una de las condiciones en que se presentan (género, movilidad, edad y condición étnica)?
Quedamos en espera de su respuesta en el tiempo y forma correspondiente al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente:
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, integrada por el: Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan); Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL); el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG); la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C.; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE); Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC); Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA); Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C.; Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Celso Ortiz Marín, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa; Dr. José Eduardo Calvario Parra, Colegio de Sonora; y Mariano Yarza, defensor independiente.
