La apertura de las puertas del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para que familias buscadoras y medios de comunicación pudieran ver el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República -instancia que ahora tiene el caso- resultó ser una burla, no sólo porque las buscadoras creen que se “maquilló este sitio de exterminio”, sino porque ninguna autoridad (estatal y federal) fue capaz de pararse frente a ellas para darles alguna explicación de lo que ahí están supuestamente investigando.
Las puertas no se abrieron para la verdad, sino para alimentar una narrativa oficial que intenta decirnos que ahí, en Teuchitlán, las cosas no fueron graves.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco / @ZonaDocs
“Nos trajeron a la locación de una película de terror que ya pasó. Aquí no hay nada, ni las autoridades”, expresó Celia Cervantes del colectivo Familias Unidas por Nayarit, ella viajó con sus compañeras hasta el sitio de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, para poder descartar o confirmar que aquí haya estado su esposo, Santiago Eloir Pérez Reyes -quien fue desaparecido el 22 de junio de 2017 en Tepic-, pero no pudo hacer nada porque lo único que encontró en este lugar, ahora bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, sólo fue indolencia y la enésima confirmación de que las personas desaparecidas y sus familias: les valen madre al Estado.
“Esto fue un teatro” se le escucha decir a Liliana Meza del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco: “Para que nos citan aquí, para que nos dicen que nos van a explicar lo que están haciendo si aquí no hay nadie trabajando… aquí no hay nada, ni un fiscal”. Liliana busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero Meza desde el 22 de octubre de 2020.
Vicky Meza de Madres Buscadoras de Jalisco, colectivo que llegó al rancho Izaguirre por vez primera en diciembre de 2024, siente que está en otro lugar:
“aquí ya no hay nada… se llevaron todo. Fue un engaño, pensamos que veníamos aquí para buscar como estamos acostumbradas: con pico y pala, pero aquí no hay nada… es una burla”.
Cuando la FGR atrae un caso, las instancias locales suelen trasladar toda duda (y queja) a la autoridad federal. Eso podría ser lo que pase con toda información del rancho Izaguirre, pues toda pesquisa será ahora realizada por la FGR, la cual acusó negligencias terribles en el proceder ministerial y pericial de la Fiscalía de Jalisco, instancia que tuvo seis meses el caso, pero no fue ni siquiera capaz -señaló Gertz Manero- de integrar bien la carpeta de investigación.
Por ello, para ahora sí saber todo que no hicieron o hicieron mal las autoridades de Jalisco, la FGR invitó a familias buscadoras y medios de comunicación a entrar al rancho Izaguirre para ver lo que es “una investigación en serio”. La decepción fue grande.
De varios municipios de Jalisco, pero también de estados vecinos como Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán, las familias buscadoras arribaron el 20 de marzo al rancho Izaguirre, esto con el objetivo de manifestar todas sus dudas, pero esto no pasó, pues no hubo peritos trabajando a quienes preguntarles cómo están haciendo los levantamientos o qué es lo que han encontrado en los hornos crematorios que las autoridades jaliscienses con malicia llamaron “puntos de combustión”, tampoco se paró en Teuchitlán algún ministerio público federal para darles información de la ropa o pertenencias que ahí fueron localizadas y del proceso que deben de seguir cuando tienen sospecha o, inclusive la certeza, de que una de las 493 prendas es de su ser querido.
Un día antes, el 19 de marzo, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero -en rueda de prensa- aseguró que “Teuchitlán jamás sería otro Ayotzinapa”, pero lo que fue posible observar cuando las madres acudieron, al sitio de exterminio y entrenamiento del crimen organizado, hace pensar que sí lo será, al menos, en lo que se refiere al trato indolente y poco transparente con el que la FGR suele tratar a las familias buscadoras.
Esto lo sabe muy bien Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima y madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda -quien fue desaparecido el 20 de agosto de 2018 en Villa de Álvarez, Colima-, pues en su estado la FGR las ha decepcionado en múltiples ocasiones:
“lamentablemente la FGR así trabaja, el año pasado en Colima trabajaron un predio por más de dos meses, pero no nos dejaron entrar para ver los trabajos y hasta ahorita es tiempo en que no sabemos cuántos cuerpos se llevaron, qué hicieron con ellos o qué va a pasar, nadie sabe nada”.
La apertura de las puertas del rancho Izaguirre fue tan indolente que las familias, a las que se les quería dejar entrar en grupos pequeños, tuvieron que romper el cerco de seguridad y correr para entrar todas juntas con la esperanza de ver algo, un indicio, algo… pero adentro sólo había el montaje de un trabajo “en proceso” con el que se busca maquillar el horror y construir la narrativa de que el lugar sólo era un sitio de entrenamiento, pero jamás de exterminio.
Del trabajo de la fiscalía federal sólo hay cintas amarillas que delimitan espacios; por ejemplo, los dormitorios en los que se hallaron 493 prendas y 200 pares de zapatos; el patio en el que tanto Madres Buscadoras y Guerreros Buscadores localizaron hornos crematorios, los cuales ahora sólo son perfectos recuadros en el piso delimitados con cintas con dos claros mensajes: Crime Scene Do Not Cross y Prohibido el paso.
De los hoyos en los que madres y padres buscadores sacaban fragmentos óseos y algunas placas quirúrgicas, no hay nada. Esos hoyos en los que se buscó erradicar toda vida y evidencia, de la noche a la mañana, pasaron a ser terrenos finamente aplanados para que el ojo no tuviera duda de que ahí no hay nada.
En la parte más abierta del terreno se apreciaban múltiples banderillas amarillas, verdes y rojas, mismas que indican posibles sitios de indagación. Banderillas que, por cierto, fueron enterradas en una tierra grisácea que al tacto parece ser la ceniza que extrajeron las madres buscadoras, el 5 de marzo de 2025. Aunque el fiscal general, haya asegurado que eso está por verse.
Como no hubo personal forense, las familias buscadoras no pudieron ver si existen en el sitio más restos óseos, tampoco pudieron observar los restos localizados por las y los integrantes de Guerreros Buscadores, pues insisto: ahí no había personal ni de la Fiscalía General ni de Fiscalía de Jalisco que diera información alguna.
El único personal presente tenía la tarea de resguardar la seguridad tanto de las personas como del sitio, así como de intentar “controlar ” el tiempo de las y los periodistas dentro del rancho, algo que no se logró, pues el intento de darles solo 20 minutos se esfumó.
De esa misma manera se fue el entusiasmo con el que llegó al lugar María del Carmen Rangel, quien busca a su hija Nayeli Anahí González Rangel -quien fue desaparecida el 6 de febrero de 2021 en Tlajomulco de Zúñiga-, para quien el rancho Izaguirre parece más un museo de lo que fue que un sitio de exterminio.
“aquí parece que no ocurrió nada, que no pasó nada… pues más que un sitio de exterminio parece sólo un rancho abandonado donde había muchas cosas y ya no las hay, pero es muy feo y da mucho dolor estar aquí”.
Esa misma sensación sintieron las familias buscadoras que se trasladaron desde Guanajuato: “Para nosotras es una falta de respeto que se nos trate así, nosotras veníamos a ver alguna galería o las prendas, pero no esperábamos encontrarnos con una escena totalmente limpia para los medios… para que llegara el fiscal a decir que aquí no pasó nada… todo este recorrido ha sido una falta de respeto, un espectáculo”, así se expresó Karla Martínez del Colectivo Hasta Encontrarte, ella busca a su hermano Juan Valentín Martínez Jiménez, quien fue desaparecido el 18 de febrero de 2020 en Irapuato, Guanajuato, por hombres armados del mismo grupo que tenía el control del rancho Izaguirre.
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Caminar por el lugar bajo las condiciones en las que ahora está da una extraña sensación, pues poco o nada se parece a lo que se mostró en los videos “en vivo” que el colectivo Guerreros Buscadores subió a su perfil de Facebook. Y no porque uno, luego de 15 días de trabajo, quisiera ver la misma escena que tanto se dijo parecía al sistema de campos de concentración de Auschwitz, sino porque se notaba el empeño para generar una perfecta sintonía en el cómo se ve ahora el rancho Izaguirre con lo que señaló el fiscal Gertz Manero.
Pero borrar la huella de la violencia no es posible cuando este intento se construye con el mismo “vale madrismo” con el que se preservó el lugar tras su hallazgo, con la misma ausencia e indolencia de la autoridad (estatal y federal) que trató “la ida a Teuchitlán más como un paseo que como un ejercicio de rendición de cuentas”.
Se abrieron las puertas del rancho Izaguirre sí, pero no para la verdad. Y eso lo entendieron rápidamente las familias buscadoras, pues su dolor ya no está para “teatros o montajes”, y mucho menos para “burlas y faltas de respeto”.
“Lo queríamos era llegar y ponernos a trabajar, como siempre hacemos, pero no, nadie vino, a nadie le importó decirnos qué están haciendo”, expresó con enfado Vicki Ponce de Madres Buscadoras de Jalisco, y cómo no sentir eso cuando el primer caso icónico de las administraciones de Claudia Sheinbaum y de Pablo Lemus (gobernador de Jalisco) se trata con tal desprecio que ni tiempo ni personal hubo para dar alguna explicación.
