Por: Nasheli Rivera/@Riv3rANash3li
Desde el 2017, como portavoz de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, Cristóbal Sántiz Jiménez, denunció públicamente; los ataques armados, robos, destrucción de cultivos, quema de casas, delitos cometidos contra su comunidad, actos que, debido a su incremento, han obligado a muchas familias a dejar sus casas, a desplazarse o esconderse.
Este complicado conflicto ha condenado a las familias que se encuentran en medio de los bandos armados, ha provocado hambre, falta de oportunidades, miedo constante, los pobladores viven en una hipervigilancia, los disparos y ataques no les permiten vivir de otra forma. La normalidad se ha convertido en una ruleta rusa, en donde trabajar el campo, o simplemente estar dentro de su hogar tejiendo, representa un riesgo constante. Vidas infantes, manos trabajadoras, ojos desesperados, cualquiera puede encontrarse con una bala, esa es la realidad en el territorio del municipio Aldama, en el estado de Chiapas.
Un problema tan antaño ha dejado docenas de vidas destruidas, truncadas, una de ellas, Cristóbal Sántiz Jiménez, quien ve impotente, como la corrupción y la represaría, le roba la libertad desde hace dos años. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), público un texto el 14 de diciembre del 2020, en donde se habla sobre lo sucedido el 14 de marzo de ese mismo año, ese día afuera de las instalaciones de su trabajo, Cristóbal Sániz Jiménez, fue arrestado por funcionarios de la Policía Especializada de la Fiscalía General del estado de Chiapas, por un cargo de “homicidio calificado”.
Para Sániz, esta acusación no fue la primera, ya que dos años antes de este momento, ya había tenido que enfrentarse a una acusación similar, sin embargo, en esa ocasión el proceso no avanzó, y Sániz fue absuelto de los cargos.
Nueve meses más tarde de su arresto el 14 de marzo, la Organización Mundial Contra la Tortura, publicó que el portavoz y defensor de los derechos humanos de la comunidad de Aldama, continuaba detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 05 de San Cristóbal de Las Casas, aún con el cargo infundado de “homicidio calificado”, y que debido a la emergencia sanitaria por COVID 19, las audiencias del caso de Sániz habían sido suspendidas, sin fecha prevista de reinicio.
El arresto de Sániz, se tomó como una acción armada en contra del defensor, ya que, desde un inicio se comprobó que Sániz no estuvo en el lugar de los hechos, lo que muestra su inocencia. Sin embargo, y a pesar de las pruebas, este lunes 14 de marzo se cumplieron dos años del arresto, transcurso, en el que llenó de impotencia el defensor de las comunidades del municipio Aldama, ha observado el tiempo pasar sin ningún efecto, ni en su caso, ni en la problemática territorial por la que está en la cárcel.
El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas A.C., hizo una publicación, en donde se puede leer las palabras de Sániz
Hoy 14 de marzo cumple dos años de mi detensión y encarcelado por el gob. del Estado de chiapas y por la fiscalía del Estado. 2 años estar secuestrado sin tener culpabilidad por el delito que me acusan, sin estar con mi familia y mis hijos se encuentran desamparados y sin solución al problema que originó mi detensión sobre los problemas agrarios de Sta. Martha Chenalhó y Aldama, sin esperanza de encontrar una solución justa y duradera…
Sániz comienza este escrito, haciendo un llamado a organizaciones, comisarias y medios de comunicación, cualquier institución u organismo que le ayude a difundir y a resolver la injusticia que pesa sobre él desde hace más de setecientos días.
La situación que ha provocado el arresto injusto de Sániz, nace de un conflicto territorial que tiene más de cuarenta años, durante estas cuatro décadas se ha desarrollado una disputa por la repartición de sesenta hectáreas entre los municipios de Aldama y Chenalhó, ambas comunidades reclaman el territorio, y no han podido llegar a un convenio, a pesar de que varias veces se han firmado “acuerdos”, estos nunca han logrado estabilizar o resolver el conflicto entre estas dos comunidades.
Es por ello que como portavoz de los afectados de estos embates, Sániz, denunció durante años las agresiones que su comunidad padecía antes los constantes ataques del municipio Chenalhó, y la aparente intervención de algunos grupos paramilitares, las consecuencias que estos tenían sobre la vida de los pobladores, los muertos que había dejado esta batalla, y exigió una atención humanitaria, que respetara los derechos de los habitantes, y que hiciera respetar los convenios firmados entre los dos municipios.
Y ante la respuesta de sus actos, que se tradujo en su detención, el defensor pregunta:
Estas demandas son delitos?
El convenio pactado entre los 2 municipios no tiene validez?
Sániz, se llama a si mismo preso político, y señala como responsables a Rutilio Escandón Cadena, Ismael Brito Mazariegos Exsecretario General del Gobierno del Estado, y al Exfiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca, en su carta los acusa de traición para con ambos municipios.
Cristóbal Sániz Jiménez, exige su libertad inmediata, ya que su inocencia es irrefutable, y pide a defensores de derechos humanos, que intervengan, que no dejen de estar pendientes de su proceso, pues su encarcelamiento es una violación a sus derechos humanos, ya que él no ha cometido ningún delito, “no soy ningún delincuente mucho menos un asesino. Yo me he dedicado a trabajar para llevar el sustento de mi familia para sacar adelante a mis hijos” declara el chiapaneco.
Este 14 de marzo la Federación Internacional de Derechos Humanos, publicó un texto titulado “México: liberen al defensor de derechos humanos Cristóbal Sántiz Jiménez”, en el texto se puede leer, que a pesar de que el 27 de noviembre del 2020 los municipios de Aldama y Chenalhó llegaban a un “Acuerdo Definitivo de No Agresión”, las agresiones no cesaron. Solo en febrero del presente año, se registraron 346 agresiones armadas contra diferentes comunidades de Aldama.
Es por ello que la Federación Internacional de Derechos Humanos, señala que urge que las autoridades del estado de Chiapas y las autoridades federales mexicanas, comiencen el proceso de liberación inmediata e incondicional de Cristóbal Sántiz Jiménez. También exponen la importancia de implementar acciones que pongan un fin definitivo a los hostigamientos que padece la población de este municipio.
Al final de la carta de Sániz, el defensor hace una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador, le pide cumplir con sus palabras de campaña, le pide respetar sus promesas sociales, pues dice Sániz, que a la fecha no ha habido un cambio, y mucho menos un cambio que beneficie al pueblo, solo ha habido más violencia e inseguridad contra las comunidades indígenas.
