Organizaciones exigen la creación de una Fiscalía autónoma y con recursos suficientes para investigar y sancionar los delitos de tortura, tal como lo ordenó la Suprema Corte.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guadalajara, Jalisco, 6 de febrero de 2025.- A un año de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una resolución histórica ordenando la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura en Jalisco, el Congreso y el Ejecutivo del estado no han cumplido con este mandato judicial. Pese a la orden emitida en el Amparo en Revisión 653/2023, las autoridades estatales han optado por medidas que contradicen la resolución, generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
En un comunicado de prensa, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), detalló que la obligación de crear una Fiscalía Especializada en Tortura no es nueva. Desde 2017, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST) estableció que los gobiernos federal y estatales debían implementar estas fiscalías en un plazo de 90 días. Sin embargo, Jalisco incumplió este mandato, lo que llevó a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (STCT-IFDP) a interponer un juicio de amparo en 2021, detalló la organización.
Aunque inicialmente un Juzgado de Distrito desestimó el caso, argumentando que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT) cumplía con las funciones requeridas, la SCJN revocó esta decisión el 31 de enero de 2024. La Corte determinó que las unidades administrativas, como la UEIDT, no cuentan con la autonomía ni los recursos necesarios para investigar y sancionar efectivamente los delitos de tortura, tal como lo exige la LGPIST.
El CEPAD, informó que en lugar de cumplir con la resolución de la SCJN, el gobierno de Jalisco publicó el 31 de octubre de 2024 una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Esta reforma eliminó las Fiscalías Especiales y las reemplazó por “vicefiscalías”, entre ellas la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura.
“Sin embargo, esta nueva estructura no cumple con los requisitos de autonomía y recursos que establece la LGPIST. La Dirección de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura, creada dentro de la vicefiscalía, sigue dependiendo directamente del Fiscal General de Jalisco, lo que limita su capacidad para investigar casos de tortura de manera independiente y efectiva.”
Ante esta situación, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) hizo un llamado urgente al Congreso y al Gobierno de Jalisco para que cumplan con la resolución de la SCJN y creen una Fiscalía Especializada en Tortura que sea completamente independiente y cuente con los recursos necesarios para investigar y sancionar estos delitos.
“Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad y demuestren un verdadero compromiso con la justicia y los derechos humanos. La creación de una Fiscalía Especializada en Tortura no solo es una obligación legal, sino una necesidad para garantizar que estos crímenes no queden impunes”, señaló el CEPAD.
