En México, las violencias de géneros en contra de las mujeres aumentaron drásticamente en los últimos años, sin respuesta efectiva del Estado. Esta violencia se caracteriza por conductos de odio o rechazo de las mujeres, pueden ocurrir en los espacios públicos como privados y su expresión la mas violente es el feminicidio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) define este crimen como “un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres. Son asesinatos motivados por la misoginia y expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas con diversas formas de humillación, abandono, terror, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otros.”
Según el OCNF, entre enero y junio 2017, 914 mujeres fueron asesinadas en 17 estados del país, y solo 49% de estos crímenes fueron investigados como feminicidios. Se registraron además por el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Publica 23,869 casos de violación entre enero de 2016 y octubre de 2017. La violencia de género en contra de las mujeres impacta también por el número de desapariciones que se eleva a 3,174 mujeres desaparecidas durante los seis primeros meses de 2017; cabe decir que el 50% siguen desaparecidas.
México sigue siendo un país de alta violencia en contra de las mujeres, pese a la implementación en 2015 de la Alerta de Violencia de Género en la Ley de Acceso de las Mujeres a une Vida Libre de Violencia (LAMVLV) por parte del gobierno, que tiene como objetivo de erradicar la violencia feminicida y de permitir el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Esta medida implica una acción conjunta de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal y se declara en los estados donde la violencia feminicida llega a un punto dramático. Hoy en día, varios municipios de doce estados del territorio mexicano están declarados en Alerta de Violencia de Género como en los estados de: México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
En cambio, lo que parece como una respuesta del Estado frente a las violencias esta denunciado por varios actores de la sociedad civil por ser insuficiente porque no dimana según ellos de una profunda voluntad de cambiar la situación, sino de una farsa política.
Primero, no se declara la Alerta de Violencia de Género en todas las ciudades que la necesitan, lo que se ilustra por una ausencia de esas medidas en la Ciudad de México, aunque según Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, víctima de feminicidio: “Ya hay una resolución que dice que se justifica la Alerta de Género”.
En la ciudad de México, varios colectivos feministas y familiares de victimas de feminicidios exigen la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Marcela Villaseñor, miembro del colectivo feminista Las Del Aquelarre estaba frente al Palacio de Gobierno el domingo 25 de febrero para ordenar una actuación del gobierno sobre el tema.
“No es posible que, si hay organizaciones civiles que tengan el tiempo y que encuentran métodos para hacer un conteo, el gobierno no lo tenga o te da cifras menores. Vivimos en una ciudad donde sabemos que no es segura. […] En un espacio universitario donde pasan jóvenes todo el tiempo ahí van y dejan un cuerpo. El nivel de impunidad en este país es extraordinario porque no hay ningún espacio seguro para las mujeres.
Además, los feminicidas tienen esta identificación de yo te violo, mato, y boto el cuerpo como si fuera basura. Mientras no haya justicia, un sistema judicial que diga: lo identificamos, lo detenemos e impartimos justicia, esto va seguir pasando. […] Y no le podemos permitir. Por eso estamos solicitando la alerta. Para que haya mecanismos de políticas publicas reales y efectivas para impartir justicia con perspectiva de género. Donde no están revictimizando ni a la familia ni a la víctima.”
Sin embargo, Manuela Villasenor pide “una alerta con acciones eficaz” porque hasta ahora, no parece que las acciones del gobierno sean realmente determinadas para erradicar los feminicidios aun en los lugares donde la Alerta de Violencia de Género esta implementada.
Miguel Concha, El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, escribió en la Jornada de la UNAM el 5 de agosto de 2017 que había una “falta de voluntad política de las autoridades, quienes están obligadas a actuar de manera urgente”. En este artículo, dice también que la declaración de la Alerta de Violencia de Género no soluciona la situación feminicida, “el proceso de implementación y evaluación de esas medidas son fundamentales para analizar su eficacia”.
Por fin, según Michel Concha, “se destaco también la necesidad de homologar a nivel nacional la tipificación penal del feminicidio, así como la de dotar de presupuesto suficiente, y sobre todo adecuadamente enfocado, a las distintas instancias involucradas, las cuales deben de operar con criterios de interculturalidad e inclusión, pues se requieren medidas específicas que atiendan las particularidades de las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las mujeres indígenas entre muchas formas de ser mujer en México.”
Lo paradójico en la Alerta de Violencia de Género es que esta medida no trata de prevenir los feminicidios sino espera que el nivel de violencia suba de manera exponencial antes de implementarse. Sería entonces necesario que el gobierno mexicano demuestra una voluntad de cambiar la situación y de impartir justicia, no solo en las zonas donde esta declarada la Alerta de Violencia de Género sino en todo el país. Su objetivo debería ser, mientras que castiga a los feminicidas justamente, prevenir el ocurro de esos crímenes por una política educativa para que las mujeres puedan hacer uso de sus derechos y vivir en paz.
