En el curso de los últimos 15 años asistimos a la doble militarización: la iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón en diciembre del 2006 y la que lleva acabo el actual gobierno de AMLO por vía civil-administrativa. Los riesgos son muchos y nada menores.
Se dice que los militares no hacen política, al menos públicamente, en el sentido de participar en elecciones, promover candidatos y participar en debates políticos, pero tienen las armas y el poder de un cuerpo cohesionado e integrado por miles de efectivos militares para ganar influencia e incidir en la vida pública. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, “el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene un efectivo real de 165,454 militares, la Secretaría de Marina 51,946 y la Guardia Nacional 100,324, sumando un total de 317,724.” Téngase en cuenta que detrás de cada elemento hay un conjunto de armas, disposiciones, habilidades y recursos de diferente intensidad y naturaleza. Cuando esa capacidad ofensiva se encuentra encuartelada, posiblemente la preocupación sea mínima; pero cuando se sobrepone como otro cuerpo sobre la sociedad, hay riesgos que no son menores.
El Presidente insiste en sus conferencias mañaneras: “el ejército es pueblo uniformado”; sí, pero está armado y responde a un disciplinamiento, listo para ejecutar la orden del mando militar. Ciertamente, el Presidente es el Jefe supremo de las fuerzas armadas, pero como demuestra el caso de Ayotzinapa y otros del pasado, pueden operar con su propia lógica y su cohesión no es de ese mando civil, sino del militar. Otra cosa sería si desde su misma raíz estuviera orientado a las causas populares, pero no es así: el militar actúa como una célula del organismo castrense. Es un poder militar dentro del poder civil que, en ciertas condiciones y por su misma naturaleza (armado, cohesionado, orgánico y disciplinado en torno a una idea predominantemente castrense), puede sobreponer su cuerpo al de la sociedad… o hacerla estallar.
Si existe una institución disciplinaria en el sentido foucaultiano, son los militares. El militar es disciplinado; cada gesto, cada movimiento, cada pensamiento, el agua que toman, los hijos que tiene, las casas donde vive y los labores cotidianas que realiza están enmarcadas en la disciplina militar. Por ello, si la orden es dispara, disparan. Si la orden es atacar, ataca. Su ética es la total obediencia el superior militar. Cualquier desacato o titubeo es duramente castigado. Dos yerros nada menores del actual gobierno es no haber democratizado dos instituciones centrales y con un peso diferente pero significativo en la vida del país: las instituciones militares y las universidades públicas. En ellas se gana o se pierde el ethos de un pueblo.
La primera militarización de la seguridad pública inició en el sexenio de Felipe Calderón con la denominada “guerra contra el narco” en diciembre del 2006 y todo parece indicar que la culminará, temerariamente, el actual gobierno de AMLO, con la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. AMLO, que prometió regresar a los militares al cuartel. Ha reconocido que el problema de la inseguridad, asesinato, desaparición, guerra entre narcos y violencia es mayor a lo que supuso. Ha reconocido que se equivocó. Pero el remedio (militarizar) puede ser peor que la enfermedad (inseguridad). Ciertamente no es un problema de fácil solución y, en tanto, las personas y los sectores populares siguen padeciendo esa desgracia.
La segunda militarización, que refuerza la primera, es total responsabilidad del actual gobierno y es más profunda porque desborda la seguridad pública. Esta sería otra militarización por la vía de la entrega de obras y participaciones en la administración pública ajenas a sus fines como cuerpo militar. Los militares construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los militares construyen algunas oficinas de los bancos Bienestar; los militares construyen parte del Tren Maya; los militares son responsable de la administración de la aduanas; los militares construyeron los cuarteles de la guardia nacional; los militares administrarán el Tren Maya, etc. Exagerando un poco, !militares hasta en la sopa¡. Todas esas intervenciones en tareas ajenas a su naturaleza se traducen en recursos públicos a su disposición, en parcelas de la realidad social y espacios de la administración pública que controlan; es decir, se suman al poder que les es inherente como cuerpo castrense. ¿Qué harán los militares con tanto poder y recursos? Son millones de pesos, parcelas de la administración y recursos de diversa índole adicionales en sus manos. Las tentaciones serán muchas y variadas. Ahí está el caso del General José de Jesús Gutiérrez, condenado a 40 años de prisión por proteger al “Cártel Juárez”. Los militares, personas de carne y deseo, también gustan de la vida de lujos, los buenos ingresos, el prestigio, el poder y todos las tentaciones a que cualquier humano está expuesto, sólo que a diferencia de cualquier otro mortal, ellos tienen las armas y actúan como cuerpo cohesionado, disciplinado, jerarquizado y obediente a las ordenes del superior. La orden mata a la razón o la razonabilidad.
En ese marco y con la segunda militarización, está la tentación de los medios de comunicación dominantes, partidos políticos de derecha y organizaciones empresariales para tejer alianzas con los militares. No hay que olvidar que el cuerpo militar es conservador por naturaleza. Creado para usar las armas, matar si es el caso, también tiene una visión de la sociedad cercada a la derecha, obediente, estática, ordenada y cohesionada. Una sociedad ordenada y jerarquizada en las que las autoridades, la propiedad, los dueños de los medios de producción y los mandos sean respetados. Una sociedad en la que la clase social que detenta el dinero sea respetada tanto como la jerarquía castrense lo es para los militares.
Lo andanada de descalificaciones en los medios de comunicación dominantes hacia Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y responsable de la comisión para el caso de Ayotzinapa, es un buen ejemplo de lo que podría pasar, pero a otra escala, cuando se toquen intereses de los militares en ese marco de la doble militarización (téngase en cuenta que no es cualquier persona: estamos ante un subsecretario de Estado y parte del círculo cercano a la estructura del poder presidencial). Además un sector militar más poderoso es también más proclive a aliarse con los grupos hegemónicos (medios de comunicación, empresarios, etc.).
Frente al poder castrense (más poderoso que en el pasado por esta doble militarización), da la impresión que Alejandro Encinas, como funcionario, se encuentra solo en la acusación a los militares de ser responsables por omisiones y acciones, en conjunto con otros niveles de gobierno, de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Ciertamente el Presidente lo ha respaldado, pero el resto del Gabinete Federal ha guardado silencio. Y ese sólo acto lo pone como adversario de los militares. Alejandro Encinas cuenta con sobrada trayectoria en la izquierda y las luchas políticas, lo cual lo hace doble adversario.
Las reacciones y descalificaciones contra Alejandro Encinas en algunos medios de comunicación dominantes porque supuestamente manipula el “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa” al señalar a cinco militares y la entrevista, en ADN40, del periodista de derecha Jorge Fernández Menéndez al General implicado en la desaparición forzada de los jóvenes, José́ Rodríguez Pérez, en la que tanto el periodista como el General atacan a Alejandro Encinas y criminalizan a los estudiantes normalistas, son signos de la cercanía de los militares con ciertos medios de comunicación dominantes y de que el poder castrense no permitirá que se metan con esa institución. Es posible que el poder militar haya aceptado que se procesen a los cinco militares que aparecen en el citado Informe. Pero eso parece ser el límite. De ahí las descalificaciones y señalamientos al principal responsable de las investigaciones de la desaparición forzada de los normalistas: son como un aviso y un amago. AMLO, por su parte, con la urgencia que tiene de culminar sus proyectos de gobierno con el apoyo del poder militar (el Tren Maya, la pacificación del país, etc.) parece aceptar ese mínimo de justicia. Aunque existe una voluntad política de AMLO por llegar al fondo, será insuficiente por los intereses contradictorios en juego. Y no se trata de simulación como se suele fácilmente decir, sino de una justicia por la parte más flaca. Un justicia enjuta como el rostro de don Quijote. El punto es saber si Alejandro Encinas, hombre leal y cercano al Presidente, se sostendrá en ese mínimo o mantendrá la exigencia en sus líneas más altas y por ello podría ser expulsado por las mismas fuerzas que hoy lo sostienen en medio del vendaval. Evidentemente las padres y madres de los normalistas y el conjunto de organizaciones que los apoyan tienen un papel importante en lo que se avecina.
Es importante no dejar de insistir que la relación entre medios de comunicación dominantes, militares y empresarios es una de más peligrosas que pueden existir, porque es la alianza del control de la información, las armas y el dinero, particularmente con un gobierno como el de AMLO; porque con todo y sus limitaciones, errores y contradicciones, es percibido por ciertos sectores como un gobierno que afecta sus intereses políticos y económicos (por más que esto tengo algo de exageración).
*Profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana-C
