Por Max González Reyes
La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha anunciado, poco a poco, a los integrantes del gabinete que la acompañará durante la administración que inicia el próximo primero de octubre. A diferencia de la época de régimen de partido hegemónico, cuando el gabinete se anunciaba el mismo día de la toma de protesta, Sheinbaum Pardo ha ocupado los jueves para informar los nombres de quienes formarán su gabinete legal y ampliado.
El sistema presidencialista está diseñado para que el ganador se lleve todo y los perdedores se queden con la experiencia de haber participado. Es por ello que los que pierden en la contienda se quedan en el olvido. A diferencia de los sistemas parlamentarios, donde el ganador forzosamente tiene que negociar con otras fuerzas políticas para crear gobierno, el presidencialismo manda al olvido a los demás candidatos perdedores y sólo se queda con el ganador, el cual puede repartir el pastel a su antojo.
La historia constitucional de México ha sido así. Poco se recuerda al o los perdedores. Cabe mencionar que durante el porfirismo se llevaban a cabo elecciones periódicas donde siempre ganaba el dictador Porfirio Díaz pese a que se presentaban contrincantes, pero éstos eran para simular un proceso democrático.
Hoy en día, a través de los votos, el candidato ganador tiene la facultad de reformar la Constitución a su antojo. Es por ello que este país se reinventa cada seis años, porque el triunfador, y posteriormente presidente, envía reformas que son aprobadas en el Congreso.
La historia constitucional de México es un claro reflejo de que el grupo vencedor impone su visión de país, aunque muchas veces no es resultado de un amplio consenso social. Recordemos que el grupo triunfador de la Revolución impuso sus reformas que se mantuvieron hasta finales de los años veinte. Sin embargo, hacia el final de esa década, ante la urgencia de hacer reformas que en ese momento se consideraban necesarias como la reelección los caudillos triunfantes, propusieron la reelección presidencial. Sólo el asesinato del General Álvaro Obregón en 1928 impidió que llegara a la presidencia un expresidente.
De haber llegado el caudillo de Sonora seguramente otro hubiera sido el devenir de este país. Como se sabe, posterior a la muerte de Obregón se reformó la Constitución para que ningún ciudadano que haya ocupado el cargo de presidente, bajo ninguna circunstancia, ocupara nuevamente dicho cargo. De igual manera, ante la necesidad de controlar a la Familia Revolucionaria, a principios de los años treinta del siglo pasado, se reformó la constitución para impedir la reelección legislativa. Al aprobar esa reforma, se limitó la carrera parlamentaria, para poner a la orden presidencial el control del Congreso y con ello colocar al Ejecutivo por encima del legislativo. Con ello, el gran elector fue el presidente de la República en turno, esquema que se mantuvo buena parte del siglo XX hasta que los abusos y desgaste llevaron a que a finales del siglo pasado el partido en el poder perdiera, primero, la mayoría en el Congreso, y posteriormente la presidencia.
Todo esto viene en razón de que hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum está conformando su equipo de trabajo, y en el ámbito legislativo prepara de manera arrolladora la aplicación de lo que se ha denominado Plan C, que incluye la reforma al Poder Judicial, la eliminación de los órganos autónomos, entre otras propuestas. Desde ahora, a días de que termine la actual legislatura, las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Diputados están aprobando el dictamen para que una vez que inicie la LXVI Legislatura se dediquen completamente a aprobar lo que en el periodo ordinario de febrero-abril no se pudo concretar.
Era un hecho que los debates en los foros nacionales que se llevaron a cabo organizados por la Cámara de Diputados sólo fueron una simulación, puesto que Morena y sus aliados aprobaron a su modo y forma la iniciativa que originalmente presentó el Ejecutivo. Una vez que inicie la nueva legislatura le darán prioridad a la reforma al Poder Judicial. Se tiene previsto que en la primera quincena de septiembre se apruebe en ambas cámaras del Congreso (Cámara de Diputados y Senado de la República). Posteriormente, al ser una reforma constitucional, pase a las legislaturas de los estados para que a finales de septiembre se tenga la aprobación de por lo menos 17 congresos locales y con ello turnarla al ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes del primero de octubre, fecha en que Andrés Manuel López Obrador dejará la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum. Con ello el actual mandatario se llevará todos los aplausos porque logró unos de sus objetivos principales.
La mayoría que Morena tiene tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, le da para aprobar las reformas que quieran. La reforma al Poder Judicial es apenas el inicio de una cascada de modificaciones que se prevé sean aprobadas en el primer periodo ordinario que inicia en septiembre y termina en diciembre. Si en febrero pasado no se pudo logar la presentación de las reformas del Ejecutivo, después de los resultados de la elección del 2 de junio, el Plan C se puso en marcha y es la hora de llevarlo a la práctica. Este es apenas el inicio. Veremos cómo le va a este país los próximos seis años.
