El tres de abril de 2018, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México -aún llamada Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-, presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el informe de resultados correspondiente al año 2017. Es importante recordar que su reciente designación en el cargo (7 de noviembre de 2017), tuvo como contexto las críticas a la gestión de su antecesora Perla Gómez Gallardo, particularmente por la falta de autonomía y transparencia, las denuncias de trabajadoras y trabajadores, así como los señalamientos de trato selectivo en la atención a peticionarios/as, en la investigación de quejas y en la emisión de recomendaciones.
Por lo anterior, no resulta extraño que en su participación haya insistido en que las actividades correspondientes a su gestión, se referían a aquellas realizadas a partir del mes de noviembre de 2017 y el resto correspondían a la tan cuestionada gestión de Perla Gómez Gallardo. Este interés en marcar una diferencia con su antecesora fue únicamente discursivo ya que Nashieli Ramírez, no presentó un panorama del estado actual de la Institución, sus problemas internos, sus retos, o si ha preparado alguna ruta para implementar los cambios que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México respecto de la forma en que operará la institución. ¿Debemos suponer entonces que considera que la Institución funciona bien?, ¿que considera que solo es cuestión de quitar o reubicar en cargos menores a las personas cercanas a la anterior administración y colocar a sus amigas y amigos en cargos directivos? ¿Nashieli Ramírez olvidó los cuestionamientos de fondo sobre el funcionamiento institucional?
Como era de esperarse, la mayoría de las y los asambleístas que participaron en la sesión alabaron a la Presidenta, siendo el caso más pronunciado el de la Diputada Moguel del PRI. Conchado y Cravioto, la felicitaron por incorporar en su equipo de trabajo a sus entonces contendientes, Hilda Téllez (Primera Visitadora General) y Juan Carlos Arjona (Cuarto Visitador General). Zárate, de Movimiento ciudadano, le llamó “amiga Nashieli”. Delgadillo, diputado de la delegación Benito Juárez, le agradeció su apoyo en el caso de la escuela Marie Curie, sin dar más detalles. Extrañamente, Rebeca Peralta del PRD fue una de las diputadas que hizo un comentario hasta cierto punto crítico al mencionar que no ha “sabido de su trabajo de manera directa” y le solicitó que trabaje en coordinación con sus áreas y equipo de trabajo ya que, en el caso de un torneo deportivo que realizan vecinos de Iztapalapa desde hace años, la CDHDF solicitó a las autoridades delegacionales que no se obstruyera el tránsito. De manera contrastante, en diciembre de 2017, Nashieli Ramírez había considerado a la diputada como aliada en la ALDF. (https://cdhdf.org.mx/2017/12/palabras-de-la-presidenta-de-la-cdhdf-nashi…)
Aleida Alavez, diputada de Morena, cuestionó que la CDHDF no haya elaborado un informe especial sobre los derechos humanos violentados por el desarrollo urbano descontrolado en esta ciudad; también se refirió a la inadecuada atención a las víctimas del sismo y al incumplimiento de la palabra de Nashieli Ramírez respecto de la creación de una visitaduría para la atención a las y los damnificados. Preguntó también sobre la postura de la CDHDF sobre la alerta de género para la Ciudad de México y sobre ello la Presidenta de la CDHDF señaló que tendrán que pasar al menos seis meses por las acciones que debe realizar el Gobierno de la Ciudad ya que es “un proceso de manualito” y si no cumple el gobierno, la alerta de género se activaría. La diputada solicitó que la CDHDF elabore un protocolo de actuación para todas las autoridades en relación con el derecho humano al agua y la Presidenta de la CDHDF se comprometió a ello.
La mayoría de las y los diputados se refirieron a casos mediáticos como el del joven Marco Antonio Sánchez Flores; lamentablemente no mencionaron algo que hablara de un conocimiento real o profundo del caso o más aún sobre el funcionamiento de la Institución. En el caso de Sánchez Flores, tampoco se aclaró si la primera visitadora general, efectivamente trató indignamente a sus familiares como denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México, como lo documentó el portal Animal Político el pasado 18 de marzo pasado. ¿Nashieli Ramírez investigó e informará qué fue lo que pasó? En la entrevista posterior a su comparecencia, señaló que la CNDH atrajo el caso “por la salud de Marco y los elementos en el Estado de México” y que la CDHDF emitirá un informe especial.
Tampoco existió un interés en conocer la designación de cargos en el Organismo –a su antecesora se le cuestionaron las designaciones por “amiguismo” o “cuotas” y que personas inhabilitadas o que tenían relación cercana con el Gobierno de la Ciudad de México ocuparan cargos de alto nivel-, por ello inquieta que en el equipo de Nashieli Ramírez se encuentre Juan José García Ochoa, quien fuera Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México en el gobierno de Ebrad y hasta 2016 en el de Mancera, este tipo de designaciones sin duda afecta la autonomía de la Institución. En particular, este nombramiento también es preocupante porque personas que han trabajado con él han señalado que les acosó laboralmente.
Respecto a las acciones que se emprenderá para terminar con otros problemas de la Institución surgen más preguntas: ¿Qué hará Nashieli Ramírez con el llamado rezago en la atención a los expedientes de queja?, ¿seguirá la misma estrategia que Perla Gómez Gallardo de forzar la conclusión de los casos sin la debida investigación?, ¿qué hará con lo que varias organizaciones de la sociedad civil identificaron como “trato selectivo” de los casos de violaciones a derechos humanos, que lleva a que sólo aquellos casos con peso político, mediático, o solo los que tienen acompañamiento de OSC, tengan posibilidades de convertirse en recomendaciones?
Nashieli Ramírez ha planteado reiteradamente e incluso frente a la sociedad civil que no quiere revisar el pasado, ¿esto es viable si de verdad quiere que la Institución sea capaz de cumplir con sus obligaciones legales? Discursivamente quiere distanciarse de la administración anterior, pero si con sus acciones la protege e incluso la imita, no irá en la ruta correcta para que la ciudad tenga la Institución protectora de derechos humanos que requiere.
Este dilema se expresa también en preguntas como: ¿por qué la CDHDF ha tenido un papel tan secundario en el caso de las personas damnificadas por el sismo? En este tema, débilmente, Nashieli Ramírez señaló que se elaborará un informe especial “a partir de los testimonios recabados en la Primer Audiencia Pública que se realizó recientemente, con el propósito de emprender acciones y demandas necesarias para atender caso por caso”. Pero, ¿la presidenta cree que a la audiencia acudieron todas las personas damnificadas o una representación de ellas?, ¿por qué no va a campo a recabar los testimonios y sobre todo las quejas? ¿Por qué no interpuso la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México a pesar de que se lo solicitaban damnificados, y en cambio sí buscó interponer una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, que es federal, a pesar de que no tenía competencia para ello? Es necesario que se decida a actuar ante las acciones y omisiones del Gobierno de la Ciudad y de todas las autoridades locales para lo que sí tiene competencia; tal y como lo hace frente a la Federación. De no hacerlo se asemejará secretamente a esa forma de proceder de Perla Gómez que las organizaciones de sociedad civil desenmascararon: farol de la calle oscuridad de su casa. Además, debió reunirse con las personas damnificadas desde que inició su administración ya que, como le recordaron las y los diputados, se había comprometido a crear una visitaduría especial para estas personas. Parece que Nashieli Ramírez sí tendría que mirar al pasado y hacerlo sin miedo.
Más aún, ante las inquietudes que permanecen entre el personal de la Comisión, Cravioto le recordó que debe proteger los derechos laborales de su propio personal. Dos temas de particular relevancia son: ¿Nashieli Ramírez pondrá obstáculos o no para que, como mandata la Constitución local, el personal pueda crear un sindicato?, ¿respetará plenamente el servicio profesional de la institución? El mismo día de su comparecencia, trabajadoras y trabajadores enviaron un correo electrónico en respuesta al enviado por la coordinación del Servicio Profesional señalando: “[…] nos gustaría conocer cuál es el objeto de obtener un puntaje para la ‘valoración del mérito’, toda vez que en la presente administración se ha optado por asignar las plazas vacantes del Servicio Profesional en Derechos Humanos de esta Comisión de manera discrecional; inclusive se ha preferido contratar a personal bajo el régimen de honorarios para ocupar las citadas vacantes. Si no existe otra función del puntaje referido más que el poder obtener una Encargaduría de Despacho en un puesto superior, consideramos que el mandarnos el presente correo con la puntuación obtenida solamente cumple con una simulación.” Las y los trabajadores parecen tener claro que ingresar de otra manera que no sea el servicio profesional, fomenta la cultura de la lealtad o del encubrimiento en las/los servidores públicos en lugar de la cultura de la responsabilidad y el profesionalismo. Si Nashieli Ramírez quiere que todas las personas le digan que hace bien las cosas por temor a ser despedidos y que esa lógica continúe o se afiance en las distintas áreas, entonces, va por buen camino. ¿Aplicará o permitirá que haya represalias en contra de las y los trabajadores que hagan cuestionamientos, tal como lo hizo su antecesora? Una pregunta más sobre el servicio profesional: ¿Nashieli Ramírez explicará por qué sólo se abrieron a concurso público las plazas de un área específica, cuando hay más plazas del servicio profesional de derechos humanos ocupadas por personal contratado por honorarios?
Cravioto, morenista, también le recomendó que no se deje influenciar por Emilio Álvarez Icaza a quien llamó “regenteador de los derechos humanos” ya que tiene gran influencia en muchas OSC con las que ha trabajado la CDHDF. Comentario relevante para el contexto electoral pero que nos lleva a reflexionar si la relación de la Institución con las OSC ha cambiado o sigue propiciando el trato clientelar, el amiguismo para la asignación de recursos públicos e incluso la administración de casos. ¿Las OSC que impulsaron el cambio mantendrán una mirada crítica o una cercanía cómplice?
Entre tantos temas, también destaca que Nashieli Ramírez así como las y los diputados, se abstuvieron de hablar de las y los consejeros electos desde 2017 y que no han sido ratificados en el pleno de la ALDF para ejercer sus funciones. (ver: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-nuevos-consejeros-cdhdf-tienen-perfiles-id…) Desde entonces el Consejo Consultivo sesiona incompleto, ¿tendrá que palomearlos Nashieli Ramírez?
En síntesis, la comparecencia fue un acto útil para presentar algunos posicionamientos políticos pero no para hablar del futuro de la Institución de manera seria tanto por parte de la Presidenta como de las y los asambleístas; también quedó claro que las y los diputados siguen interesados en el uso político de la Institución para atacar a sus contrincantes pasando por encima del bienestar de las personas que viven y transitan en la Ciudad. Para variar, no desaparece el temor de que, una vez más, la Institución se encamine a priorizar aspectos políticos o económicos por encima de los derechos humanos de las personas que vivimos o transitamos por la CDMX. Si Nashieli Ramírez no está pensando en eternizarse en la CDHDF o en saltar a algún otro cargo, ¿se animará a hacer su trabajo al frente de la Institución?, ¿a cuestionar con fundamentos las acciones y omisiones de las autoridades locales que violen derechos humanos?, ¿a dejar de usar selectivamente las recomendaciones en contra de los derechos humanos de las víctimas? Mal augurio es su frase sobre la reacción del gobierno de la Ciudad luego del sismo: “hicieron lo que tenían que hacer”.
También queda pendiente saber cómo va el avance en las metas que se planteó, si permitirá y propiciará la realización de auditorías externas, si sabremos cuánto nos cuestan los informes, las recomendaciones, los eventos, si los gastos operativos se han justificado adecuadamente o si predominan las adjudicaciones directas y porqué.
Una visión global de la institución es necesaria si de verdad se quiere lograr que ésta sirva para lo que fue creada. Y, además, es necesario un compromiso serio que trascienda los personalismos y los patrimonialismos. La defensa y promoción de los derechos humanos en la Ciudad de México aún son un tema pendiente desde la Institución; esto es lo que olvidan quienes acceden al cargo de presidenta/e pensando que es un logro “personal”, creyendo que no necesitan rendir cuentas de sus decisiones sino sólo “administrar la institución” como si fuera de su propiedad.
Por ahora existen más preguntas que respuestas. Es necesario recuperar el escrito firmado por exconsejeros (as) y consejeros (as) del Organismo (el cual también firmó Nashieli Ramírez), donde pedían la no reelección de Perla Gómez Gallardo y consideraban que “recuperar el piso mínimo de credibilidad en este organismo autónomo, dependerá del perfil de la o el ombudsperson que se designe”. ¿Nashieli Ramírez cumplirá lo que ella misma pidió a la persona que se designara?
