Por Max González Reyes
Una vez que se realizaron las elecciones de junio pasado, los resultados dieron ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta. Su triunfo es incuestionable porque una amplia mayoría votó por ella. A la par, los resultados de esa jornada electoral, y una vez pasados por los argumentos y deliberaciones jurídicas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio a Morena y sus aliados, PT y PVEM, la mayoría calificada en el Poder Legislativo. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República esa coalición tiene el control absoluto de las decisiones legislativas. Por lo mismo, tienen la mayoría de las presidencias en las comisiones, sobre todo en las más importantes que son las referentes a temas económicos, financieros, de reformas a la constitución, etc.
Es por ello que las iniciativas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, que no se pudieron abordar en el periodo ordinario de febrero-abril, se están aprobando en este periodo legislativo que corre de septiembre-diciembre, una vez que se instaló la nueva legislatura, la número LXVI. Así pues, desde el 1 de septiembre se han estado aprobando reformas a la Constitución que el exmandatario mandó, aunado a las que ha estado mandando la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los legisladores del bloque mayoritario una y otra vez recalcan que tienen la mayoría que “el pueblo les dio”. Señalan que aprueban las leyes por “mandato del pueblo”, porque ellos “obedecen al pueblo”, y porque “les regresamos al pueblo lo que los gobiernos neoliberales les quitaron”. Cada vez que suben a tribuna repiten el mismo argumento hasta el cansancio.
Bajo ese contexto, el Congreso mexicano más que un espacio de deliberación y argumentación racional se ha convertido en un escenario de gritos y vociferaciones que se parecen más a una reunión estudiantil de los años ochenta o noventa, en la que no priva el comentario inteligente o reflexivo, sino el argumento del que más grita o alza la voz. Los mismos legisladores del bloque mayoritario suben a tribuna no para hablar y leer el texto que sus asesores les prepararon sino para gritar y hablar a favor del dictamen que propuso el Ejecutivo. Más allá del texto, pareciera que su intención es subir a gritar para que los escuchen más, siendo que el recinto tiene buena acústica y sonido. Entonces, no se entiende por qué el objetivo de expresar con gritos sus “argumentos” que en realidad son diatribas políticas que cualquiera grita en un mitin en el zócalo, en una plaza o en una explanada estudiantil.
En varias ocasiones se ha visto que los legisladores de la mayoría aprueban las propuestas del Ejecutivo muchas veces sin leer lo que están discutiendo. Se ha comprobado que han aprobado dictámenes que contienen contradicciones y aun así votan a favor. Aunado a su urgencia de aprobar de manera rápida las reformas constitucionales que son propuestas de ellos, como la que se aprobó en torno a la supremacía constitucional, la cual reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución.
Esa ley rompió récord en su proceso legislativo. La presentó el senador de Morena Adán Augusto López Hernández, el 22 de octubre y fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su análisis. Al siguiente día se aprobó en esas comisiones y se presentó como dictamen el 24 de octubre. Al momento, se le dispensaron todos los trámites y se puso a discusión de inmediato. Después de un ríspido debate se aprobó y se turnó a la colegisladora como minuta. Esta la recibió el 28 y se turnó directamente a las comisiones para su discusión y análisis. Se le dio primera lectura en el pleno de la Cámara revisora (la de Diputados) el 29 de octubre. El 30 de octubre la Cámara revisora lo puso a discusión y ese mismo día la aprobó y la turnó a los congresos locales, por ser reforma constitucional. Al siguiente día, el 31 de octubre, se recibieron las notificaciones de que los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, 23 en total, habían aprobado la reforma. Acto seguido, se notificó al Senado y posteriormente se mandó al Ejecutivo para que ese mismo día se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que al siguiente día entrara en funciones.
Como se observa, Morena y sus aliados tenían prisa por aprobar la reforma. Querían que entrara en vigor antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara la reforma al Poder Judicial.
Este es un botón de muestra de cómo opera la maquinaria de Morena y sus aliados a la hora de aprobar las reformas que ellos impulsan. El proceso pasa a la inversa cuando son proyectos que no son impulsados por ellos. Esos no llegan ni al pleno. Se quedan en la “congeladora legislativa”. Dicho sea de paso, ninguna de las mociones suspensivas o reservas presentadas por la oposición pasó. El dictamen se aprobó tal cual Morena lo propuso.
Así pues, estamos ante la “tiranía de la mayoría” disfrazada de voluntad del pueblo, aunque en realidad sólo sirve a intereses de un grupo y clientelas políticas que gozan de privilegios.
Durante décadas se pugnó por tener un sistema plural donde se escuchara a todos. Hoy estamos ante una pluralidad disfrazada donde se escucha, pero con oídos sordos pues la decisión ya está tomada desde antes que los dictámenes suban al pleno.
