Ciudad de México, 02 de agosto de 2109. Las comunidades rarámuri Baqueachi y Huahuachérare, en el estado de Chihuahua, ratificaron la permanencia de la abogada Estela Ángeles Mondragón como su defensora y rechazaron las falsas acusaciones de malversación de fondos en su contra, así como los intentos de división de las comunidades.
La semana pasada, un diario estatal publicó un reportaje donde se acusa a la defensora de apropiarse de 16 millones de pesos de las comunidades a las que representa, extremo que fue desmentido con documentos por la propia abogada ante sus representados. Se prevé que El Heraldo de Chihuahua presente un segundo reportaje en el mismo tenor.
Por su parte, más de doscientas organizaciones de derechos humanos, así como personas defensoras, rechazaron la campaña de desprestigio contra la persona que ha logrado la restitución de tierras para los rarámuri, y advirtieron que sería el primer caso de criminalización de una persona defensora de derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que abrió dos investigaciones en su contra.
Las y los defensores señalaron que respetan la libertad de expresión pero no ignoraron que “lamentablemente, y de manera constante, las personas defensoras de derechos humanos de Chihuahua han sido víctimas de reportajes como el mencionado en donde se realiza una mezcla de información de datos reales y falsos para denostar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.
No es la primera vez que Estela Ángeles se encuentra bajo ataque. Durante febrero de 2010 su hija sufrió un ataque armado; ese mismo año, en el mes de marzo, su esposo Ernesto Rábago Martínez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado. A estos hechos se les suman ataques a sus oficinas donde se lanzaron dos bombas molotov, además de las constantes amenazas, hostigamiento y agresiones contra Estela y Bowerasa, la organización de la que es parte. En 2016, recibió amenazas de muerte enmarcadas en la obtención de 32 sentencias favorables para restituir a los indígenas cerca de 22 mil hectáreas de su territorio invadidas por ganaderos del municipio de Carichí. En 2017 también se publicaron notas periodísticas difamatorias en su contra, que en su momento se consideró fueron motivadas por ganaderos afectados por su labor de defensa del territorio.
Las organizaciones defensoras solicitaron al diario El Heraldo de Chihuahua que rechace la publicación de las notas que denuestan y difaman la labor de personas defensoras de derechos humanos; al Mecanismo de Protección, que emita un comunicado reconociendo la importante labor que ha realizado Estela y solicite información a las autoridades de Chihuahua sobre las acciones que están realizando para proteger a la beneficiaria; a la Fiscalía General del Estado, que concluya las investigaciones por falta de elementos; a la CIDH, que solicite información al Estado mexicano en relación al cumplimiento de la medida cautelar MC 208/10 y la urja a implementarla adecuadamente; y a las relatorías sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y de pueblos indígenas de la CIDH y del sistema de Naciones Unidas, que soliciten información urgente al Estado mexicano sobre la situación de la defensora Estela Ángeles Mondragón.
Estela ha ganado el Premio Medalla “Emilio Krieger” en 2011 y el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” en su emisión 2013, entre otros reconocimientos a su trayectoria como defensora de derechos humanos. De la misma forma tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está incorporada al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
