Ciudad de México, 30 de enero de 2020. Defensoras y defensores de derechos humanos condenaron la sentencia dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México en contra del periodista y académico Sergio Aguayo, que ordena el pago de 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira por daño moral, así como la resolución que fija una fianza para evitar la ejecución de la sentencia y la amenaza judicial de embargar sus bienes.
Por su parte, se informó que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación asumió la atracción del amparo directo 906/2019, promovido por Sergio Aguayo, al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación de daño moral al exgobernador Humberto Moreira es violatoria de la libertad de expresión.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, lamentó que el tribunal haya entendido que el honor de un ex gobernador investigado debía privilegiarse frente a las opiniones del periodista y aplicado una sanción económica a todas luces desproporcionada.
“Este caso merece ser resuelto por la máxima instancia jurisdiccional de México, el Poder Judicial de la Federación, de modo que la decisión explique de forma transparente el razonamiento y los criterios aplicados para ponderar los derechos en juego. Por la naturaleza del caso, la decisión debería contemplar la ponderación que favorece un escrutinio mayor de funcionarios electos y el derecho a saber de los ciudadanos”, explicó el defensor.
Por su parte, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consideró que estas resoluciones representan no sólo un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico, sino que vulneran el derecho a la información de toda la sociedad mexicana e inhiben la labor de las y los periodistas que vigilan y cuestionan el ejercicio del poder político lo cual es un pilar fundamental de la democracia.
La organización, fundada por el periodista, advirtió que “la emisión de sentencias regresivas, desproporcionadas y violatorias de derechos humanos como la dictada en contra de Sergio Aguayo, pone en evidencia un sistema de justicia que actúa como un mecanismo de control político en lugar de garantizar derechos fundamentales. Lo anterior, agrava la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que las y los periodistas ejercen su trabajo en un país donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, convirtiendo a México en el país más peligroso del mundo para ejercer su profesión”.