Ciudad de México, 01 de diciembre de 2020. Organizaciones de derechos humanos pidieron al Ejecutivo federal atender los llamamientos que expresaron seis Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre los impactos en derechos humanos del proyecto del Tren Maya.
En la misiva de las y los relatores, destacan las organizaciones mexicanas, se señala su “grave preocupación” por los posibles impactos del tren para las comunidades indígenas, “que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros”. Las y los expertos también señalaron su alarma por la información que indica que el estudio de impacto ambiental pudo haber sido sido inadecuado, “conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”.
Las organizaciones mexicanas expresaron su grave preocupación por los incumplimientos del Estado mexicano no solo a sus compromisos internacionales, sino a sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Explicaron que “es por ello que las expertas y expertos de la ONU han instado al Gobierno de México a que ‘adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas’ en la misiva”.
Las organizaciones reiteraron el señalamiento por parte de los y las Relatoras Especiales de la ONU que enfatizan que las consultas “deben llevarse a cabo con las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades indígenas, y no limitarse a las estructuras agrarias y ejidales existentes”, y que deben proporcionar la “información necesaria, incluyendo los resultados de estudios de impacto ambiental y no debe procederse sin que se hayan implementado dichas garantías”.
La carta de los relatores, destacaron, también fue dirigida a la sede de ONU-Hábitat, cuyo apoyo al proyecto Tren Maya ha resultado contradictoria a la luz de otras posiciones tomadas por órganos de Naciones Unidas, como la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la cual se pronunció en 2019 sobre el incumplimiento con estándares internacionales del proceso de consulta indígena llevado a cabo por el Gobierno.
“Por último, subrayamos la responsabilidad del Estado mexicano como miembro reelecto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ‘aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos’, y de cooperar constructivamente con Relatorías Especiales y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Resaltamos en particular el compromiso internacional asumido por el Estado de apoyar iniciativas para proteger los derechos de pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, así como de trabajar con la ONU y con la sociedad civil para proteger personas defensoras de derechos humanos, reconociendo su rol fundamental en mantener una ‘democracia saludable’”, remarcaron las organizaciones.
Las y los defensores instaron al Gobierno mexicano a acatar el llamamiento de las seis Relatorías de Derechos Humanos; a realizar una evaluación de impactos ambientales, sociales, culturales y de derechos humanos que sea integral sobre todo el proyecto, con la participación libre, plena e informada de las comunidades afectadas y de las estructuras representativas que ellas identifiquen, y donde se pueda aplicar el principio de precaución; a detener completamente el proyecto de desarrollo Tren Maya hasta que se hayan implementado dichas garantías y cumplido con obligaciones bajo el derecho internacional y estándares internacionales en derechos humanos, y solicitar asistencia técnica de Relatorías Especiales de Naciones Unidas en este marco.