Con la complacencia gubernamental, empresas agroproductoras con ganancias millonarias usan vehículos de segunda mano, o con permisos vencidos, para trasladar a sus jornaleros a los campos de trabajo en Jalisco. El resultado: muerte, dolor e impunidad. Las empresas aprovechan la escasa o nula supervisión oficial para dejar a su suerte a las personas lesionadas y no pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Por Martha Guillén y Lauro Rodríguez*
Abisai Domínguez Gasga lo intuyó desde el momento en que notó que los frenos fallaron: no sobreviviría.
“¡Agárrense todos, no agarra el freno!”, gritó Arturo Hernández de los Santos, el chofer del autobús que transportaba a 33 personas jornaleras, trabajadoras de la empresa BerryMex.
Junto a Abisai viajaba su amigo Froilán Alameda Carrera, quien recuerda que no alcanzó a escuchar con claridad la advertencia; solo vio y oyó a sus compañeros gritar de desesperación. No sabía qué sucedía, pero el temor lo invadió cuando percibió la velocidad a la que descendían.
Iban en picada, en medio de las curvas de la carretera 405 Tuxcueca-Mazamitla en el sureste de Jalisco, muy cerca de Michoacán, que deberían transitar a baja velocidad, pero el camión ya superaba los 90 kilómetros por hora, y pronto rebasó los 100.
Abisai olió la muerte antes de que el vehículo, fuera de control, se estrellara. Entonces dijo a Froilán: “Pues ya lo que nos toque, ¿verdad?”.
“Mi compañero se despidió de mí”, cuenta.
Al salir de las curvas, algo tronó; se escuchó un estruendo.
Las personas gritaban, golpeaban las ventanas, luchaban y jaloneaban para quitarles el marco, sacaban los brazos intentando salir. No había opciones: si se arrojaban del autobús a esa velocidad, el golpe de la caída podría matarlas.
El chofer logró dirigir la unidad marcada con el número 363 en sentido contrario, hacia una desviación en el crucero que une a la carretera Tuxcueca-Mazamitla, con la 446 Citala-Tuxcueca, para tomar una pendiente. En la subida trató de que la fuerza de gravedad frenara el vehículo. Como pudo, esquivó tráileres y autos que encontró de frente. No pudo evitar la valla metálica de contención. Se impactó dos veces.
Como pelota de ping-pong, sin control, el camión rebotó hasta chocar con cerro de piedra en la primera curva.
Estallaron pedazos del chasis, los asientos volaron y quedaron tirados a la orilla de la carretera. Del frente no quedó nada; solo un amasijo amorfo.
En los primeros choques, Froilán perdió el conocimiento; despertó cuando todo había pasado.
De algún modo, sobrevivió, pero ese fatídico 18 de mayo de 2022 su hijo Frank Irving, su cuñada Ariadna Ortiz Cortés, su amigo Abisai y otras once personas, no.
Arturo, el conductor que con sus maniobras trató de salvarlos a todos, falleció horas después en el hospital. Era un joven de 25 años, originario de Mezcala, un pueblo jalisciense a orillas del lago de Chapala. Tenía apenas tres meses en Grupo Ruza, la transportista contratada por la compañía exportadora BerryMex, filial de la trasnacional Reiter Affiliated Companies (RAC).
Viajes a los campos
Diariamente, en Jalisco miles de personas jornaleras realizan viajes en camiones de la muerte como el que hacían Abisai, Froilán, su familia, y la cuadrilla de la que formaban parte. A las 5:30 de la mañana los recogía un autobús en los albergues que tiene BerryMex en Jocotepec y, aproximadamente dos horas después, se estacionaban en los campos de Mazamitla.
Ese 18 de mayo les tocaba cosechar zarzamoras.
Al llegar a los invernaderos se colocaron guantes para protegerse de las espinas de la planta, tomaron cubetas, se las colgaron de la cintura, se metieron entre las hileras de los cultivos y fueron arrancando las delicadas frutas, que depositaron en los recipientes. De regreso las vaciaron en contenedores. Luego serán empaquetadas en clamshell, esas canastillas de plástico transparente que el comprador ve en el supermercado.
En México hay 55 mil 400 hectáreas de invernaderos de berries (como se conoce a las frutillas: fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos), y para ese tamaño de cultivo —según el Servicio de Comercialización de Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA Market, por sus siglas en inglés) -— se necesitan 443 mil personas trabajadoras.
Jalisco, autonombrado por sus gobernantes como el “Gigante Agroalimentario”, concentra el 16% de la producción nacional, solo superado por Michoacán.
Casi toda la cosecha se manda a Estados Unidos. En 2022, según la misma fuente, México envió 401 mil toneladas de arándanos, 169 mil de frambuesas, y 1.17 millones de fresas. Una tercera parte de las exportaciones está a cargo del conglomerado RAC, asegura Miguel Ángel Curiel Mendoza, director de Driscoll’s en México, entrevistado para esta investigación. RAC tiene varias filiales, una es Driscoll’s, que exporta los productos de la empresa BerryMex que Abisai, Froilán y otros jornaleros cosecharon.
Para cumplir ese nivel de producción, el trabajo diario termina entre las 6 y 7 de la tarde. Doce horas después de haber llegado a los viveros, tras una jornada bajo el sol, toman el camión de regreso a los albergues.
Según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), el valor de las exportaciones de estas frutas rojas para México a nivel mundial fue de mil 719 millones de dólares en 2022; de este total, mil 661 millones de dólares procedieron del mercado estadounidense.
Por ese trabajo, jornaleros como Froilán y Abisai reciben alrededor de 231 pesos al día.
La carretera en la que se accidentó el autobús 363 inicia en Mazamitla, dentro de la Sierra del Tigre. El recorrido de más de 70 kilómetros comienza en un bosque con aroma refrescante a pino. Desde la ventana de los vehículos se distinguen los náilones negros y los túneles blancos de los invernaderos de berries —también llamados ranchos—, que forman un lienzo de plásticos que, abrillantado por el reflejo del sol, encandila a la vista.
Poco a poco, el bosque y los pinos quedan atrás. Más allá de la ventana surge una vista que recuerda a la selva, pero conforme se avanza en el camino los cerros arbolados se convierten en terrenos baldíos. La temperatura comienza a subir y, cuando menos se espera, aparece el imponente lago de Chapala. Los invernaderos se han extendido tanto que, incluso, se han apoderado de la ribera.
Para hacer ese viaje diariamente, todos los componentes del vehículo tienen que funcionar correctamente. No debe haber margen de error. Así lo exige una carretera repleta de curvas, con tramos rectos inclinados.
Los frenos son una pieza clave. Aquella tarde, los del autobús de Ruza Empresas fallaron.
En los últimos diez años (de enero de 2013 a mayo de 2023) en Jalisco, de acuerdo con información extraída de partes de novedades de Protección Civil del estado y municipios, estadísticas oficiales y noticias periodísticas, al menos 34 personas jornaleras han muerto en accidentes como este y 216 han sufrido lesiones, algunas de por vida. Las víctimas viajaban en camionetas y autobuses contratados por empresas agrícolas para el transporte de personal, como el 363, que se ha cobrado el mayor número de fallecidos.
Un vistazo a la tragedia
El camión quedó destruido. Las fotografías de Protección Civil Jalisco muestran que en la parte trasera se mantuvo intacta una lona de BerryMex con su anuncio de“contrataciones” invadido por el humo. El número 363 de la unidad y la placa 412-RR-6 también permanecieron visibles.
Rescatistas trabajan en el accidente en el que 13 personas jornaleras perdieron la vida; posteriormente, el chofer falleció en el hospital comunitario de Jocotepec. Fotografías de Protección Civil Jalisco.
En medio de la oscuridad, cuando recobró la conciencia, Froilán vio que los rescatistas rompían las ventanas para sacarlo.
“Escuchaba gente llorando, lamentarse de dolor”, cuenta en entrevista, en un esfuerzo por recordar secuencias de esa noche. “Recobré la conciencia por un momento de, no sé, adrenalina. Actué contra mis instintos, pero después me desgané y quedé en el camión. Traté de ayudarlos . No sabía ni qué hacer, solo palpaba, pero ya había mucha gente fallecida”.
En ese momento de lucidez, sintió cómo lo bajaban del autobús destrozado y lo recostaban en el suelo. Estaba rodeado de heridos y cadáveres.
Las luces de las sirenas de las ambulancias iluminaban los cuerpos tirados en la carpeta asfáltica; cuatro ya habían sido cubiertos con bolsas azules.
Una cinta amarilla delimitaba la escena. Dos paramédicos aplicaban reanimación cardiopulmonar a una jornalera que yacía en el piso. A menos de dos metros, un compañero ensangrentado, recostado sobre el chasis, veía cómo trataban de revivirla.
En el piso había personas inconscientes, en apariencia con vida, otras seguían atrapadas dentro del camión mientras los rescatistas intentaban sacarlas.
Después de ese momento no supo más. Dimensionó la gravedad del accidente días después, en el hospital, cuando vio la televisión: las noticias transmitían el momento en que los paramédicos lo subían inconsciente a la ambulancia.
Junto con el resto de sobrevivientes lo llevaron al hospital más cercano, el Comunitario de Jocotepec.
Despertó en el Hospital General Regional 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlajomulco, Jalisco, donde lo trasladaron para recibir atención especializada. Ahí preguntó por sus familiares que viajaban también en el camión. Nadie quería revelarle la verdad. Le dijeron que los estaban atendiendo.
Su esposa, Miriam Ortiz Cortés,madre de Frank Irving y hermana de Ariadna, se trasladó desde Pachuca, Hidalgo, al saber la noticia. Cuando se vieron, y ella notó que se encontraba estable, Miriam le dijo que tendría que salir, no especificó a dónde, no dio explicaciones.
Volvió al hospital tres días después. Se había llevado los cuerpos de su hijo y de su hermana para enterrarlos en Tuxpan, Veracruz, de donde son originarios.
A su regreso le dio a Froilán la terrible noticia.
El camión “cachirul”
Una toma en video capturada por medios de comunicación el día siguiente del siniestro deja ver a un costado de la carretera un pedazo del frente del autobús impactado. Tiene un logo: una estrella plateada sobre un fondo negro, con un círculo rojo al centro. Es el distintivo de los autobuses de la marca brasileña Marcopolo. A los costados estaba pintada la palabra Ruza, la empresa contratada por BerryMex para el traslado de su personal.
Al investigar las placas 412-RR-6 del autobús, se encontró que fueron emitidas en 2015 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal para un camión modelo 2006 de la marca Mercedes Benz —según información obtenida vía transparencia—, y no para ese Marcopolo de antigüedad desconocida.
No es la única irregularidad: su permiso de circulación estaba a nombre de la empresa Transportes en Acción, no de Ruza Empresas, y era para “turismo de excursión”, actividad distinta al transporte de personal.
La matrícula, además, había vencido el 31 de diciembre de 2020, 16 meses y 18 días antes del siniestro.
En este enredo aparece el nombre de la familia Ruiz Zamora como propietaria de las dos compañías que se intercambian placas y permisos. El acta constitutiva de Ruza Empresas, S.A. de C.V. (creada en enero de 1994) muestra que los socios son la pareja formada por Ernesto Raúl Ruiz González y Aurora Zamora Hernández, junto con sus hijos Lidia, Estrella, Ernesto Gregorio, Ernesto Raúl y Nelly Ruiz Zamora.
Ante el Intituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) fue registrada el 7 de julio del 2000 -por Lilia Judith y Nelly Edith Ruiz Zamora- como Grupo Ruza, el nombre comercial o marca.
A su vez, Transportes en Acción (empresa creada en 2009) tiene en su acta constitutiva como principal accionista a otra Ruiz Zamora: Alma Nallely. Ella aparece en LinkedIn también como directora de Recursos Humanos en Grupo Ruza.
En 2014 Lilia Judith y Nelly Edith Ruiz Zamora fueron nombradas
apoderadas de esta segunda empresa de la que Nelly Edith es también accionista.
Aunque no hay un documento oficial público que haga explícito que Transportes en Acción también forma parte de Grupo Ruza, Quinto Elemento Lab encontró que al menos 12 personas han compartido roles laborales en ambas -desde socios, representantes legales, administradores-. Además, varios de sus trabajadores actuales y pasados se autoidentifican en Linkedin y redes sociales como parte de “Grupo Ruza”.
Entre las dos compañías suman al menos 309 unidades con concesiones: 194 con autorización federal, y 115 con permiso estatal. Del total, solo once están a nombre de Ruza Empresas, aunque en las calles esta es la marca presente en todos los camiones.
José Antonio Pérez Gil, presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, explica que con frecuencia se usa un entramado de empresas para gestionar y conseguir permisos de circulación, una práctica que busca desviar responsabilidades o entorpecer el proceso legal en accidentes como este, en el que Froilán y su familia fueron víctimas.
“Sí se complica , viéndolo desde el punto de vista de la víctima, que quiere buscar que se le repare el daño. Pero, en realidad, la responsabilidad como tal recae 100% en el patrón, él es el responsable, él tiene que garantizarle esta seguridad al trabajador, sea subcontratando, sea comprando vehículos, como sea, pero hay que garantizarla”.
“No podemos echarle la bolita al transportista y decir: ‘No, es que él me dijo que el camión era nuevo, que esto, que el otro’. Tú vete contra esa empresa transportista que te incumplió en el contrato que hiciste con él y las víctimas se van a ir contra ti, porque el responsable es el patrón, o sea, tú tienes que pagar esas indemnizaciones”, dice.
El abogado sintetiza el asunto de la siguiente manera: el patrón, en este caso BerryMex, es el responsable de indemnizar por los daños sufridos a los trabajadores y sus familias, independientemente de la empresa transportista.
Sin embargo, familiares de las personas fallecidas y lesionadas, afirman que lo descrito por el especialista no se siguió; no recibieron indemnización alguna.
El día del accidente
Froilán recuerda que algo no pintaba bien el 18 de mayo, día de la tragedia.
En la mañana, al salir del albergue y llegar a la parada, se dio cuenta de que el transporte lo había dejado junto con un grupo de siete jornaleros. El autobús que siempre los trasladaba había pasado antes de lo habitual.
Llamaron al encargado, que envió de vuelta al camión para recogerlos. Pero no era la misma unidad, ni el chofer habitual. Le extrañó.
Hasta después del accidente ató cabos. Descubrió que nadie quería responsabilizarse por los daños: los vehículos que los transportaban ni siquiera eran de BerryMex, que tiene su propia flota de color amarillo, pero solo la usa para recorridos cortos. Para lapsos de más de hora y media, como el de Jocotepec a Mazamitla, subcontrata a otras empresas.
El camión con placa 412-RR-6 en el que viajaba Froilán terminó estampado contra un paredón por una falla en los frenos, declaró la noche del siniestro Francisco Javier Encarnación Morán, primer oficial operativo de Protección Civil Jalisco.
“En el crucero de Tuxcueca ya venía sin frenos y el chofer optó por agarrar el crucero a Citala”, dijo en entrevista con medios de comunicación.
Arturo Hernández, el novato chofer, ni siquiera debió conducir ese día porque le tocaba descanso, pero su jefe le pidió suplir a un compañero, de acuerdo con el relato que dio a la prensa su madre, Hermila de los Santos, durante el velorio. Dejó huérfano a un niño de año y medio.
Grupo Ruza publicó un comunicado el 19 de mayo a través de su sitio web y su página de Facebook en el que aseguró cumplir con la normativa federal, lamentó las muertes y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. En la publicación se restringieron los comentarios.
Para esta investigación se buscó el testimonio de Grupo Ruza en dos ocasiones vía correo electrónico, y dos más mediante llamada telefónica a los números de contacto que aparecen en su sitio web. No hubo respuesta.
Este equipo de periodistas acudió el 17 de octubre de 2023 a las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas en Anillo Periférico Poniente número 7450, municipio de Zapopan, Jalisco.
El trabajador que abrió la puerta se dirigió al área de Recursos Humanos cuando se le pidió una entrevista con alguno de los directivos de Grupo Ruza; al regresar, dijo que la empresa no hablaría sobre el accidente.Agregó que era un hecho del pasado, y las autoridades ya habían realizado las investigaciones correspondientes.
Sin embargo, los peritajes no son públicos. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se negó, vía transparencia, a entregarlos con el argumento de que la carpeta de investigación, en manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, sigue abierta.
Autoridades permisivas
De las 34 personas trabajadoras agrícolas muertas y las 216 lesionadas en siniestros viales durante la última década en Jalisco, que eran transportadas por diversas empresas, 14 murieron el 18 de mayo de 2022 en el accidente del autobús Marcopolo con número 363, de Ruza.
Las empresas pueden intercambiar las placas, usar permisos vencidos y camiones con fallas mecánicas porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco y la SICT del gobierno federal no las vigilan, reconocieron vía transparencia, alegando que no les corresponde a ellos.
Quien sí las supervisa, pero solo en carreteras estatales, es la Secretaría de Transporte (Setran) de Jalisco.
En respuestas entregadas mediante solicitudes de información pública y por su área de Comunicación Social, la Setran indicó que en su registro de empresas transportistas más sancionadas, Ruza Empresas ocupa el tercer lugar. Entre enero de 2022 y marzo de 2023 sumó 18 unidades retenidas por no contar con permisos vigentes o por no portar placas y 48 multas por exceso de velocidad, circular con las puertas abiertas, el uso de vidrios polarizados, y transitar por lugares prohibidos.
La Setran informó que solo entre enero y julio de 2023 retiró tres unidades de Ruza Empresas: dos por no tener permiso para circular, y una porque la autorización de la matrícula de circulación estaba vencida, como ocurrió con la 363 que causó la muerte de 14 personas jornaleras en Tuxcueca.
Sobre Transportes en Acción, indicó que no ha cometido ninguna infracción.
El abogado Pérez Gil considera que los accidentes ocurren porque las autoridades permiten a las empresas violar la ley al no supervisarlas.
La solución, aclara en entrevista, no está en reformar las leyes, pues estas son claras. “Ahí dice el catálogo en la ley: tienes que hacer a, b, c. Pero como el gobierno no me fiscaliza, no me está supervisando, como existe la corrupción, pues pasan cosas”.
Pese a su historial, Grupo Ruza ha tenido contratos con gobiernos vía licitación y, en su mayoría, adjudicación directa. Entre sus clientes están el Consejo Municipal del Deporte, en Guadalajara y Zapopan, los gobiernos municipales de ambas demarcaciones, y el gobierno del estado.
En mayo de 2023 obtuvo un contrato por adjudicación directa con la Secretaría de Educación de Jalisco por casi 650 mil pesos para la empresa Inteligencia Artificial y Humana, creada por los Ruiz Zamora en 2020, la cual, pese a su nombre, también tiene como actividad principal el servicio de transporte de personal, de acuerdo con su acta constitutiva.
Mediante ese contrato, se arrendaron 105 camiones de Grupo Ruza para trasladar a las 8 mil personas que obtuvieron un subsidio del Sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) Jalisco para asistir a la pelea entre los boxeadores Saúl “el Canelo” Álvarez y John Ryder, el pasado 6 de mayo en Zapopan, que fue patrocinada por el gobierno estatal y promocionada por su titular, Enrique Alfaro.
En el Facebook del mandatario se publicó una foto en la que se ven los autobuses azules que transportaron a la afición.
¿Transporte seguro?
Los camiones viejos o con desperfectos son reconocibles en los municipios productores de aguacate y berries —como Mazamitla, Jocotepec, Zapotlán el Grande, Sayula y Gómez Farías—. Muchos son de color amarillo y conservan la palabra “School” en el frente, porque son antiguos autobuses escolares importados de Estados Unidos, donde ya habían sido desechados.
Otros, rojos o verdes, son camiones que antes operaban en las ciudades de Jalisco como parte del sistema de transporte público urbano.
Entre 2018 y 2023, la Setran sacó de circulación más de 2 mil de estas unidades con una antigüedad mayor de diez años, a través de un programa de renovación del parque vehicular. Algunos camiones que se salvaron del deshuesadero continúan en circulación: trasladan a personas jornaleras.
No es raro que varios tengan las puertas caídas, los vidrios rotos, el armazón carcomido por el sol o escapes atados con alambre que, cuando avanzan, arrastran los ruidosos tubos de metal y sueltan un denso humo negro.
Entrevistado sobre los autobuses que utilizan para trasladar personal, como el camión que transportaba a Froilán y Abisai, Miguel Ángel Curiel Mendoza, quien, además de dirigir Driscoll’s en México, preside la Asociación Nacional de Exportadores de Berries A. C. (Aneberries), señala: “Desde los estándares de empresas como BerryMex, Driscoll’s y miembros de Aneberries, tienen que asegurarse de que cumplen los estándares mexicanos. No puedes tener un transporte que no cumpla”.
¿Los estándares mexicanos les permiten tener camiones que en Estados Unidos ya no se usan?
“Claro. No se usan por eficiencia en rendimiento, kilometraje y demás. Se traen, se rehabilitan y cumplen con los estándares. A ver, tienen que estar autorizados por la Secretaría de Transporte, o sea, no es algo fuera de la regulación”.
Entre enero de 2013 y mayo de 2023, al menos diez camiones con esas
características fueron protagonistas de los siniestros en Jalisco. Pero también hay incidentes en que los trabajadores eran trasladados en camionetas de carga. En lugar de llevar sacos de fertilizante o cajas de aguacates o berries, eran usadas para transportar al personal.
Dejaron, en total, 68 personas lesionadas y 20 fallecidas. En los reportes oficiales y de prensa no se especifica el nombre de las empresas involucradas.
Las causas de los accidentes tampoco se aclaran.
Sin embargo, el exceso de pasajeros en caminos de baja velocidad es un grave problema: estas camionetas llevan entre 10 y 27 jornaleros en la caja, según los partes de novedades de Protección Civil Jalisco a los que se accedió vía transparencia para esta investigación.
Después del autobús en el que murió la familia de Froilán y Abisai, el segundo caso más grave de la última década ocurrió en el municipio de Casimiro Castillo, en la Costa Sur, el 10 de febrero de 2017. Ocho personas perdieron la vida —tres eran niñas— tras la volcadura de una camioneta de tres toneladas en la que viajaban 27 personas, de las que 12 eran menores de edad.
Desde entonces, las autoridades estatales prometieron reforzar la vigilancia del transporte de personal agrícola, pero los siniestros viales y las muertes continúan.
Silencio del sindicato
En el Congreso Internacional de Aneberries, que se llevó a cabo en Guadalajara en julio de 2023, era casi un tabú hablar de los accidentes que sufren las personas jornaleras de las que dependen sus ganancias.
Entrevistado para este reportaje durante el desarrollo del congreso, Pierre Delort, representante en México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo que cuando las empresas lo invitaron a visitar los campos de Zapotlán el Grande o Autlán, al sur de Jalisco, vio unidades nuevas y en buenas condiciones. No quiso opinar sobre los camiones de la muerte involucrados en los siniestros.
“Los transportes seguros deben contar con control técnico, que haya tantos pasajeros como número de asientos y cinturones de seguridad, con conductores capacitados y con licencia de chofer”, se limitó a responder. Lo que le han mostrado entra en esos parámetros, insistió.
Delort reconoció que, en caso de accidentes, la OIT no cuenta con programas de seguimiento y acompañamiento a las víctimas; para eso, dijo, existen los sindicatos.
Los trabajadores de BerryMex están agremiados en Sindicatos Unidos Primero de Mayo de Trabajadores y Empleados (Súmate). Cuando se buscó al secretario general, Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, para saber cómo protegió a sus afiliados y conocer su postura sobre los “camiones de la muerte”, no respondió.
El secretario de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, también se negó a ser entrevistado para este reportaje, aunque en su discurso ante los productores, durante el congreso de Aneberries de 2023, se refirió a la falta de seguridad en el servicio de transporte de personal.
“Otro problema que tenemos que resolver con ustedes es un protocolo de transporte de personal. En tanto lo hagamos más profesional y más seguro para lo más importante que tienen las empresas, el capital humano, vamos a evitar estos accidentes catastróficos que, en muchos casos, se dan por distracciones y falta de mantenimiento”.
Esto ocurre a pesar de que la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 283, obliga a los patrones a “proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un transporte público adecuado”.
No hay justicia, sólo impunidad
Las muertes de Abisai, Irving y Ariadna permanecen impunes a casi dos años.
La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió la carpeta de investigación 2445/2022, pero a la fecha no hay sanciones por el delito de homicidio imprudencial, el ilícito que la fiscalía persigue en estos casos.
El abogado Pérez Gil precisa que el único resultado que se puede obtener de estas investigaciones es la reparación económica del daño, porque las señaladas como presuntas culpables son personas morales (empresas) y no individuos.
A las familias les negaron una copia de la carpeta de investigación: solo les dieron un oficio para reclamar los cuerpos, como en el caso de Miriam, la madre de Frank Irving, esposa de Froilán y hermana de Ariadna.
Para saber el estado de la investigación deben acudir a la oficina regional de la fiscalía, lo que es una odisea, pues los familiares de las víctimas viven en Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y Nayarit. Y no pueden darse el lujo de faltar a sus trabajos.
La tumba de Abisai en el panteón de la comunidad indígena de Guigovelaga, municipio de Santiago Lachiguiri, en Oaxaca. Sus familiares no pudieron contactar a tiempo a Wendy para avisarle del fallecimiento; tuvo que ver el velorio a través de una videollamada.
Según lo denunciado por las familias, BerryMex, al igual que Ruza Empresas, evadieron la responsabilidad por la muerte de sus trabajadores. Al día de hoy no han recibido una indemnización ni la reparación del daño conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo.
Para BerryMex, la vida de Irving, de tan solo 20 años de edad, tuvo un valor de 119 mil 365.22 pesos. Eso pagó la compañía como finiquito.
Pérez Gil precisa que dar un finiquito —que es la cantidad de dinero que una empresa debe pagar a un empleado cuando finaliza la relación laboral— en lugar de una indemnización es ilegal: la LFT estipula en su artículo 502 que la compensación mínima es de 5 mil días de salario.
“Eso es lo que para la Ley Federal del Trabajo cuesta una persona”, admite.
Tomando en cuenta la referencia legal, con un salario diario de 231.81 pesos, como el que recibía Frank Irving días antes de su muerte, su familia debió ser indemnizada con aproximadamente un millón 159 mil 50 pesos brutos, más dos meses de salario para gastos funerarios.
El finiquito que recibió solo representa el 10% de lo que correspondería como indemnización.
Miriam Ortiz, madre de Irving, firmó el finiquito a nombre de Frank Irving Amador Ortiz, recuerda con enojo.
“Nos hicieron firmar en nombre de ellos para deslindarse de la responsabilidad. Esos señores de BerryMex, para darme algo del dinero de mi hijo, en paz descanse, me hicieron firmar; si no, no nos entregarían nada para movernos ni para los gastos que estaba teniendo con mis demás hijos. Con mi marido internado, aprovechándose de la situación y de nuestra pobreza, así jugaron su carta”.
La familia de Frank Irving compartió a los reporteros el documento del finiquito.
Durante la entrevista, el rostro de Miriam se entristece, sus ojos lagrimean y su voz se quiebra. Traga saliva para contener el llanto.
Esa noche trágica también fue distinta para ella. Esperaba una llamada de su hijo Frank Irving o de su esposo Froilán, que nunca llegó. El cansancio la venció y se quedó dormida. Cuando despertó aún era de madrugada; se dio cuenta de que tenía varias llamadas perdidas del hijo mayor de Ariadna.
“¿Qué pasó, hijo?”.
“Tía, le estuve marcando como a las 3 de la mañana, pero no se despertó”.
“No, hijo, me quedé dormida”.
“Pues quiero decirle algo, pero necesito que esté tranquila”.
“Pero pues dime, que no voy a estar tranquila si no me dices”.
Ahí se enteró de que Frank Irving y Ariadna habían fallecido en el accidente y de que Froilán estaba grave en el hospital. De inmediato viajó desde Pachuca a Guadalajara, hizo los trámites de recuperación de los cuerpos, consoló a su sobrino que también acudió a reclamar el cuerpo de su madre, y visitó a su esposo.
“Para hacer todo eso me debí partir en mil pedazos. Mi sobrino entró al Semefo a reconocer a mi hermana y mi hijo. Yo no tuve el valor”.
Después de la tragedia, la organización civil internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) pidió a BerryMex y a Grupo Ruza responder sobre las acusaciones públicas que hicieron las familias.
BerryMex contestó que “todos los trabajadores afectados por el lamentable accidente tienen derecho a las prestaciones de ley, que incluyen pensiones de viudez, orfandad e incapacidad, así como prestaciones y seguros adicionales que proporciona la empresa conforme al contrato colectivo”, según lo publicado en el sitio web de la organización. Grupo Ruza no respondió.
Claudia Ignacio Álvarez, investigadora para México, Centroamérica y el Caribe del CIEDH, señala en entrevista que cuando hay una subcontratación de servicios como el transporte, las dos empresas son responsables de la reparación del daño.
“Ambas empresas deben responder; la garantía de las condiciones adecuadas de las unidades y el seguro de atención pasan por la empresa transportista”, afirma.
Pérez Gil coincide: la subcontratación no excluye a BerryMex de la responsabilidad. Por el contrario, dice, si la empresa descubre que hay irregularidades de parte de la transportista está obligada a denunciarla.
BerryMex y Ruza ya ni siquiera contestan las llamadas de Miriam.
“Para ellos, nosotros ya estamos en el olvido. Ni siquiera nos reembolsaron parte de los gastos que se hicieron; simplemente ya no contestaron las llamadas. Ellos no perdieron nada, no les duele, pero pues yo sí perdí mucho. Mi hijo tenía una vida por delante, mi hermana era muy joven y dejó dos hijos huérfanos”.
Las pensiones de orfandad y viudez de su familia, que BerryMex dijo al CIEDH que entregaría, quedaron en promesas.
Cuando este equipo consultó a familiares de los sobrevivientes que radican en Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y Nayarit, los cuatro que respondieron coincidieron en que no se les indemnizó ni cubrió el gasto de la rehabilitación.
Los lesionados tampoco tuvieron un seguimiento médico. Froilán dice que las empresas se desentendieron de su recuperación.
Después de haber estado inconsciente en el hospital, despertó con una herida profunda en la frente y no pudo abrir bien los ojos porque tenía un pedazo de cristal incrustado en el globo ocular procedente de una ventana. Además, tenía una parte de la lengua desprendida; un dedo y la nariz fracturados, y la rótula de una rodilla desviada y con pérdida de líquido sinovial.
Cuando aún seguía internado terminó su contrato temporal con BerryMex, y el seguro venció. La empresa, acusa, se deslindó de su condición médica.
El abogado Pérez Gil precisa que lo descrito por Froilán es otra ilegalidad. Las empresas no deben terminar el contrato de un empleado que, por hacer su trabajo, resulta lesionado, y están obligadas a pagar salario y gastos médicos, o pensión en caso de discapacidad.
“ no es una causa para rescindir el contrato entre trabajador y patrón, que es lo que normalmente sucede. Las empresas dicen: ‘Uy, no, me va a salir más caro, déjame lo liquido y ahí nos vemos y se acabó el problema’. Como empresa tienen que, si es necesario, mantenerlo, y si se requiere pagarle al IMSS para efectos de que haya prácticamente como una jubilación, pero más por tema de accidente”.
Esto no ocurrió. Al regresar a Pachuca, todavía lesionado, Froilán buscó empleo de inmediato: necesitaba recuperar su seguro social para atenderse. Encontró trabajo en una empresa que produce chicharrones.
“Me dan neuralgias , escucho ruidos fuertes y me altero. Sufro de dolor en todo el cuerpo, me duele la rodilla como si tuviera reumas; ya no camino bien”, narra. La cicatriz en su frente siempre le recuerda aquel 18 de mayo de 2022.
Cuando este equipo de periodistas buscó a la organización sindical Súmate para conocer su postura, en lugar de acceder, informó a BerryMex de esta investigación. BerryMex, a través de Óscar Eduardo Olmedo, representante de la agencia de comunicación Cuadrante, buscó a los periodistas vía correo electrónico. En su mensaje afirmó que resolverían por escrito las dudas que se les enviaran. Aunque se les dirigió un cuestionario la respuesta de BerryMex nunca llegó.
Los fantasmas de la tragedia
A casi dos años del siniestro no solo hay secuelas físicas, también persiste el dolor por la ausencia y la decepción por la falta de justicia y de la reparación del daño.
En el sitio del accidente rondan los fantasmas de la desgracia. Una llanta destrozada a un costado de la carretera, unos decolorados asientos azules, una frazada de color café azulado semienterrada y, sobre ella, la suela de una bota de trabajo.
A un lado, un galón de cinco litros y varias botellas de plástico. Destaca una gorra con las siglas “Súmate”, del sindicato al que pertenecían los trabajadores.
La valla metálica de contención en la que rebotó el autobús 363 sigue sumida y rota, con restos de su pintura azul rey: un recordatorio del primer impacto. La cinta amarilla con la que cercaron la escena permanece enredada entre los matorrales.
Tres cruces son la señal de la muerte. BerryMex abandonó a las familias, aunque, en una de las tres cruces colocadas en el lugar del accidente, una blanca, la más grande, les rinde homenaje: “BerryMex, por siempre en el corazón”.
La inscripción recuerda que la empresa estaba a cargo de la seguridad de las personas fallecidas.
En otra cruz se lee: “Soltar no es decir adiós, sino gracias…”. La tercera, pequeña, de madera, está recostada sobre una roca.
Con restos del camión, los deudos crearon una suerte de altar entre las rocas para colocar las veladoras. Los vasos lucen quebrados y las mechas apagadas.
“Yo sí quiero que se haga justicia y que paguen por las personas que murieron, por los hijos que se quedaron huérfanos, por los padres que perdieron a sus hijos. Ellos no ganan cinco pesos y a nosotros nos dejaron con una mano enfrente y la otra mano atrás”, exige Miriam.
“Que arreglen sus camiones y saquen de circulación las unidades en mal estado, que ya no mueran más inocentes. Que ya no queden familias incompletas, sillas vacías, por negligencia de los dueños que no quieren gastar y se hacen más ricos a costa de vidas inocentes”, recrimina Santa, cuñada de Abisai.
Los árboles de huajes y tepehuajes que fueron embestidos por el camión ya comenzaron a retoñar y retomar su camino, algo que las familias, ante la falta de justicia, no pueden hacer.
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Este reportaje fue realizado durante el taller de Periodismo de Investigación y Narrativo, impartido por Quinto Elemento Lab en el marco del proyecto Guadalajara, Capital Mundial del Libro, y fue publicado originalmente en NTR Guadalajara.
Martha Guillén y Lauro Rodríguez son periodistas de Jalisco y fundadores del periódico digital “El Suspicaz”, en Ciudad Guzmán. Guillén actualmente coordina el área de comunicación del Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que documenta violaciones a derechos humanos, y Rodríguez es reportero en NTR Guadalajara, colaborador de Letra Fría e integrante de Connectas Hub.
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