Reportaje : Rodrigo Haro
Desde el 2006 a la fecha hemos podido experimentar las 3 corrientes políticas con mayor poder en el país, el PAN con Felipe Calderón, el priismo de Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, aspirante por 12 años, primero con el PRD y ahora con MORENA.
A pesar de las diferencias en sus discursos, los gobiernos de los 3 colores han impulsado proyectos que ponen en riesgo la vida y el territorio de las comunidades originarias del país. México actualmente es catalogado como el segundo país más peligroso para defensores ambientales según Global Witness.
El proyecto energético que planteó Calderón, se vio fortalecido con la reforma energética impulsada por Peña Nieto la cual, actualmente, Andrés Manuel pretende dar revés en teoría ya que, al contrario de lo que se piensa, busca concretar proyectos orquestrados por las pasadas administraciones.
Sin embargo, la visión desarrollista del Estado mexicano y de la inversión extranjera, se ha topado con una fuerte resistencia de Pueblos Originarios que han defendido con su propia vida su territorio y la naturaleza.
En este reportaje entrevistamos a 4 pueblos que por su aguerrida resistencia han frenado la construcción de gasoductos en su territorio.
Tribu Yaqui Loma de Bácum, Sonora.
El Pueblo Yaqui de Loma de Bácum, fue notificado del proyecto de gasoducto el día 14 de agosto de 2013 cuando Melquisidec Gonzalez Juárez, de la Secretaria de Energía, acudió a la comunidad para informar sobre el proyecto.
A pesar de estar en plena consulta por el acueducto independencia, Melquisidec advirtió que por ser un proyecto prioritario, la consulta para aprobar el gasoducto tendría que hacerse al mismo tiempo que la del acueducto.
La consulta realizada exacerbaba los beneficios y nunca habló de los riesgos de la construcción del gasoducto.
“Nos decían que íbamos a ser socios, que íbamos a tener derecho a una determinada cantidad de gas y una serie de beneficios para cada pueblo.”
La empresa interesada era TC Energy que con el nombre de Gasoducto Aguaprieta ofreció una cantidad de 7.5millones de pesos para cada pueblo por una renta de 30 años y con la firma de un contrato de 50 páginas que establecía condiciones de despojo para los habitantes de Loma de Bacum
“Era un contrato abusivo, leonino, donde se nos despojaba de todo nuestro territorio, donde le cedíamos todos los derechos y nos comprometíamos a no estorbarle.”
El 26 de abril del 2016, un juez federal otorgó la suspensión de la obra mediante un amparo solicitado por la comunidad de Loma de Bácum, sin embargo, la empresa continuó con las obras ignorando la orden federal.
La violencia en Lomas de Bácum escaló hasta que el 23 de octubre de 2016 la Guardia Tradicional de Bácum fue atacada por pobladores de otros pueblos quienes tenían la instrucción de imponer otra autoridad tradicional para así obtener la autorización de pasar el gasoducto por esta comunidad.
El ataque tuvo como resultado una persona muerta, y con ello el encarcelamiento de Fidencio Aldama, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum.
Testigos relatan que como parte de su labor como guardia de la comunidad, Fidencio portaba un arma calibre 45, sin embargo el homicidio por el que fue encarcelado se cometió con un arma calibre 22.
“Fidencio es inocente y lo ha querido utilizar el gobierno mexicano como moneda de cambio para el paso del gasoducto.”
En 2020 finalmente se anunció la desviación del gasoducto para no tocar territorio Yaqui, a pesar de ello Fidencio Aldama sigue preso y representantes de la comunidad denuncian qué:
“El gobierno de Andrés Manuel sigue liberando delincuentes y mantiene presos inocentes. El mismo estado mexicano utiliza sus leyes para tratar de castigar a aquellos que se oponen a su sistema”.
Pueblos Cholultecas: la lucha contra el Proyecto Integral Morelos.
En la región ubicada entre el aeropuerto de la ciudad de puebla y el municipio de Cholula se encuentran pueblos nahuas que se han opuesto desde hace décadas a la construcción de megaproyectos.
La batalla inició en 1998 cuando una empresa de nombre Transportadora de Gas Zapata quiso construir sobre su territorio un gasoducto para transportar gas hacia el estado de Morelos.
Los pueblos de San Juan Tlautla y San Lucas Nextetelco se organizaron y lograron desviar el ducto en dos ocasiones para que no pasara por su territorio.
Sin embargo, en 2007, el gobierno de Felipe Calderón retomó la construcción y se apoyó del ejército para resguardar las obras.
El gasoducto construido en esta región forma parte del Proyecto Integral Morelos que contempla la construcción de infraestructura necesaria para desarrollar la industria en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Además, el abasto de gas se pretende alimentar la termoeléctrica de Huexca por la cual fue asesinado el defensor de Amilcingo y miembro del Congreso Nacional Indígena, Samir Flores Soberanes.
Samir Flores pertenecía al grupo de opositores al que AMLO se dirigió en Cuautla, Morelos cuando se manifestaban:
“¡Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores!.”
Diez días después se cometió el cobarde asesinato, sin embargo, Andrés Manuel dijo que la consulta para aprobar el PIM tendría que seguir y que sus opositores habían sido beneficiados por el asesinato para poder culpar a su gobierno.
Lo más grave del caso resulta de los compromisos asumidos por el ahora presidente, el cual durante su campaña, en Yecapixtla Morelos declaró:
“Es una ofensa y un agravio para la tierra de Emiliano Zapata que nos quieran imponer la Termoeléctrica de Huexca, es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero toxico.”
La parte del Proyecto Integral Morelos que comprende a Puebla y específicamente a la comunidad de Santa María Zacatepec ha puesto en grave riesgo a los pobladores, pues a escasos metros se encuentra el socavón de más de 150metros de diámetro que se creó producto de la sobre explotación de agua.
Además a menos de 5 metros del gasoducto se ha construido un estacionamiento para autos de la transnacional Volkswagen.
Los pobladores de estos pueblos comentan que el proyecto está inconcluso y el ducto solamente está construido por tramos, argumentan que por ello no se ha podido a echar a andar la Termoeléctrica de Huexca.
A lo largo del conflicto los pueblos han promovido 20 amparos de los cuales están vigentes dos de suspensión otorgados para las comunidades de Atlixco y Amilcingo.
El Consejo Regional de Pueblos Hidalgo-Puebla
Este proceso se desarrolló en territorio colindante entre la Sierra Norte de Puebla y el estado de Hidalgo. En 2015, los pueblos de esta región notaron la presencia de vehículos de la empresa Bonatti, transnacional italiana y de la Trasportadora de Gas Natural de la Huasteca.
Pobladores de diferentes comunidades realizaron asambleas informativas en la región para alertar del despojo de tierras y los riesgos que traería un ducto de gas bajo sus casas.
Por la labor informativa, los miembros del Consejo Regional de Pueblos, sufrieron amenazas por parte de autoridades, así como condicionamiento de programas.
“Nos decían que no nos involucráramos, que era un proyecto federal de Peña Nieto y que quien se opusiera iba a ir el ejército por él.”
“Si te vemos te vamos a quitar del programa prospera.”
Además de la intimidación, el estado trató de convencer a la población introduciendo a Carmen Álvarez Vázquez, trabajadora de la Secretaría de Energía con la encomienda de realizar la consulta en los pueblos, los pobladores relatan que se presentó como supuesta defensora ambiental y a la vez trató de convencerlos de dejar pasar el gasoducto.
En septiembre de 2017, se promovieron 5 amparos, 4 de ellos para distintos pueblos y uno colectivo que abarcaba varias comunidades de la región en los estados de Puebla e Hidalgo.
A principios de 2018 se otorgó la suspensión definitiva del proyecto y se le prohibió a la empresa pisar el territorio de estas comunidades por haber violentado sus derechos como Pueblos Originarios.
El Consejo Regional de Pueblos sigue laborando y pendiente de cualquier cambien en el estatus del proyecto, para volver a la defensa de su territorio.
San Juan Bautista, Jalisco
La batalla de la comunidad San Juan Bautista inicio en marzo de 2018, cuando pobladores se dieron cuenta que había maquinaria haciendo excavaciones sobre el Camino Real, al cuestionar a los trabajadores, solo respondieron que se realizaría una obra pero no podían dar detalles de ésta.
Al continuar con la investigación, un trabajador mostró papeles donde la empresa realizaba pagos al municipio y este otorgaba permisos para el proyecto, además argumentaban haber pagado a ejidatarios para realizar la obra en sus predios.
Para frenar la obra los pobladores convocaron a asambleas donde como pueblo decidirían si se permitía o no continuar trabajando a la empresa. De parte del gobierno no se realizó una consulta previa, libre e informada, tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La comunidad entregó las firmas recabadas en las asambleas con las cuales se pronunciaban en contra de la obra. La empresa dijo que respetaría la voluntad del pueblo, sin embargo en múltiples ocasiones trataron de mover la obra de lugar con el resguardo de las fuerzas policiales.
La represión escaló en mayo de 2019 cuando la policía estatal detuvo a 4 integrantes del movimiento, Amelia López, Hugo Reyes López, Paul Martínez Facio y Benjamín Cedillo, por cerca de 3 horas el pueblo buscó a sus compañeros en la fiscalía y en las estaciones de policía donde deberían estar.
Para exigir la liberación de los detenidos, pobladores tomaron la presidencia municipal hasta que la policía presentó en Barandilla a las 4 personas y procedió a liberarlos.
Un mes después de las detenciones, la comunidad solicitó un amparo contra la construcción del gasoducto, amparo que fue desechado inmediatamente a pesar de que el proyecto no cumplía con la consulta previa, y a pesar de las detenciones y la inconformidad social.
Actualmente existen 6 carpetas de investigación contra los defensores de San Juan Bautista. La construcción del gasoducto llegó a su término pero no se sabe si está en funcionamiento, incluso comentas los pobladores que no se han tapado las excavaciones y se han formado socavones a lo largo del trazo del ducto, lo que pone en grave riesgo a la población.
El panorama actual
El sistema de gasoductos se promovió en el sexenio de Peña Nieto con la Reforma Energética, Andrés Manuel López Obrador intentó derogar dicha reforma e incluso organizó manifestaciones en su contra, ahora en el poder se ha comprometido a concretar los gasoductos.
Dentro del discurso del presidente, se ha prometido respetar territorios sagrados y consultar a los pueblos para cambiar el trazo de los gasoductos y ha reconocido la persecución se defensores ambientales por gobiernos pasados. Sin embargo en el sexenio de Andrés Manuel, México se convirtió en el segundo país más peligroso del mundo para defensores ambientales según Global Witness.
La construcción del Proyecto Integral Morelos está marcado con la sangre del defensor indígena Samir Flores Soberanes, a pesar de ello el presidente ha declarado que se procederá con la construcción del gasoducto porque obtuvo la aprobación del 59% de las comunidades afectadas.
En el norte, Fidencio Aldama, perteneciente a la tribu Yaqui ha sido condenado a 15 años y 6 meses de prisión como castigo por oponerse al gasoducto.
En Jalisco son 6 las carpetas de investigación contra defensores de San Juan Bautista.
Como elemento central de estos conflictos, se ha posicionado el nuevo decreto presidencial que anula las leyes de consulta y respeto al territorio de los pueblos originarios.
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